La política oficial de hermetismo en torno a las exportaciones de armamento hunde sus raíces en una ley franquista y, entre otras cosas, busca evitar que fracasen los negocios con el régimen saudí, responsable de los ataques contra la población civil en Yemen desde 2015. Así lo ha confirmado la Abogacía del Estado en un informe elevado a los tribunales en respuesta a un recurso presentado por la organización ecologista y pacifista Greenpeace, que buscaba precisamente poner fin a ese silencio.

En el documento remitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al que ha tenido acceso Público, la representación legal del Estado apela, por un lado, al acuerdo adoptado por el Gobierno de Felipe González en marzo de 1987, que "declaró 'materia clasificada' con la calificación de secreto las actas de la JIMDDU", en alusión a la Junta Interministerial que analiza las solicitudes de exportación de armamento. El Ejecutivo de González se amparó entonces en la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, vigente a día de hoy.

El recurso formulado por Greenpeace ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid buscaba precisamente arrojar luz ante esas trabas. Apelaba en tal sentido a la "vulneración del derecho a la libertad de expresión tras la denegación de dos peticiones de información relativas a la autorización del Gobierno de España de operaciones de exportación de armas a países involucrados en conflictos armados".

En respuesta a esa demanda, la Abogacía del Estado invoca aspectos de "seguridad nacional", remarcando que "las reservas militares de cada nación se consideran un Secreto de Estado", por lo que "si España procediese a facilitar el listado de productos adquiridos por Arabia Saudí para este fin, existiría un evidente riesgo de provocar un conflicto internacional, con un operador clave en Oriente Medio, a lo que se le une la desconfianza que se generaría en la comunidad internacional ante la difusión de información sensible para la seguridad interna e internacional de terceros países por parte de España, de manera oficial".

La representación legal del Estado sostiene además que el acceso a esa documentación "pondría en peligro tanto los intereses económicos y comerciales de España, como los de la entidad exportadora". Para ello, la defensa legal de la administración aportó al tribunal un informe especialmente elaborado para esta ocasión por la Secretaría de Estado de Comercio, en el que se indica que Arabia Saudí "es el primer socio comercial de España en Oriente Próximo, el segundo inversor árabe en España y el segundo destino de las inversiones españolas en el mundo árabe".

"Las relaciones diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí descansan en un principio de confianza mutua que abarca de forma integral todos los ámbitos de la relación, sin poder hacer departamentos estancos de ninguno de ellos", destaca la Abogada del Estado en su documento, en el que indica además que "la publicidad de los detalles de las operaciones comerciales en materia de armamento (especialmente el destinatario concreto y su uso específico), sujetas a la confidencialidad antes aludida supondría una pérdida de confianza hacia España como socio comercial, que forzosamente se resentiría en las relaciones bilaterales entre ambos países".

También apela a los "intereses económicos y comerciales" de las empresas españolas exportadoras de armamento, remarcando que el acceso a la información sobre las ventas a Arabia Saudí "dañaría la posición competitiva de la entidad solicitante de la licencia, debilitaría su posición en el mercado y produciría un perjuicio económico al revelar y hacer accesibles conocimientos exclusivos de carácter técnico o comercial de la empresa amparada por el secreto empresarial".

"Ejercicio abusivo"

Ante las afirmaciones contenidas en este documento, la abogada de Greenpeace a cargo de este recurso, Lorena Ruiz-Huerta indicó a Público que "el objetivo fundamental del Gobierno es proteger la actividad comercial de la empresa exportadora de armas, así como los intereses económicos y comerciales de España". "Es increíble que en este momento, que tenemos el Gobierno más progresista de la historia de este país, la Abogacía del Estado ponga un negocio por encima del derecho fundamental a la vida de millones de personas en Yemen". 

En ese contexto, remarcó que "existe un grave problema en el abusivo ejercicio del secreto de Estado, y no solo porque con ello se interfiera en la transparencia en la gestión de los asuntos públicos por el Gobierno, sino por la posibilidad de amparo de conductas delictivas bajo el férreo manto que proporciona el secreto de Estado". "De este modo, el problema no reside en la existencia del secreto como tal, sino en que cualquier cosa sea considerada como secreto por el Gobierno, de modo que la espiral del secreto y la mentira devienen en una monstruosidad jurídica intolerable", subrayó. 

La tramitación del recurso de Greenpeace en los tribunales está ahora a la espera de otro punto: la contestación de la empresa madrileña NTGS, exportadora de morteros Alakran a Arabia Saudí. Cuando se produzca su respuesta, el tribunal tendrá ya todos los elementos para dictar sentencia.

"La antigua Roma y Grecia"

Según ha podido confirmar Público, la Fiscalía ya se ha pronunciado al respecto. Al igual que la Abogacía del Estado, el Ministerio Público defiende en su escrito que resulta imposible acceder a los datos solicitados por Greenpeace debido a que los mismos forman parte de las materias calificadas como secretas por el Gobierno de Felipe González en 1987. Asimismo, la Fiscalía echa la vista atrás para remarcar que la "reserva y ocultación de información por parte del Estado se producía ya en la antigua Roma y Grecia".