Al menos otros 36 presos etarras han solicitado a la Audiencia Nacional ser liberados de inmediato en aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, que declaró que España debía indemnizar a la miembro del 'comando Madrid' Inés del Río por aplicarle la 'doctrina Parot' con carácter retroactivo, según informaron fuentes jurídicas.

El Pleno de la Sala de lo Penal, que se reunirá el próximo viernes a partir de las 9.15 horas, analizará la fecha de licenciamiento de los etarras Josefa Mercedes Ernaga y Juan Manuel Piriz López y qué procedimiento sigue para tramitar todas las peticiones de revisión de sentencias ejecutorias que han solicitado el resto de etarras.

Las citadas fuentes indicaron que los 17 magistrados que integran este órgano, el más alto jerárquicamente de la Sala de lo Penal, decidirán sobre el fondo del asunto de Ernaga y Piriz López y la forma en que se resolverán el resto de peticiones, que podrían ser estudiadas por el propio Pleno o cada una de las cuatro secciones de la Sala de lo Penal que fijaron su salida de la cárcel.

En el caso de Ernaga y Piriz López, los magistrados de la Audiencia Nacional no han solicitado a la Fiscalía que informe sobre la procedencia de poner en libertad a los dos miembros ETA, dado que la revisión de sus casos se realizará en un Pleno ordinario, informaron fuentes fiscales.

El Ministerio Público ya se opuso a las excarcelaciones de Ernaga y Piriz López

Estas fuentes han puesto de manifiesto que el Ministerio Público ya se opuso a sus excarcelaciones tras el primer recurso de sus defensas y han destacado que, según el cómputo de condenas que manejan sin la extensión de pena que le supondría la aplicación de la 'doctrina Parot', Ernaga no quedaría en libertad hasta el 17 de diciembre de 2014.

Ernaga fue miembro del 'comando Barcelona' de ETA y acumula más de 900 años de cárcel por el atentado contra el Hipercor de Barcelona de junio de 1987, en el que murieron 21 personas. Piriz López, por su parte, fue condenado por el asesinato, el 4 de febrero de 1984, del exmilitante de ETA Miguel Francisco Solaun Angulo.

Antes de la sentencia de Del Río, la Audiencia Nacional tenía una treintena de recursos de presos de la banda y de una integrante de una organización de narcotráfico que quedaron paralizados a la espera de la firmeza de esta resolución. Los abogados de la exmiembro del 'comando Madrid', además, tienen previsto reclamar la salida de la cárcel de otros 55 presos de ETA a los que se aplicó la 'doctrina Parot'.

Del Río abandonó este martes la prisión de Teixeiro (A Coruña) después de que el Pleno de la Sala de lo Penal ordenara por unanimidad su excarcelación, que fue condenada a 3.828 años de cárcel por su actividad como miembro del 'comando Madrid' de ETA, en el que cometió un total de 24 asesinatos. Además, bloqueó la indemnización de 30.000 euros que le concedió el Tribunal de Estrasburgo para destinarla a sus víctimas.

Por su parte, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene previsto fijar en los próximos días la fecha de celebración de un Pleno donde se estudiará el primer caso que tienen pendiente de un etarra, Ignacio Pujana, a quien la Audiencia Nacional aplicó la 'doctrina Parot' y que ahora se ha visto afectado por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que considera que esta doctrina vulnera la convención europea de Derechos Humanos.

Fuentes del alto tribunal han señalado que, previsiblemente, la Sala establecerá en esta reunión los criterios a adoptar a partir de la sentencia de Estrasburgo que afectarán a Pujana y a otros cinco casos que tiene pendiente resolver este órgano sobre el mismo asunto.

Por lo que se refiere a Pujana, forma parte del grupo de presos de la banda a los que el Tribunal Constitucional rechazó adelantar su fecha de excarcelación porque no habían agotado la vía judicial previa al no acudir a casación, e ir directamente al órgano de garantías obviando al Supremo.

La sentencia del TC inadmitió la demanda de amparo promovida por Pujana Alberdi contra las resoluciones que acordaban fijar como fecha de su licenciamiento definitivo el 28 de junio de 2021. Después de presentar su recurso ante el alto tribunal, se adelantó la liquidación de su condena hasta el 4 de abril de 2018.

La Audiencia Nacional aplicó al etarra la 'doctrina Parot' establecida por el Tribunal Supremo en el 2006 para contabilizar los beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas y no sobre el máximo cumplimiento de la condena.

La sentencia del Constitucional, de la que fue ponente el magistrado Manuel Aragón Reyes, contó con el visto bueno de la Fiscalía al alegar que Pujana no agotó todos los medios de impugnación previstos por la ley antes de pedir amparo ante el TC, un requisito que constituyó un 'elemento esencial'.

Explicó que el demandante impugnó la providencia del 16 de febrero de 2009 dictada por la Audiencia Nacional en la que le aplicó la llamada doctrina Parot y añadió que no hizo uso del recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Supremo.

Pujana Alberdi, participó entre los años 1983 y 1984 en el comando Tontorramendi de ETA, fue juzgado en la Audiencia Nacional en marzo de 1993, acusado entre otros delitos del asesinato del industrial Ramiro Salazar cometido el 23 de julio de 1983.

Entre otros hechos, el fiscal le imputó la colocación de artefactos explosivos en tres entidades bancarias de Vizcaya, y de herir a un vigilante jurado de un banco cuando pretendian cometer un atraco. También se le implicó en un en un atentado cometido contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de la localidad de Durango el 31 de marzo de 1984. Pujardi cumplió condena en Francia y fue extraditado el 7 de diciembre de 1991.

En lo que respecta al Constitucional, por el momento tiene pendientes de resolver 23 recursos de amparo contra la 'doctrina Parot'. De ellos, 17 están pendientes de sentencia, mientras que los seis restantes aún tienen que ser o no admitidos a trámite.

La gran mayoría de los recursos de este órgano son de presos de ETA, un total de 22, mientras que el restante ha sido presentado por un preso común en Valencia.

El tribunal de garantías ha expresado hasta el momento su cautela respecto cuál será la mecánica de trabajo una vez conozcan en su totalidad la sentencia del TEDH, y tampoco se ha hablado aún de Pleno, que debería ser convocado por su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, han informado a Europa Press fuentes de este órgano.