El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha prorrogado hasta el próximo viernes el plazo de presentación de enmiendas parciales a la una reforma parcial de la Ley del Poder Judicial sobra racionalización del sector público donde el Gobierno y el PP barajan incluir las modificaciones legales necesarias para garantizar el aforamiento de los reyes Juan Carlos y Sofía una vez que sea proclamado Felipe VI.

La idea es aprovechar una ley orgánica en trámite parlamentario, que permitiría resolver en pocas semanas el privilegio de aforamiento de Juan Carlos I una vez que sea efectiva su abdicación. Esto es, que sea juzgado por el Tribunal Supremo en caso de querella penal o demanda civil.

El plan es utilizar la cuarta reforma parcial que realiza el Gobierno del PP de la Ley del Poder Judicial. Está centrada en el régimen laboral y de permisos de jueces, fiscales y funcionarios. Y es conocida como Ley orgánica complementaria de la Ley de Racionalización del sector público.

La Cámara Baja aprovechará esta reforma para incluir un breve texto que modifica tres artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para así aforar al rey y su esposa.

La extensa Ley del Poder Judicial es la norma que regula la administración de justicia en España y en donde se contemplan los aforamientos, un privilegio destinado a proteger a las autoridades en el ejercicio de su cargo.

El Congreso aprovecha una reforma parcial de esta ley que está ahora en trámite. El plazo de enmiendas finalizaba este martes, pero ahora se ha prorrogado hasta el viernes. Justo al día siguiente de la proclamación de Felipe VI como nuevo rey de España.

Una vez que se presenten las enmiendas, el texto pasará por ponencia, Comisión de Justicia y Pleno del Congreso, donde se requiere mayoría absoluta dado su rango orgánico. Después se remitiría al Senado y, si no es retocada, podría salir adelante de forma inmediata para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fuentes gubernamentales citada por Europa Press consideran esta reforma en trámite es una oportunidad idónea, ya que la LOPJ contempla los aforamientos de las altas autoridades ante el Tribunal Supremo, como son los diputados, senadores y ministros. Por lo tanto, se aprovecha esta 'ventana' y ya no sería necesario incluir este asunto en una norma ajena.

De esta manera se sortea también su inclusión en la gran reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ya incluía aforamiento de la reina y de los príncipes de Asturias en el Supremo.

Este Anteproyecto de Ley está en trámite de información en el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. Pero, si se hubiera esperado, el aforamiento del rey se hubiera demorado varios meses, tantos como el tiempo que hay que esperar en una correcta tramitación de una reforma de ley orgánica.

En España hay más de 10.000 aforados, entre diputados, senadores, ministros y jueces y fiscales. Estos últimos son los más numerosos y están aforados en razón del ejercicio de su trabajo tanto en los Tribunales Superiores de Justicia como por el Supremo, en este último caso sólo para quienes ejercen en la Audiencia Nacional y en el alto tribunal. 

En el Congreso se considera que no parece razonable que no goce de tal protección jurídica quien ha ocupado la jefatura del Estado, dado el alcance de esta protección. El propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, lo ha considerado razonable y la mayoría absoluta del PP es suficiente para sacarla adelante.

Las fuentes consultadas han asegurado que se quiere tomar una decisión que cuente con el consenso de otras fuerzas parlamentarias y que se quiere evitar una nueva polémica sobre la forma en que se aprueba el aforamiento del rey.

Por este motivo, la iniciativa se introducirá en cualquier caso en el Congreso y no en el Senado, donde han sido varias las polémicas registradas a cuenta de que el Gobierno aprovecha normas en tramitación para incluir medidas que nada tenían que ver con la norma y eran incongruentes. Además, introducir una enmienda en el Senado impide su debate en el Congreso.

Por otro lado, el Gobierno sigue trabajando en el real decreto con el que se aclarará el tratamiento futuro que recibirá Juan Carlos de Borbón, que previsiblemente será aprobado por el Consejo de Ministros esta semana, el mismo viernes día 20.