“Algún día contaremos todo lo que está pasando. Le aseguro que da para escribir un libro”. La frase salió de boca de uno de los mediadores involucrados en el final de ETA. Se escuchó hace ahora 100 días, cuando ETA, en una jornada plagada de misterios y versiones contradictorias, se disponía a anunciar su final. Aquel jueves 3 de mayo marcó un momento clave en la historia de este país: el último foco violento de Europa se apagaba para siempre. Ahora, incluso con mayor discreción que entonces, se escribe otro capítulo: el cese de la política de excepción que se aplicó durante las últimas décadas a los condenados por terrorismo.

La cronología de hechos registrados a partir de aquel histórico jueves incluye otro hito: la caída del gobierno de Mariano Rajoy y el consiguiente ascenso del PSOE. Tras su desembarco en La Moncloa gracias a la moción de censura que se aprobó el pasado 1 de junio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se topó con la cuestión de los 238 presos de ETA que continúan en cárceles españolas. La mayor parte de ellos se encuentra en prisiones situadas a cientos de kilómetros de Euskadi, una situación derivada de la política de dispersión y alejamiento que empezó a aplicarse contra este colectivo de reclusos a finales de los ochenta –bajo el gobierno de otro socialista, Felipe González- y que aún hoy, con ETA desaparecida, sigue vigente.

Las cosas empezarán a cambiar este verano, o al menos así lo aseguran reiteradamente desde el Ejecutivo, que ha confirmado su intención de acercar en una primera fase a los reclusos que sufren enfermedades graves o tienen más de setenta años. Entre unos y otros rondan la veintena.

En las cárceles reciben estos datos con cautela. “Se está intentando crear el ambiente para que se empiecen a hacer cosas”, comentaron a Público fuentes próximas al denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera). Este aspecto también es confirmado en las oficinas del Partido Socialista de Euskadi (PSE), donde voces autorizadas señalaron a este periódico que en la actualidad “no se justifica una política penitenciaria como eje de la política antiterrorista, sino que debe ser parte de la política de convivencia”.

En la sede socialista admiten que aún “habrá que esperar para ver los pasos que se pueden dar”, al tiempo que aseguran que resultará clave “la actitud de cada uno de los presos y si cada uno de ellos va a aceptar la legalidad y tomar el camino de la reinserción”. “El ejemplo de la Vía Nanclares está ahí, y aunque esa experiencia esté relacionada con un momento determinado -mucho más difícil que el actual, ya que ETA estaba activa- sí puede servir de orientación”, afirmaron.

Precisamente, el primer traslado de presos a cárceles vascas ha tenido como protagonistas a dos reclusos que rompieron con el EPPK. Olga Sanz Martín y Javier Moreno, condenados en 2002 por su pertenencia al comando Bizkaia, han sido llevados desde Villabona (Asturias) a Basauri, una cárcel situada a pocos kilómetros de Bilbao. Según ha podido confirmar Público, Sanz se había distanciado del colectivo oficial de reclusos hace casi tres años, pero no fue hasta febrero pasado cuando fue clasificada en tercer grado penitenciario –el más laxo-. Por su parte, Moreno –que además es su pareja- rompió con el EPPK hace aproximadamente un año, mientras que el tercer grado le fue concedido en julio pasado.

“Sabemos que el gobierno español está trabajando en una modificación de la política penitenciaria. En este momento se están definiendo cuáles serán los elementos de esa hoja de ruta”, afirmó a Público el portavoz del Foro Social Permanente –una organización civil que hizo tareas de mediación para facilitar el final ordenado de ETA-, Agus Hernán, quien prefiere hablar sobre un “plan de reintegración”. A su juicio, dicho programa debe realizarse “con el mayor consenso posible y abarcar a la mayoría de los presos”.

En efecto, ahí está una de las claves del asunto. Fuentes próximas al colectivo de reclusos vascos señalaron a este periódico que en las cárceles están dispuestos a “afrontar” un programa de reinserción o reintegración, aunque intentarán que sea “acordado y no impuesto”. Se trata de un terreno muy sensible, en el que cada palabra y cada gesto, principalmente en lo relacionado a las víctimas provocadas por ETA, tendrá un valor muy alto.

“Mimar a las víctimas”

“La política penitenciaria tiene que tener en cuenta a las víctimas. Hay que mimarlas y hacer pedagogía con ellas, porque son momentos duros. Hay que saber explicarles que el sistema penal tiene unos objetivos definidos en la Constitución, como la resocialización y la reeducación”, afirma el senador del PNV Jokin Bildarratz. Momentos antes de hablar con Público, el representante nacionalista había escuchado las declaraciones realizadas por el líder del PP, Pablo Casado, desde Santa Pola. El político conservador aseguró el jueves que el acercamiento de presos era “una contraprestación a una moción de censura vergonzante”, en alusión al apoyo del PNV a la candidatura de Pedro Sánchez.

Por tales motivos, Bildarratz acusó al PP de realizar una “utilización maniquea de las víctimas”. En tal sentido, el senador tiró de hemeroteca para recordar las declaraciones formuladas por otros dirigentes populares, como el parlamentario vasco Borja Semper o el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, respecto a la posibilidad de implementar cambios en la política penitenciaria si ETA se disolvía, algo que ocurrió hace ahora 100 días.

“No nos gusta, pero es legal”

Lo cierto es que las principales asociaciones de víctimas ya no compran los argumentos de Casado para atacar al PSOE. Tanto COVITE como la AVT han señalado durante los últimos días que el acercamiento de los dos presos a la cárcel de Basauri no tenía nada de extraño. “Aunque nos pueda no gustar, es legal”, resumió a este periódico Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT. En cualquier caso, aclaró que esta asociación “se sigue oponiendo a los acercamientos por una cuestión de política criminal, ya que sería una cesión a una reivindicación histórica de ETA”. Argumentó además que “la dispersión ha sido la medida más eficaz para la reinserción de los etarras”.

Por su parte, la presidenta de COVITE, Consuelo Ordoñez, evitó oponerse de plano a los acercamientos de presos y se centró en los requisitos que, a su juicio, debe exigir el gobierno a los reclusos antes de tomar cualquier medida. Lo fundamental, sostuvo, será que “renieguen de ETA” y muestren su rechazo inequívoco a “la banda criminal a la que ellos decidieron incorporarse para matar por un proyecto político totalitario”. 100 días después del final de ETA, la historia aún está por escribirse.