La reivindicación de una nueva política penitenciaria tras la desaparición de ETA ha sumado este martes un largo listado de apoyos provenientes, en este caso, del mundo de la abogacía. Según ha dado a conocer la red ciudadana Sare, más de 300 juristas de distintas partes del Estado han suscrito una declaración en la que reclaman cambios en las cárceles que permitan poner fin a la política de dispersión.

El manifiesto ha sido presentado esta mañana por Sare en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, donde se han desgranado tanto el contenido del documento como los nombres de quienes lo apoyan. Entre ellos figuran el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, quien hace unos días participó en un acto del Foro Social Permanente en Madrid, donde abogó también por cambios en la política penitenciaria. Suscriben también esta declaración el exdiputado y exconsejero de Presidencia del Govern catalán, Francesc Homs, el catedrático de la Universidad del País Vasco Iñaki Lasagabaster o el reconocido abogado August Gil Matamala. 

"Se trata una vez más, de llamar la atención de la ciudadanía sobre una cuestión fundamental para poder calificar a cualquier régimen político como democrático: el respeto de los derechos fundamentales", apuntan en ese texto. En tal sentido, destacan que "hoy, todavía, y a pesar de la desaparición de ETA, más del 80% de los presos y presas vascos, se encuentran alejados de sus domicilios y a la vez en primer grado penitenciario".

Subrayan además que "sus familiares deben recorrer miles de kilómetros para poder realizar visitas, en ocasiones de no más de 40 minutos", al tiempo que apuntan que hasta ahora "son muy pocos" los presos condenados por delitos relacionados con ETA "que han sido progresados a tercer grado penitenciario y
acercados a prisiones del País Vasco".

Los juristas remarcan que "los presos y presas vascos están cumpliendo condena superando los límites temporales razonables de sus condenas", por lo que recuerdan que "la política de cumplimiento de penas se guía por el criterio del cumplimiento efectivo e íntegro de las penas, aun cuando la ley prevé mecanismos de finalización de las condenas en régimen abierto (semi-libertad)".

Señalan además que a todo esto "se debe añadir la situación sanitaria existente en la actualidad. "La pandemia, el COVID19, ha acentuado la vulneración de los derechos de las personas en prisión y los de sus familiares. Las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias han confinado a las personas internas en prisión, impidiendo o dificultando las relaciones con sus familiares", explican.

Libertad para presos enfermos

Con estos datos sobre la mesa, los juristas reclaman que el Gobierno "cumpla la legislación y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acercando a las personas internas en prisión a cárceles próximas a su domicilio habitual", y también que "se decrete la libertad, con las medidas cautelares precisas, de las personas con enfermedades graves".

En esa línea, plantean que "se adopten las medidas para combatir la pandemia más respetuosas con los derechos fundamentales de las personas internas" y que resulten "favorecedoras del derecho a la vida familiar".