Las puertas de España siguen abiertas para los buques saudíes que cargan armamento. Así lo volverán a comprobar el día 22 de este mes en el puerto de Sagunto con la llegada del Bahri Jeddah, uno de los "barcos de la muerte" de la naviera de ese régimen que se dedican a transportar material militar. Será la escala número 33 de un barco saudí en España desde que empezó la guerra en Yemen. En todos esos casos ha habido un silencio absoluto sobre las cargas realizadas.

Desde diciembre pasado, los barcos saudíes que hacen escala en España eligen la terminal marítima de Sagunto. Así ocurrió a finales de año con el Bahri Abha, así se repitió el 1 de marzo con el Bahri Jazan y así volverá a suceder el jueves de la semana próxima con la llegada del Bahri Jeddah.   

La ruta española de la naviera Bahri se abrió en mayo de 2016, 14 meses después de que la coalición militar encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos iniciara los ataques contra los rebeldes hutíes en Yemen. "Desde entonces, más de 12.000 civiles han muerto y al menos cuatro millones de personas han tenido que huir de sus hogares", señalan Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón en una reciente declaración.

Seis años después del inicio de la guerra, España figura como el tercer proveedor europeo de armas a Arabia Saudí. En total, los acuerdos comerciales firmados desde entonces alcanzan los 1.650 millones de euros. Esa cifra ha sido posible gracias a las autorizaciones concedidas por la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), el organismo encargado de analizar las solicitudes de exportación de material de Defensa.

En el caso de Arabia Saudí, el organismo ha decidido mantener el negocio armamentístico con ese país a pesar de las vulneraciones a los derechos humanos registradas en Yemen, lo cual –según denuncian las ONG– implica una vulneración del Tratado de Comercio de Armas suscrito por España.

En un informe publicado este lunes, el Centro Delàs de Estudios por la Paz advierte que esas ventas suponen además una violación de la Posición Común adoptada por la UE sobre comercio de armamento. En ese texto se impide  que impide el comercio de armas con aquellos países donde se vulneren los derechos humanos o exista "una situación securitaria de tensión o conflicto armado", entre otros puntos.

"La Posición Común establece que no se debería dar licencias de autorización de exportación de armas a países en conflicto armado. Si consideramos que Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos están en un conflicto armado, efectivamente se estaría vulnerando esa Posición Común que en cada país es ley nacional. Sería, por tanto, ilegal", afirma a Público el investigador del Centro Delàs Jordi Calvo, uno de los autores del informe sobre venta de armas a ambos países árabes que ha sido divulgado este semana. 

En cualquier caso, las autoridades españolas han decidido mantener el comercio de material militar con Arabia Saudí. En el primer semestre de 2020 -últimos datos oficiales disponibles- se concedieron 16 licencias de exportación por un valor de 98,7 millones de euros, mientras que los "barcos de la muerte" incrementaron sus visitas a España: durante el año pasado hubo siete escalas en puertos de este país.  

"En este aniversario de la guerra en Yemen hay que recordar que España es el único país occidental que abiertamente justifica el comercio de armas con Arabia Saudí", señala Luis Arbide, portavoz de la comisión La Guerra Empieza Aquí de Ongi Etorri Errefuxiatuak (Bienvenidos Refugiados). En tal sentido, el activista lamenta que España siga aferrándose a la Ley de Secretos Oficiales para "no tener nada que decir" sobre las actividades de estos barcos en puertos españoles. "Es una posición vergonzosa por parte de un Gobierno del que se esperaba una sensibilidad especial ante este tipo de temas", subrayó. 

Silencio y confidencialidad

En efecto, las solicitudes de información oficial sobre la venta de armamento a Arabia Saudí en general y en torno a los "barcos de la muerte" en particular suelen chocar contra un muro de silencio. Ante las solicitudes de información realizadas tanto desde el Congreso como a través del Portal de Transparencia, el Ejecutivo alega razones de "confidencialidad" para no aportar ni un solo dato al respecto.

Tampoco ha sido posible a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Greenpeace probó suerte por esa vía, interponiendo un recurso en el que solicitaba precisamente información sobre operaciones de venta de armamento con el reino saudí. La Abogacía del Estado ya ha respondido que no debe darse información sobre "el listado de productos adquiridos por Arabia Saudí", ya que en ese caso "existiría un evidente riesgo de provocar un conflicto internacional con un operador clave en Oriente Medio".

La Secretaría de Estado de Comercio, por su parte, ha advertido en ocasiones anteriores que debe mantenerse el secretismo sobre este asunto para no perjudicar los acuerdos comerciales alcanzados entre empresas españolas y la dictadura saudí. "El riesgo de una posible divulgación indiscriminada de los datos también puede comprometer la adjudicación de importantes contratos para empresas españolas en operaciones que todavía no se han adjudicado", alegó la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, en una comparecencia en el Congreso en junio de 2020.

El silencio oficial está amparado por un decreto que aprobó el Gobierno de Felipe González en 1987. Poco después de autorizar negocios armamentísticos con la dictadura chilena de Augusto Pinochet, el Ejecutivo del PSOE dio a conocer un decreto en el que se declaraba la confidencialidad de las actas de la JIMMDU, impidiendo así que se conozcan las valoraciones que realiza dicha junta a la hora de conceder los permisos de exportación. Ningún Gobierno se ha atrevido a modificarlo.

"No existe embargo"

En una respuesta enviada a finales de marzo al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, Comercio ha vuelto a defender que las autorizaciones de exportaciones se realizan con "garantías" sobre el uso final del material vendido, al tiempo que alega que "actualmente no existe embargo alguno adoptado ni en el marco Naciones Unidas ni en el de la Unión Europea para la venta de material de defensa o de doble uso a Arabia Saudí".

El Ejecutivo reivindica además que España cuenta desde abril de 2020 con "un instrumento de verificación ex post de algunos envíos de productos sensibles a destinos de especial preocupación". No obstante, hasta diciembre de 2020 no existía constancia de que las autoridades españolas hayan aplicado ese mecanismo de seguimiento al armamento vendido a Arabia Saudí. 

En cuanto a las actividades de los "barcos de la muerte" en puertos españoles, el Gobierno se limita a señalar que "todos los buques que solicitan permiso de tránsito por puertos españoles cuentan con los permisos necesarios desde el país de expedición para embarcar la mercancía en el puerto de origen". Mientras tanto, el Bahri Jeddah sigue avanzando hacia Sagunto.