Hubo un día en el que E.L.G. temió por su vida. Ocurrió en enero de 2013 en Córdoba y acabó en el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, que casi siete años después condenó a España por los "tratos crueles, inhumanos o degradantes" sufridos por esta cordobesa tras ser detenida por la Policía Nacional. Su caso forma parte del listado siempre inconcluso de denuncias de torturas contra funcionarios policiales. 

De acuerdo a las cifras ofrecidas en las estadísticas anuales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 2013 y 2019 se registraron 448 condenas por el delito de tortura, aplicable –según el artículo 174 del Código Penal– a "la autoridad o funcionario público" que, "abusando de su cargo", provocase a otra persona "sufrimientos físicos o mentales" que "atenten contra su integridad moral". Las penas van de uno a seis años de prisión, además de ocho a 12 años de inhabilitación absoluta.

El último informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a cargo del Defensor del Pueblo señala que en 2019 había diez funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en prisión –nueve en cárceles del Estado y uno en Catalunya– por torturas o malos tratos, mientras que se contabilizaban otros cuatro por "agresión con lesiones" y tres por "amenazas, coacciones, injurias, vejaciones, etcétera". 

"A pesar de la posición oficial y machacona de que en el Estado español la tortura no existe o es anecdótica, los datos muestran todo lo contrario", sostiene por su parte Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación contra la Tortura. Precisamente, este activista destaca que "los colectivos de derechos humanos siguen recibiendo denuncias y alegaciones por agresiones a personas detenidas mientras se encuentran en dependencias policiales". 

Del Cura destacó que "la mayoría de las denuncias por agresiones policiales se refieren a actos cometidos en la calle, durante una identificación policial, en el momento de la detención –incluso sin que posteriormente la persona agredida sea detenida– o durante su traslado a comisaría o cuartel". En ese contexto, fuentes del Ministerio del Interior señalaron a Público que no hay cifras disponibles sobre el número de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que recibieron condenas por torturas. 

Las denuncias sobre este tipo de casos superan las fronteras de España y llegan hasta Estrasburgo: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España en 11 ocasiones por no investigar debidamente ese tipo de denuncias. La última sentencia se hizo pública en enero pasado: entonces se supo que España tendrá que indemnizar con 20.000 euros a Iñigo González Etayo, un joven vasco que denunció torturas tras ser detenido en una redada de la Guardia Civil en 2011. 

"No se investiga suficientemente por parte de los propios Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la administración no hace lo necesario para controlarlo y los procedimientos judiciales no están sirviendo para depurar responsabilidades", resume Valentín Aguilar, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), una entidad que realiza seguimientos de este tipo de casos. 

"Falta de voluntad"

En la base de datos del Congreso existen algunas respuestas recientes de Interior sobre este asunto, aunque con cifras a veces contradictorias. En una respuesta en mayo de 2020 al senador de Compromís Carles Mulet, el Gobierno enumeraba 118 expedientes "por denuncias de supuestas torturas en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía" entre el 1 de enero de 2009 y el 22 de mayo del año pasado. 

Cuatro meses después, Interior remitió una respuesta escrita al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que también había preguntado por ese tema. La cifra de expedientes abiertos desde 2009 por "supuestas torturas" se redujo entonces considerablemente: en ese documento solo se contabilizan 22 casos, o lo que es lo mismo, 96 menos que en la respuesta dada a Mulet.

Del Cura considera que esas contradicciones "son una muestra de la falta de voluntad política para poner fin a esta situación". "Esa confusión y esa falta de datos fiables permiten mantener la ilusión de que en España la tortura y los malos tratos son cosas del pasado, a tiempo que potencia la impunidad de estas actuaciones: si no se reconoce que hay un problema, nunca se intentará solucionarlo o erradicarlo", remarcó. 

Denuncias en las cárceles

En la respuesta dada a Iñarritu, Interior recogía también el "número de procedimientos abiertos por malos tratos por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias" entre 2015 y 2019. La suma de los datos allí reflejados arroja un total de 504 casos en ese periodo. Destaca la prisión de Castellón II, con 43 procedimientos, seguida de la cárcel madrileña de Estremera con 41 y la andaluza Puerto III con 39.

En el caso de Catalunya, que cuenta con la competencia de Prisiones transferida, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo señala en su último informe que entre 2018 y 2019 se recibieron 58 quejas por torturas o malos tratos. El centro penitenciario Brians II registró en ese periodo 24 quejas, mientras que en Brians I hubo otras 18.