La familia de José Couso, el cámara de Telecinco asesinado en Bagdad en 2003 por un ataque del Ejército de EEUU contra el hotel Palestina donde se encontraban concentrados los periodistas, ha asegurado que llegará hasta el Tribunal Constitucional o, si fuera necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en caso de que se apruebe la reforma propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy para limitar la jurisdicción universal de los tribunales españoles.

Según denunció ayer el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, el Ejecutivo está siguiendo una estrategia un tanto peculiar para conseguir que la ley se modifique por la vía rápida. En lugar de haber sido el Ministerio de Justicia el que encabece la iniciativa, ha sido el Grupo Popular en el Congreso el que ha propuesto remodelar la legislación sobre la jurisdicción universal, lo que implicaría que la reforma no pase por el Consejo de Ministros y que en menos de dos meses se hubiera aprobado.

Es llamativo también que el PP presentara esta propuesta el 20 de enero, justo una semana después de la visita de Rajoy a EEUU, desoyendo las denuncias del juez Santiago Pedraz sobre la falta de colaboración de las autoridades estadounidenses. En cualquier caso, el presidente del Gobierno tenía muy claro de antemano que no iba a incomodar a la Casa Blanca por el caso Couso, tal y como confirmaron a Público fuentes de Moncloa antes del viaje. 

Este martes, en un comunicado, la familia ha asegurado que no dudará en recurrir al Constitucional o a Estrasburgo si el PP sigue haciendo oídos sordos a sus denuncias. 'Los militares estadounidenses que mataron al cámara español José Couso podrían quedar libres de toda culpa de aprobarse la proposición ley presentada por el Partido Popular, que recorta, hasta prácticamente hacer desparecer, la jurisdicción universal [...] Los jueces deben poder actuar de forma independiente. Cambiar la ley para que las sentencias se ajusten a los deseos del Gobierno hace que la separación de poderes, propia de un Estado de Derecho, quede en entredicho', ha indicado la familia, que considera que la reforma es 'de una enorme gravedad' porque lanza el mensaje de que 'asesinar españoles sale gratis'.

Para la familia de Couso, la reforma propuesta por el PP vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva al establecer que los jueces españoles solo serán competentes para investigar delitos cuando 'el procedimiento se dirija contra un español o un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas'.

Los imputados por Pedraz, que es el instructor del caso, son ciudadanos estadounidenses que no están en España, por lo que no se permitiría continuar con la investigación y los responsables de la muerte del cámara, actualmente imputados, 'pasarían de un plumazo a ser intocables'. La familia ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, para que no voten a favor de una reforma que, a su juicio, 'sólo busca evitar que determinados actos criminales, como el asesinato de José Couso, queden impunes' y aleja a España 'de los principios fundamentales del derecho internacional, que proscribe la impunidad en materia de crímenes contra la humanidad'.

Llamazares coincide con ese punto de vista y ayer recordó, en una pregunta parlamentaria que 'pese a que España fue pionera en el ejercicio de la jurisdicción universal, en 2009, el PSOE y el PP pactaron para debilitar la justicia universal para evitar roces diplomáticos con Israel por la imputación de los responsables de un bombardeo en Gaza y con EEUU por el asesinato del cámara José Couso en Irak'. Para el diputado por Asturias, 'también entonces lo hicieron por la puerta de atrás, presentando una enmienda a la ley de creación de la Oficina Judicial, que tramitaba el Congreso. Ahora el PP, con mayoría absoluta, ni siquiera ha buscado la complicidad del PSOE. La reforma de 2009, aún en vigor, dejaba una puerta abierta a la Audiencia Nacional para investigar crímenes en el extranjero cuando sus presuntos responsables estuviesen en España, hubiera víctimas españolas o existiese “algún vínculo de conexión relevante con España”. Es esa puerta la que se quiere cerrar, eliminando cualquier ambigüedad'.

La reforma de la jurisdicción universal no sólo afectaría al caso Couso, sino que, como expresó Llamazares, también pondría en entredicho causas como la muerte de Carmelo Soria por la dictadura de Pinochet, el genocidio del pueblo saharaui, el asesinato de Ignacio Ellacuría en El Salvador, el asalto a la embajada de España en Guatemala, el genocidio nazi en Mauthausen ─donde estuvieron confinados más de 7.000 españoles, de los que murieron más de 4.300─, la persecución de Falung Gong, el genocidio de Ruanda, el ataque a la flotilla de la libertad de Gaza, la matanza de refugiados iraníes en Irak  o las torturas en la cárcel de Guantánamo. 

Pregunta parlamentaria de Gaspar Llamazares sobre la reforma de la jurisdicción universal by publico2013