El juez de Barcelona que investiga las cargas policiales del 1-O ha descartado citar a votantes como imputados, al considerar que fueron "víctimas directas de la situación de confrontación generada por los propios poderes públicos", quienes "trasladaron a la calle" sus conflictos.

En un auto, el titular del Juzgado de instrucción número 7 de Barcelona deniega la petición del Sindicato Profesional de la Policía, cuyos letrados defienden a agentes acusados por el 1-O, para que se investigue a varios votantes por un delito de resistencia pasiva grave a la autoridad.

El magistrado razona en su auto que, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó un auto en el que instaba a los cuerpos policiales a impedir el referéndum, "éste no contenía ninguna prohibición concreta a los ciudadanos".

"No existía una prohibición general de acudir a los centros designados como colegios electorales, como no podía ser de otra manera, toda vez que una prohibición de tal calibre debería estar incorporada en una norma de carácter general y no en una resolución judicial, que solo puede afectar a las partes", añade el auto.

El juez recalca, además, que a los ciudadanos no sólo se les había prohibido participar en el referéndum, sino que habían "sido invitados a ellos por el propio Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya y otras instituciones, existiendo un evidente conflicto de pretendidas legitimidades". De esa forma, añade el auto, los ciudadanos recibieron "mensajes totalmente contradictorios sobre la necesidad o no de ir a votar o a defender un presunto inalienable derecho al voto".

En esa situación tan "controvertida", el juez descarta imputar a los votantes, dado que en su opinión fueron "las víctimas directas de la situación de confrontación generada por los propios poderes públicos, trasladando a la calle lo que debía resolverse en las instituciones estatales y autonómicas". Imputar a los ciudadanos que trataron de impedir con su propio cuerpo la actuación policial sería "trasladarles la responsabilidad del fracaso de las instituciones públicas en ese tema".

"Las instituciones emitieron mensajes totalmente antagónicos sobre la cuestión, obligando a los ciudadanos a tomar partido por cada una de las opciones, según sus propias ideas políticas, cuando ambas aparecían ante ellos (legos en derecho) como legítimas", insiste el juez, Francisco Miralles.

Para el magistrado, sólo cabría imputar un delito de resistencia o atentado a la autoridad en los casos en que hubo un "verdadero acometimiento" por parte de los votantes a la policía.