También nosotros lo volveremos a hacer

El pasado 8 de febrero, Jordi Cuixart escribió desde la cárcel una carta a Pepe Beunza, el primer insumiso al ejército franquista. Se preparaba el juicio al Procés y un informe de la Guardia Civil señalaba a Beunza como miembro de “la cúpula de los CDR”. Preparaba talleres de desobediencia civil noviolenta, junto a figuras de la talla de la filósofa Marina Garcés. Las difamaciones no se sustanciaron en acusación alguna. Además, se dirigían contra personas sin miedo a los jueces.

En la carta a Beunza, Cuixart reproducía las palabras que le llevaron a un batallón disciplinario del Sahara y a prisión a partir de 1971: “hemos perdido el miedo y no puede haber ninguna sentencia que nos haga renunciar al ejercicio de la desobediencia civil.” Medio siglo después, en el juicio al procés, esa voz era acallada. El juez Marchena abroncó a M. Garcés, cuando declaraba como testigo de la defensa de Cuixart: “su grado de alucinación [ante las cargas policiales] o su estado febril [al ir a “votar”…], sus valoraciones personales no tienen ningún interés". Palabras del juez que permitía a los antidisturbios comparar la situación del 1-O con la kale borroka.

El tejido social del 1-O fue criminalizado antes del juicio al procés, después amordazado y, finalmente, suplantado. El Tribunal Supremo impidió mostrar o siquiera comentar las imágenes de las cargas policiales. No se enjuiciaba a la policía, de acuerdo. Pero sin ver a quién golpeaba, era imposible valorar el pacifismo de unas movilizaciones, acusadas de rebeldes y sediciosas (es decir, violentas).

Emitida la sentencia, las cadenas de televisión arrasaron los índices de audiencia y la racionalidad del público con barricadas incendiadas. Turbas pirómanas suplantaron las multitudes noviolentas del 1-O en el imaginario nacionalista español. Justificaban el “a por ellos” con porras, togas... y más porras. La profecía-sentencia se auto-cumplía.

La negativa a dialogar con “los nacionalistas” (catalanes, porque en España no hay) se escuda en la exigencia previa de “condena de la violencia” (del otro). Una fórmula que durante décadas sirvió, a unos y a otros, para mantener “el cuanto peor, mejor” en el País Vasco. El mismo formulismo permite a todos esquivar las preguntas que corresponden y dar las respuestas que se deben. Encima, en campaña electoral.

Se veía venir, lo estábamos viendo y casi nadie lo contaba. Ni hacía nada. No bastaba, y menos ahora, con firmar manifiestos ni encabezar manifestaciones. Con la sentencia del procés en la mano, un gobierno autoritario (aún más que los sufridos) habría aplastado la anti-globalización de fines del s.XX, el Nunca Mais, el “No a la Guerra”, las convocatorias del Pásalo de 2004, el Movimiento por la Vivienda Digna y su sucesora la PAH, el 15-M, Gamonal… la última sentada. Un mismo hilo recorre esas movilizaciones: el derecho a la protesta y a la desobediencia. Tirando de él saldremos del laberinto del Minotauro represor (David Fernández dixit). Y no será la primera vez.

En marzo se cumplían 30 años del inicio de la insumisión a la mili y 30 personas nos auto-inculpamos con “los Jordis”. El día 26 presentamos nuestros escritos en los Juzgados de Plaza de Castilla, declarando nuestra disposición a afrontar la mismas penas que ellos, sin estar “necesariamente de acuerdo con los fines políticos de las movilizaciones.” Nos arrejuntamos unos cuantos mindundis, pero también un par de Premios Nacionales de Literatura, activistas de toda la vida, académicos… la inmensa mayoría de fuera de Cataluña.

Los insumisos finiquitaron en los 90 el servicio militar obligatorio con su desobediencia civil noviolenta, caso único en un país sin guerra (declarada). Derribar la mili parecía entonces imposible. Más que convocar un referéndum sobre la segregación o el encaje de Cataluña en España. Y, sin embargo, se logró en 12 años.

La impotencia de muchos sectores que ven alejarse una salida negociada (es decir, política) tras la sentencia del Supremo no tiene memoria. Y el electoralismo que nos ha abocado a la situación presente pretende borrar recuerdos con falsas o huecas promesas. El político-candidato cambia el diálogo institucional por happenings que las degradan. El spin doctor fabrica publi-reportajes que acaban prohibidos por la Junta Electoral. El posicionamiento político se expresa en selfies de postureo. Y las políticas de memoria, en culebrones de campaña… todo, pagado con erario público. Ya es hora de que hablen quienes costean la democracia (y las prisiones) y se escuche a quienes pagan tan cara (con su libertad) la disidencia.

El 26 de marzo nos auto-inculpamos con Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, porque “su enjuiciamiento encubre la criminalización de la disidencia política”. Esa disidencia arrancó y extendió los derechos civiles a quienes no tenían patrimonio, ni igual religión, color de piel, género o afectividad… La calidad de la democracia depende de su capacidad para gestionar (no erradicar) la protesta e incluir a los (auto)excluidos. Lo logra alcanzando consensos mínimos y garantizando, al menos, la coexistencia de las muchas diferencias que nos atraviesan.

Asumíamos la represión que vienen sufriendo los Jordis, sin compartir “necesariamente” su ideario. Lo haríamos por muchísimas otras personas reprimidas, perseguidas y condenadas por el procés o la Ley Mordaza. “Abajo los muros de las prisiones”, vale. Pero hay que clavar la primera piqueta. “No estamos todos, faltan los presos”, hagámosles compañía hasta derribar esos y tantos otros muros.

La desobediencia civil noviolenta invalida el castigo de la ley ilegítima, si supera miedos y credos. Si se generaliza y atraviesa fronteras (cuantas más, mejor) se convierte en herramienta emancipatoria y cohesionadora de todo el cuerpo social. El reto reside en emplearla “fuera” y “dentro”, nunca en modo secta. Articulemos un “a por ellas” (conquistas sociales y civiles) que recobre la energía ciudadana que se sabe soberana: se auto-determina cada día, con cada paso desobediente.

No fue fácil sumar 30. Apenas nos oyeron tres medios digitales de Madrid y Ara. No nos atrevíamos a soñar que pudiéramos inspirar las auto-inculpaciones que ahora se presentan en Cataluña. Y que debieran extenderse por todos los rincones del Estado... y del planeta.

Sepan ustedes que apenas nos contestaron ocho jueces, negándose el resto (22) a tramitar las auto-denuncias. Unos por activa y otros por pasiva, al no castigarnos, reconocen que planteamos una cuestión irresoluble desde una perspectiva jurídico-penal. Si somos más, evidenciaremos lo absurdo y lo inútil de esta pretensión.

También firman este texto:

Rafa Ajangiz

Santiago Alba Rico

Pepe Beunza

Marià de Delàs

Amparo Grolimund

Pedro Ibarra

Guillem Martínez

Aitor Merino

Pedro Oliver

Jorge Riechman

Manuel Rivas

Iban Zaldua

Ramón Zallo

Rafael Xambó