Los datos oficiales reflejan que 3,2 millones de personas estaban en riesgo de pobreza y/o exclusión social en Andalucía en el año 2023, cifra superior a la registrada el año anterior. Esto supone que unas 174.000 personas más han entrado en este indicador, que marca la conocida como tasa AROPE, según indicó este martes la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A). 

Esto supone nada menos que el 37,5% de la población de Andalucía están en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año 2023. La cifra es 1,7 puntos porcentuales superior a la registrada en 2020. La tasa AROPE es, según la definición de la EAPN-A, "un indicador de vulnerabilidad grave que mide la capacidad para disponer de 13 elementos de consumo y de relación social considerados necesarios en la sociedad europea para mantener una adecuada calidad de vida".

"Como en años anteriores, Andalucía continúa soportando tasas muy elevadas de riesgo de pobreza y/o exclusión social, siempre muy por encima de la media nacional y en las posiciones más altas", según recoge en un comunicado la EAPN-A, que agrupa a colectivos y ONG y que ha presentado este martes su XIV Informe sobre El Estado de la Pobreza en Andalucía. Seguimiento de los indicadores
de la Agenda 2030 UE 2015 – 2023.

"El deterioro de los principales indicadores de pobreza y, especialmente, los vinculados a la carencia material y social severa muestran los efectos de las sucesivas crisis y el encarecimiento de la vida derivado de la inflación y del elevado coste de la vivienda", explican los técnicos de la Red en el comunicado.

Un pacto andaluz

EAPN destaca además que "el componente de privación material y social severa (en siglas, PMSS) de la tasa AROPE crece en Andalucía 1,3 puntos porcentuales respecto al 2022". Así, "un 12,6% de la población en Andalucía se encuentran en situación de privación material social severa, lo que en términos absolutos se traduce en unas 1.081.748 personas". De nuevo, Andalucía es en este ámbito la Comunidad Autónoma peor situada. 

Con este panorama, EAPN Andalucía reclamó "la necesaria puesta en marcha de un Pacto Andaluz de Lucha contra la Pobreza, que cuente con el consenso de los diversos grupos con representación parlamentaria y de todos los niveles competenciales".

"La acción protectora del Estado —analiza la ONG— resulta imprescindible para reducir las tasas de pobreza: las políticas impulsadas frente a las últimas crisis han supuesto una vía de contención demostrando que, en materia de derechos sociales y en calidad de vida, no cabe margen de retroceso a ningún nivel competencial. El mero crecimiento del PIB no es suficiente para reducir la pobreza y garantizar una mejora de las condiciones de vida de las personas: es necesario aplicar políticas redistributivas intensas".