La reforma de ley de secretos oficiales sigue siendo una asignatura pendiente, lo que mantiene bajo llave documentos y archivos oficiales sobre periodos importantes de la historia reciente, como la Guerra Civil, el 23F, y la lucha contra el terrorismo, así como la venta de material armamentístico a dictaduras militares (Chile y Paraguay) y a otros regímenes involucrados en ataques militares (Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos) o los viajes del rey y del presidente del Gobierno.

La norma promulgada por el dictador Francisco Franco hace 53 años todavía no ha sido actualizada a pesar de que el PNV lo ha reclamado en el Congreso hasta en cuatro ocasiones desde 2016, una petición a la que se han sumado la mayoría de los grupos parlamentarios, incluidos los que componen el Gobierno de coalición.

El último intento de reforma impulsado por los nacionalistas vascos para levantar el secreto de los documentos clasificados en un plazo de 25 años y de 10 en el caso de las materias reservadas, respaldado por 197 votos a favor (PP se abstuvo y Vox votó en contra), encadena sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas desde septiembre de 2020 y no hay visos de que dicho periodo finalice.

Y es que, aun estando esta proposición de ley sobre la mesa, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió tomar las riendas y elaborar su propia norma. En este sentido, el Ministerio de Defensa asumió la responsabilidad de la "elaboración de una ley nueva porque han transcurrido más de 40 años desde la última modificación realizada en el año 1978", tal como rezaba en el Plan Anual Normativo (PAN) para 2020.

Sin constatarse ningún avance en este sentido, la reforma pasó a la hibernación al desaparecer de la planificación normativa para el segundo tramo de 2021. Sin embargo, el Gobierno volvió a incluirla en el PAN para este año aprobado en enero, aunque esta vez bajo la designación de Ley de Información Clasificada y con un cambio de proponente.

En esta ocasión, el Ministerio de la Presidencia, dirigido por Félix Bolaños, figura como responsable de "acometer una reforma estructural" de dicha regulación al quedar "desfasada". "La Ley de Información Clasificada tendrá por finalidad adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las necesidades actuales y adaptarlo, asimismo, a los estándares internacionales", según se recoge en la planificación para 2022.

El PNV recuerda una reforma "clave y necesaria"

Si bien, por el momento, más allá de este cambio de previsión y autoría, no ha habido ninguna novedad al frente ni ninguna propuesta formal sobre la mesa, según confirman a este medio fuentes del departamento proponente, encargado de coordinar los trabajos que involucran además a los ministerios de Exteriores, Defensa, Justicia e Interior (manejados por la parte socialista del Gobierno).

La parálisis de la reforma coincide con un nuevo aniversario del 23F, del que se cumplen 41 años. A cuenta de esta efeméride, el portavoz del grupo jeltzale, Aitor Esteban, recordó este martes en rueda de prensa que su formación "sigue sin noticas" de la ley de secretos oficiales anunciada por el Gobierno. "Estamos a la espera de que la presenten mientras que la nuestra sigue retrasándose por la mesa", espetó el diputado del PNV.

Esta formación ha defendido en todo momento que la aspiración debe ser la de incorporar al ordenamiento jurídico una "ley de plazos" toda vez que ha pedido en varias ocasiones aprovechar su proposición de ley estancada en el Congreso para acelerar la tramitación definitiva de una reforma "clave y necesaria".

Los socios pidieron en junio conocer la verdad del 23F

A mediados de junio, los socios parlamentarios del Gobierno exigieron mediante una proposición no de ley la desclasificación de todos los documentos escritos, sonoros o de vídeo que permitan conocer con exactitud los hechos vinculados al 23F, poniendo de relieve nuevamente la necesidad de reformar la ley de secretos oficiales.

La iniciativa de ERC, Junts, PDeCAT, la CUP, EH Bildu y BNG salió adelante gracias al acuerdo alcanzado con el PSOE y Unidas Podemos para levantar el velo de los acontecimientos relacionados con el intento de golpe de Estado "de acuerdo a los criterios establecidos en la nueva legislación". No obstante, 41 años después de aquel suceso, las sombras que todavía planean sobre el 23F han dado pie a multitud de teorías sobre una posible implicación de Juan Carlos I en la intentona golpista o si su papel para frenarla fue de verdad tan crucial como se recuerda.