Reducir el abandono escolar temprano desde un 26,5% a un 15%. Ese es el objetivo que, siguiendo las directrices europeas, debe cumplir el Gobierno español para el año 2020. Y esa cifra es, precisamente, la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy prometió conseguir a la Unión Europea (UE) el pasado martes, cuando presentó ante Bruselas el Programa Nacional de Reformas del Reino de España 2013 [ver pdf aquí].

El documento da por hecho los beneficios que supondrá la aprobación de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), propuesta por el ministro José Ignacio Wert, en la consecución de dicho propósito, a pesar de que los directores de institutos públicos advirtieron al titular de Educación de que las reválidas que impondrá la reforma al final de cada etapa sólo provocarán el aumento del fracaso escolar.  Pero, es más, el Gobierno considera que, con seguridad, tanto el Congreso como el Senado darán luz verde a la nueva normativa, a pesar de que aún es un proyecto en pleno proceso de tramitación. 'Esta futura reforma, que empezará a aplicarse durante el curso 2014-2015, tiene como principal objetivo la reducción de la tasa de abandono educativo temprano hasta el 15% en 2020', reza el documento. Lo que no dice el Gobierno ante Bruselas, en cambio, es el coste que tendrá la implantación de la Lomce para las arcas españolas: 408 millones de euros.

Al margen de la ya conocida como Ley Wert, el Ejecutivo presume de las medidas que ya se han llevado a cabo para contribuir al ahorro del Estado y también al objetivo citado. 'En la política de educación los ajustes que se han realizado se concentran en mejorar la eficiencia de los recursos materiales y humanos, al mismo tiempo que se han iniciado reformas de carácter estructural que persiguen mejorar la calidad educativa y la excelencia académica', cita el plan de reformas. 

Lo que no cuenta España ante la UE es que considera como 'eficiencia de recursos humanos' el gran número de docentes que se han quedado en paro desde que comenzaron los recortes de Wert. Aunque no existen cifras oficiales (el Gobierno no lo ha contabilizado), los sindicatos aseguran que 62.000 trabajadores han sido despedidos, y eso sin haber podido recoger los datos de Euskadi y Catalunya. El secretario general de FE-CCOO, Francisco García, aseguró, el pasado 7 de abril, que 'la reducción media y a nivel estatal en un 11,5% de los gastos de personal en 2013 y el recorte de 2.600 millones de euros se ha traducido en la práctica desaparición de 62.000 efectivos'. 'A todo ello se suma el empeoramiento de las condiciones de trabajo del profesorado en todos los niveles educativos', apostilló entonces. Además, el nuevo Bachillerato previsto en la Lomce elimina horas de docencia que hoy en día imparten 2.530 profesores. Aunque el departamento de Wert asegura que esta cuestión no supondrá el despido de profesionales, la realidad hace prever que esta promesa no se vaya a cumplir.

En un informe anterior de CCOO, publicado en septiembre del año pasado, la organización sindical estimaba que en el curso 2012-2013 habría 20.000 profesores menos que en el 2011-2012. Según esta misma fuente, las comunidades más afectadas serían Andalucía y Madrid. De hecho, en otro análisis realizado por UGT se pone de manifiesto que, en los últimos cuatro años (la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre comenzó a recortar en Educación antes de que lo hiciera Wert), la escuela pública ha perdido el 14% de profesores, mientras ha visto aumentar el alumnado en un 17,18%. A nivel nacional, este mismo sindicato estimaba en 36.000 la pérdida de docentes para este curso. 

En Madrid, además, la marea verde ha convocado una huelga continuada que comenzará después del 9 de mayo, día de huelga general de toda la comunidad educativa en todo el país. ¿El motivo? Los profesores de la comunidad aseguran que la consejera Lucía Figar esconde una privatización tras la nueva regulación de listas de interinos anunciada por su departamento, con el consecuente despido de personal público.

El Ejecutivo prevé destinar 60 millones de euros al Plan de Refuerzo, pero el número de interinos que se encargaban de las clases de apoyo ha disminuido

Sin embargo, a pesar de las denuncias de los docentes -que aseguran que el tijeretazo en personal ha supuesto la eliminación de clases de atención a la diversidad, entre otras cuestiones-, el Ejecutivo promete destinar 60 millones de euros al Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA).

Otros 40 millones de euros se destinarán, según el Programa de Reformas, al Plan para la disminución del abandono escolar tremprano, que incluye 'medidas de sensibilización', preventivas, y otras dirigidas a 'recuperar el alumnado que ha abandonado el sistema'.

En este sentido, el Gobierno asegura haber tomado medidas ya en 2012. 'Se han puesto en marcha dos planes de actuación específicos: uno dirigido con carácter general a la prevención del abandono escolar y a promover el retorno al sistema educativo; y otro dirigido a atender a las necesidades educativas asociadas al entorno sociocultural que tienen incidencia en el abandono escolar', presume.  

Una de estas reformas se refiere a la aprobación de un nuevo sistema de Formación Profesional denominado FP Dual, que vincula más la educación a las empresas con el fin de que se mejoren las cifras de paro juvenil y los trabajadores sin cualificación puedan volver a entrar en el sistema. Los sindicatos, sin embargo, denunciaron que este nuevo modelo sólo generará mano da obra barata, al más puro estilo de los minijobs alemanes.