Unas 3.000 personas encausadas por el 'procés' se quedan fuera del alcance de los indultos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablaba este lunes a favor de los indultos en un acto en el Liceu de Barcelona, el mismo día que ocho ex altos cargos de la Generalitat eran citados ante el juez por la organización del 1-O. Los miembros del Govern, que siguieron la comparecencia de sus compañeros ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, no alteraron sus agendas y plantaron a Sánchez.

Ya habían advertido de que la única manera de solucionar el conflicto político entre Catalunya y España era la amnistía de presos y exiliados y poner fin a todas las causas judiciales abiertas. "Los indultos son una respuesta parcial y personal que no resuelve, en absoluto, la causa general contra el independentismo", aseguran fuentes de Esquerra Republicana a Público. En total, son unas 3.000 personas las afectadas por las diferentes causas abiertas en torno al procés.

Desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental son los delitos que pesan sobre la mayoría de investigados, procesados y condenados que han sustentado cargos públicos durante el referéndum del 1-O. Sin olvidar la amenaza siempre presente del delito de sedición.

El principal exponente de la represión que quedará al margen de los indultos son los exiliados: el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, que residen en Bélgica, y la secretaria general de ERC, Marta Vilalta, y la diputada de la CUP, Anna Gabriel, que residen en Suiza.

Los seis exiliados son la imagen más visible de la fuerte represión judicial que quedará fuera de los indultos

Según datos de Òmnium Cultural, hay 44 cargos condenados (además de los seis exiliados) por el 1-O; otros 56 los investigados por el Tribunal de Cuentas por la misma razón y por, supuestamente, defender la causa soberanista en el exterior y con dinero público; unos 18 investigados por las webs que promovieron el referéndum; también 18 docentes por implicarse en las votaciones; y 712 alcaldes catalanes por permitir y colaborar con la organización del referéndum del 1-O. El primero de ellos en ser inhabilitado ha sido el de Agramunt, Bernat Solé, cuándo ya era conseller d'Acció Exterior.

La inhabilitación también se aplicó a todo un president de la Generalitat en ejercicio, Quim Torra, por el asunto de la pancarta por la libertad de los "presos y exiliados" en el Palau de la Generalitat . Y sin olvidar las condenas que ya se establecieron, aunque no comportaron cárcel pero sí inhabilitación, por la consulta del 9 de noviembre de 2014 para el expresident de la Generalitat, Artur Mas, junto a otros miembros de su Govern.

Represión contra las protestas

A estas cifras hay que sumar los cientos de independentistas a los que, en las diversas protestas contra la represión, se les han imputado delitos de desórdenes públicos, daños contra la seguridad viaria y atentado contra la autoridad, además de sedición, rebelión y terrorismo. Las protestas de la sentencia, ocurridas entre los días 14 y 18 de octubre de 2019, y que dieron lugar a los altercados de Urquinaona, fueron las que más consecuencias tuvieron. Según la entidad Alterta Solidaria, alrededor de 600 personas fueron represaliadas, de las cuales, 241 fueron detenidas y 30 encarceladas.

Días más tarde, la acción convocada por Tsunami Democràtic en la Autopista AP-7 a la altura de La Jonquera provocó la citación judicial de 211 manifestantes más. La permanente protesta de La Meridiana en Barcelona, los altercados durante el Barça-Madrid de 2019 o la acampada de universitarios en el centro de Barcelona también acabaron con detenciones.

Persecución a la sociedad civil

El caso de Marcel Vivet es uno de los últimos en el que la justicia arremete contra el independentismo. Este joven militante de la CUP ha sido condenado a cinco años de cárcel acusado de agresión a un Mosso d'Esquadra. El propio tribunal reconoce que no hay ninguna imagen concluyente sobre la agresión, por lo que basa su sentencia en la declaración del agredido (y sus compañeros agentes) que aseguraron haber reconocido a Vivet como autor de los hechos. Se da la circunstancia que el mismo policía denunció, supuestamente, a otro manifestante por unos episodios idénticos, por lo que se han abierto dos procesos paralelos con los mismos hechos como denominador común.

Lo más controvertido, sin embargo, es la implicación de la Generalitat en todo ello. Los movimientos independentistas llevan exigiendo reiteradamente, desde 2017, que el Govern se retire de la acusación particular en casos como el de Vivet. Algo que ha hecho en ocasiones contadas y que contrasta con las declaraciones desfavorables a la sentencia contra el militante de la CUP que los partidos independentistas del Govern hicieron tras conocerse la misma. Y más sabiéndose que el Departament d'Interior lo había presionado para que aceptara la autoría de la agresión y pudiera negociarse una condena a la baja que lo dejara, supuestamente, fuera de la cárcel.

Cerca de 3.000 personas están encausadas por hechos relacionados con el referéndum del 1-O

La represión contra ciudadanos independentistas ha dejado otros episodios de impacto. Especialmente aquellos que implicaban a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). Uno de los más relevantes fue el de la activista Tamara Carrasco, detenida en su domicilio por presuntos delitos de sedición, rebelión y terrorismo. Se le aplicó la ley antiterrorista, motivo por el cual pasó tres días encarcelada y 13 meses confinada en su municipio. Hasta que una juez encontró insostenible la condena que había recibido.

Las acusaciones sobre ella se basaron en el audio que compartió en las redes sociales donde apelaba a la huelga general indefinida. Sin pruebas, la Fiscalía también la acusó de querer atentar contra la Guardia Civil. Otro encausado, Adrià Carrasco, tuvo que buscar refugio durante meses en el exterior.La detención de Tamara Carrasco tuvo lugar en abril de 2019, meses antes de otra de las operaciones más polémicas de la justicia y la policía española contra el independentismo: la llamada Operación Judas.

El 23 de septiembre de 2019, nueve miembros de los CDR fueron detenidos y siete de ellos encarcelados, preventivamente, por presunto terrorismo. La defensa de los detenidos denunció irregularidades varias durante el proceso, entre coacciones, amenazas y maltratos psicológicos y hasta físicos. Tras algunos meses en la cárcel, y pagando fianzas de varios miles de euros, salieron en libertad sin pruebas inculpatorias contundentes.

Ni en el caso de los miembros de los CDR ni en el de Tamara Carrasco, el Estado español ha resarcido los daños ocasionados. De la misma manera, tampoco se ha planteado paralizar los procedimientos que llevan unos pocos años abiertos y que incluyen autoridades varias. Lejos de ello, la Fiscalía y los cuerpos policiales estatales ha seguido buscando cómplices del referéndum y de las protestas. Como el caso Volhov, en que se detuvo provisionalmente y se encausó a diversos empresarios y personalidades ligadas al independentismo, como Xavier Vendrell, David Madí, Oriol Soler o Xavier Vinyals, entre otros.

Despliegue contra servidores públicos

De la macrocausa que comenzó en 2018 en el juzgado 13 de Barcelona, queda tan solo fijar fecha para juicio. Ahí están 30 altos cargos públicos acusados de trabajar para el 1-O, a la espera que la acusación concrete los delitos y las penas. Entre los implicados en esta causa figura la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, así como Josep Maria Jover y Lluís Salvadó, todos ellos cargos de ERC, que por su condición de aforados serán juzgados ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

En esa misma macrocausa aparecen nombres como Albert Royo o Aleix Villatoro que, además, tienen un procedimiento abierto en otro juzgado, el número 18, donde se les investiga por la acción exterior de la Generalitat entre los años 2011 y 2017 y donde también se enfrentan a causas penales. Paralelamente, el Tribunal de Cuentas les reclama cuantiosas sumas de dinero. A ellos dos y a 39 personas más, entre los que se encuentran Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull.

La represión al independentismo también incluye la persecución a Tsunami Democràtic o la causa contra los escoltas de Puigdemont. Cerca de 3.000 personas, pues, deben pasar cuentas con la justicia española. Algunos de ellos con varias causas abiertas simultáneamente. Y sin posibilidad de que los indultos les proporcionen beneficio alguno.