El PP extremeño, liderado por José Antonio Monago, va a registrar en el Parlamento regional una propuesta de pronunciamiento en la que insta al Gobierno central a aprobar una ley antisoborno con nueve puntos para combatir la corrupción en España, entre ellos, ampliar la pena hasta con 10 años de cárcel.

Este anuncio ha sido realizado por la vicepresidenta del Ejecutivo extremeño, Cristina Teniente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha indicado que esta propuesta de ley supone dar 'un paso más allá del Código Penal que ya tipifica el delito de cohecho' y que la misma es 'totalmente compatible' con la normativa vigente e iniciativas en desarrollo.

Por su parte, la vicepresidenta del Partido Popular de Madrid , Esperanza Aguirre, ha diferido hoy de las palabras de la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, sobre que esta fuerza política ha hecho todo lo que podía hacer frente a la corrupción, y ha señalado que aún hay 'muchas medidas' que se pueden tomar.

Aguirre ha señalado que es necesario tomar medidas, como acortar los procedimientos judiciales en los casos de corrupción, cambiar la ley de contratos, someter a audiencias públicas a los políticos que vayan a ocupar un cargo, hacer transparentes las donaciones a los partidos o hacer que los que roban dinero lo devuelvan, entre otras.

Otro de los puntos que contemplaría esta normativa porpuesta por Monago sería que la financiación ilegal de partidos políticos, patronal, sindicatos, asociaciones o fundaciones se tipifique como soborno y se incluya en el Código Penal también con penas de hasta 10 años para los responsables.

Además, desde el PP extremeño abogan por que sea obligatoria la expulsión inmediata de los acusados de soborno en los partidos políticos, patronal y sindicatos; y por la anulación de los contratos o subvenciones públicas en la parte afectada por el delito cuando el soborno sea declarado por sentencia firme.

También entienden que debería ampliarse el plazo de prescripción del soborno de los cinco años actuales a 10; y que los condenados por corrupción deben responder patrimonialmente con sus bienes personales hasta devolver la cantidad afectada por el soborno.

Esta propuesta se completa con el diseño de un plan antisoborno por parte de todas las instituciones públicas, partidos políticos, patronal, sindicatos, asociaciones, fundaciones, entes, organismos, sector público y sector privado, así como de un órgano o departamento especializado de su seguimiento, control y evaluación.

En el documento del PP regional se detalla que todas las entidades anteriormente citadas deberán firmar una 'declaración responsable' comprometiéndose con la ley; y las mismas asumirán de igual forma la responsabilidad del delito si se demuestra que no han llevado a cabo los controles necesarios para evitarlo.

El PP extremeño registrará a lo largo de esta mañana la propuesta en el Parlamento autonómico y en las próximas semanas el Gobierno de Extremadura presentará su propia política interna antisoborno que, según ha destacado Teniente, será también 'pionera' en el país.

La vicepresidenta ha manifestado que esperan alcanzar un acuerdo con el conjunto de las fuerzas parlamentarias en la región en un asunto 'esencial', y ha manifestado que el desarrollo de la citada ley antisoborno debe ir acompañada de una mayor dotación de medios y recursos del poder judicial para ganar celeridad en las causas.

Con esta norma, ha continuado, se dota al país de instrumentos con los que ya cuentan los países más avanzados y la misma persigue 'limpiar a España de la corrupción desde la raíz, caiga quien caiga'.

Cuestionada por la petición de algunos barones del PP de una mayor contundencia ante los casos de corrupción sin descartar la celebración de un congreso extraordinario, ha señalado que 'los ciudadanos no quieren saber nada de congresos, quieren saber de respuestas legislativas y administrativas para luchar contra esta lacra'