Todo acabó a sangre y fuego. Todo acabó en impunidad. Hace 25 años, los ojos del planeta se clavaron en la embajada de Japón en Lima: un grupo de guerrilleros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) había logrado colarse en una recepción que se celebraba en la delegación diplomática. Cuatro meses después, el régimen de Alberto Fujimori puso punto final a la crisis con una masacre a cargo del Estado.

El 17 de diciembre de 1996, la embajada japonesa abrió sus puertas a numerosos invitados con motivo de la celebración del cumpleaños del emperador Akihito. Entre los asistentes había numerosas personalidades, entre las que se encontraban dos dirigentes políticos que, con el paso de los años, se convertirían en presidentes del país: Alejandro Toledo y Francisco Sagasti.

El cóctel terminó abruptamente cuando irrumpió el MRTA: 12 años después de su primera aparición en 1984, este grupo guerrillero de inspiración guevarista logró meter en la residencia a 14 militantes encabezados por el comandante Evaristo, nombre de guerra de Néstor Cerpa Cartolini. 

Los guerrilleros liberaron a la mayor parte de los rehenes que tenían inicialmente y retuvieron a 72 personas. "Demostrábamos al mundo la oprobiosa situación que vivía el pueblo peruano, se mostraba el nivel asqueroso de impunidad que el dictador había establecido en el Perú", afirmaría diez años después de aquellos hechos el MRTA en un comunicado. En efecto, la acción tuvo un nivel propagandístico inmenso. 

La ya desaparecida guerrilla sostenía en su comunicado de 2006 que entonces "se dio un trato humano a los allí retenidos en oposición a la terrible situación por la que atravesaban nuestros camaradas en la cárceles tumbas construidas por la dictadura narco terrorista de Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos".

Los guerrilleros aludían así a Vladimir Montesinos, jefe del Servicio Nacional de Inteligencia y Nicolás Hermoza Ríos, jefe del Ejército. Ambos se encuentran actualmente en prisión por distintos delitos. El expresidente Fujimori, quien en 1992 dio un autogolpe y se perpetuó en el poder hasta 2000, también está en la cárcel. 

A finales de 1996, el asalto de la embajada se convirtió en un hecho de dimensión internacional. "En ese año el conflicto armado interno prácticamente estaba apagándose: los altos dirigentes, tanto de Sendero Luminoso como del MRTA, estaban presos. Las acciones terroristas de coches bombas o asesinatos habían pasado desde hacía cinco años", afirma desde Lima Rocío Silva-Santisteban, activista por los derechos humanos y exdiputada. 

A su juicio, "la locura de la toma de la embajada del Japón, una decisión de Cerpa Cartolini, fue debida, precisamente, a que ya no tenían nada que perder". Entre otros puntos, el MRTA exigía la liberación de 465 guerrilleros que se encontraban presos, al tiempo que denunciaba las terribles condiciones humanitarias que se registraban en las cárceles. 

Nada de eso fue aceptado por el Gobierno de Fujimori, quien optó por elaborar un plan secreto de asalto a la embajada. El acto se materializó el 22 de abril de 1997: a las 15.23 de ese día, el régimen dio rienda suelta a la operación Chavín de Huantar, considerada una de las mayores intervenciones con rehenes de la historia.

Tras reventar el suelo de la sala principal de la residencia, los militares a cargo de esta operación entraron a sangre y fuego en la embajada. Se estima que la intervención duró entre 35 y 40 minutos. Sobre las 16.00, todo había terminado.  Las balas del Estado acabaron con la vida de los 14 guerrilleros, entre los que había jóvenes de entre 16 y 18 años. También murió uno de los rehenes, el juez Carlos Giusti, y dos integrantes del comando de asalto. Una vez acabado todo, Fujimori entró a la residencia y se paseó victorioso entre los muertos.

"¡No me maten!"

"De acuerdo a exrehenes, Tito, un miembro del MRTA, fue capturado vivo y
desarmado. Los militares peruanos lo esposaron y lo comenzaron a conducir por un túnel hacia el exterior de la residencia. Sin embargo, antes de llegar al
fin del túnel, se lo condujo de vuelta a la residencia. Desde entonces, no ha
sido visto con vida", señalaba una denuncia internacional dada a conocer por la organización Derechos Human Rights. 

Según otros informes recogidos entonces, "una miembro del MRTA de nombre Cintya fue capturada viva y se le oyó gritar "¡No me maten!" Otros informes indican que dos jovencitas miembros del MRTA gritaron "Nos rendimos! Nos rendimos!" cuando las fuerzas de seguridad peruanas entraron al edificio.

La ONG reflejó entonces que "todos los miembros del MRTA recibieron disparos de bala en el cráneo después del ataque inicial". En ese marco, "la televisión peruana mostró lo que pareció ser un cuerpo descabezado y sin brazos junto al cuerpo del jefe del MRTA Néstor Cerpa Cartolini. Cerpa también parece haber estado desarmado cuando fue muerto".

La organización internacional de derechos humanos denunciaba también que "los cuerpos de los rebeldes del MRTA han sido sepultados en tumbas anónimas a pesar de que el gobierno peruano se comprometió a devolverle los cuerpos de los emerretistas a sus familias para que pudieran velarlos y sepultarlos". 

"Alberto Fujimori es el responsable de las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el rescate de los rehenes en la embajada de Japón en Lima hace 25 años. Fujimori era el máximo responsable de la cadena de mando oficial, y también de la paralela", señala Pepe Mejía, corresponsal en Europa de Lucha Indígena y miembro del colectivo 'Peruanxs en Madrid'. 

En junio de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado peruano incurrió en responsabilidad internacional por la ejecución extrajudicial del guerrillero Eduardo Cruz Sánchez, conocido como camarada Tito. La CIDH sostuvo en su fallo que Perú violó la Convención Americana de derechos humanos al ejecutar al rebelde cuando ya estaba en manos del operativo militar.

"Apología del terrorismo"

En ese contexto, Silva-Santisteban sostiene que la intervención militar en la embajada no fue debidamente investigada por el Estado peruano. "Hay una situación política muy delicada en la que no se quiere reconocer ninguna responsabilidad sobre la ejecución extrajudicial", afirmó la activista a Público.

De hecho, el Estado peruano condecoró a los militares que tomaron parte en aquella operación, reivindicada aún hoy por el fujimorismo como una auténtica hazaña. Por el contrario, quienes se atreven a cuestionarla o a denunciar las vulneraciones de derechos humanos que trajo aparejada pueden acabar presos.

"Debido a la defensa en bloque de todos los comandos se ha planteado en el Perú una polarización y toda persona que habla de la ejecución extrajudicial, como yo misma, es tachada inmediatamente de 'terruca' o 'defensora de terrucos' o como apologética de terroristas. Y la apología al terrorismo tiene, en mi país, 15 años de cárcel", explica Silva-Santisteban. En cualquier caso, continúa, "hay que seguir diciendo que el rey está desnudo, porque urge la verdad por encima de la autocomplacencia".