¿Son compatibles las becas de Educación con el Estado social?

El Estado de bienestar, creado en Occidente tras la Segunda Postguerra Mundial, si bien con importantes antecedentes en alguna década anterior, ha traído el mayor progreso mundial de la historia: por un lado, supuso un fortísimo crecimiento económico, que en determinados países se adjetivó como “milagro” y, por otro lado, avanzó hacia una igualdad, en la que se garantizarían, para el conjunto de la sociedad, determinados niveles mínimos aceptables –hasta entonces desconocidos–, de educación, cultura, sanidad, vivienda, trabajo en condiciones dignas y protección social para todos, especialmente ante las situaciones más desfavorables. Asimismo, posibilitó avanzar en investigación, tecnología, infraestructuras y servicios públicos beneficiando a toda la sociedad. El resultado fue espectacular, consiguiendo unas sociedades exponencialmente mejores, tal y como se refleja en distintas macromagnitudes. Además, este progreso social permitió profundizar en la consolidación del Estado democrático de derecho. De esta manera, cristalizó en lo que se denominan democracias avanzadas, en las que se refuerza el pluralismo político (engarzado a una sociedad civil fuerte), con una alta participación política y societaria; se asegura una gran tolerancia junto con el consenso relativo a los asuntos de Estado; se observan en general las normas –incluyendo las reglas que enmarcan el juego político–; y ha garantizado muchas décadas de paz entre esos Estados, como nunca antes había ocurrido (de hecho, jamás ha habido una guerra entre dos países realmente democráticos). En definitiva, supone uno de los ejemplos históricos del claro nexo entre determinada igualdad social y una democracia efectiva (a este respecto, muy diversos estudios han concluido que la desigualdad cercena el funcionamiento democrático).

En el concepto constitucional de Estado social se incluyen varios elementos esenciales, siendo la educación el más decisivo de cara a posibilitar el progreso y la igualdad. Tanto es así que se ha constatado que los países que apuestan por una gran escuela pública nacional no sólo consiguen un alto nivel de conocimiento generalizado, sino que, además, mejoran en muchos aspectos básicos: I+D+i, con el consiguiente despunte tecnológico, igualdad social, vertebración nacional, nivel de valores cívicos, fortalecimiento de su sociedad civil y una participación política elevada. Así ha acontecido especialmente con todos los países nórdicos y en la mayoría de Europa occidental, como en especial en Alemania y Francia. Los países con menor enseñanza concertada han sabido manejar tales cuestiones mucho mejor. En cambio, la excepción constituida por los países que han potenciado la enseñanza privada con fondos públicos, el Reino Unido y Bélgica, han empeorado en dichos aspectos básicos –vinculados con derechos fundamentales­–. Bélgica sufre una seria tensión nacionalista. El caso del RU muestra especialmente esta deriva. Era nada menos que la quinta mayor economía mundial al comenzar el Brexit, y beneficiario de grandes privilegios como el uso generalizado del inglés, además del ventajismo por su competición fiscal a la baja y sus paraísos fiscales. Sin embargo, se enfrenta a una decadencia, que se ha visto potenciada por su fuerte desigualdad en educación. Según Oxfam, este país se está convirtiendo en una nación profundamente dividida, con una élite rica que no para de aumentar sus ingresos, mientras que millones de familias están luchando para llegar a fin de mes. Esto amenaza su crecimiento, así como muy severamente su unidad nacional y su propio sistema democrático, con ideologías nacionalistas, xenófobas, populistas y contrarias a la Unión Europea.

A pesar de que el Estado social y democrático ha sido el mejor modelo conocido de sociedad, comenzó a sufrir un proceso de recortes, a partir de la crisis de 1973, que quedo caracterizado con la revolución conservadora de los 80, encabezada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Dicho proceso ha implicado un progresivo incremento de desregulaciones económicas y la disminución de políticas sociales, por lo que iría empeorando la situación de los más desfavorecidos a la par que han ido aumentando los privilegios de los más poderosos. El desmantelamiento del Estado social ha supuesto que mientras, a largo plazo, la economía siempre crece mucho, incluso per cápita, paradójicamente, a buena parte de la población le va correspondiendo un trozo menor de tarta (a pesar de que esta va siendo más grande), puesto que se va repartiendo peor –lógicamente esta tendencia se ha acentuado con las recientes crisis económicas–. Así, hoy en día, un 10% de la población mundial posee la mayoría de la riqueza y además su porción elefantiásica no para de crecer. En consecuencia, estructuralmente, se están fracturando muchas sociedades actuales. Además, la concentración de riqueza extrema tiene un impacto negativo en el crecimiento de la economía en su conjunto, como ha observado el FMI. Esta tendencia mundial se ha paliado considerablemente por las diferencias del crecimiento entre las áreas regionales (como el mayor crecimiento de China y la India).

En lo que se refiere a España, según el INE, el riesgo de pobreza en 2021 aumentó al 27,8% de la población residente. Tal situación exige actuar en cumplimiento del mandato reconocido en la parte hiperprotegida de la Constitución, que reconoce un “Estado social” y obliga a “los poderes públicos” a “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

La Comunidad de Madrid no cumple este mandato constitucional, pues a pesar de que una parte de su población se encuentra en riesgo de pobreza no es protegida adecuadamente mediante las necesarias políticas públicas en su ámbito autonómico. No ha ido mejorando –ni siquiera manteniendo– los recursos de la educación pública. Ha disminuido el transporte público, que además, a los más desfavorecidos –quienes suelen tener que trasladarse lejos– se les hace cada día más caro (cabe contrastar con algún ejemplo, como el de Alemania, donde un abono mensual de nueve euros permite viajar utilizando todos los autobuses y trenes de transporte local y regional). La mayoría de los jóvenes que trabajan en la Comunidad, tienen un empleo modesto, o incluso precario, de modo que no pueden acceder a una vivienda, dada su carestía, o si acceden, es en malas condiciones, lo que les impide efectuar un proyecto de vida, mientras la política de vivienda es mínima. Tampoco se están afrontando adecuadamente las crecientes necesidades de la sanidad pública en una Comunidad Autónoma que aumenta, envejece y sufre la pandemia de la Covid-19.

En este escenario, con necesidades acuciantes, resulta especialmente desazonador que, a iniciativa de Vox, la Comunidad de Madrid elabore un sistema de becas para un sector de población que pertenece a la clase alta, donde además un 60% de esas becas van a reservarse para centros privados (no concertados que son muy elitistas –y no de clase media–, dados sus precios desorbitados). Esto lleva a interrogarse por qué las becas no pueden utilizarse en verdaderas necesidades, como, por ejemplo, sería la generalización de las becas de comidas para los niños sin recursos. No hay que olvidar que las becas se pagan con recursos públicos que aportamos entre todos –hasta los más pobres–, al encarecer con impuestos los bienes y servicios que consumimos. El aspecto más controvertido de estas becas consiste en que podrán pedir ayudas aquellas parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739€ (8.978,25€/mes); las parejas con dos niños que tengan unos ingresos de 143.652€ (11.971€/mes); o las que tengan tres hijos y unos ingresos globales de 179.565 (14.964€/mes). Estos ingresos, si bien son ingresos brutos por lo que se verán reducidos, se corresponden con una minoría rica de la sociedad, pues según los propios datos de Hacienda, el 70% de las personas que trabajan en la Comunidad de Madrid declararon en 2019 unas rentas menores de 30.000€ anuales. Además, a mayor nivel económico hay más deducciones legales, e incluso una mayor práctica ilegal de ocultación de beneficios. Así, en muchos casos, las diferencias entre lo ganado y lo ridículamente declarado llegan a ser enormes, por lo cual estas becas van a beneficiar a gente que en realidad puede ganar muchísimo más aún de dichos topes. Esto supone que a los crecientes privilegios fiscales de los más ricos se añade ahora otro privilegio más: el disfrute de unas becas pagadas por toda la sociedad.

Estas becas se han justificado sobre la base de la “libertad de opción” y del “cheque escolar” para que cualquiera pueda elegir libremente, pero esta argumentación es una falacia. Desde una perspectiva social, la práctica de la escuela concertada lleva consigo una segregación determinada por la clase social. La discriminación reside en la exigencia mensual de un pago más o menos voluntario a las familias; la concentración de colegios privados en zonas más privilegiadas; y el poder elegir de facto a la inmensa mayoría de los alumnos y a los profesores, incidiendo en ambos casos los contactos, aunque lo decisivo en la selección de alumnos es su nivel económico, pues quedan descartados los que tienen menos recursos, los inmigrantes, los niños pertenecientes a minorías étnicas, y, además, los que caen en el fracaso escolar o sufren otros problemas, en estos dos últimos casos en ocasiones se solventa expulsándolos. En definitiva, en vez de seguir el mandato constitucional de remover los obstáculos a la igualdad, se promueven. Los datos de este sistema reflejan una segregación –o distribución desigual de los alumnos en los centros educativos– en función de sus características personales y, sobre todo, sociales. Así, se ha llegado en España a un nivel de segregación que se distancia de los países de nuestro entorno y, dentro de la UE, solamente es superado por algunos países de Europa oriental.

La denominada “libre elección”, además de discriminar socialmente, encubre la vulneración de los principios constitucionales de igualdad, pluralismo y objetividad de las Administraciones (la cual implica neutralidad política) debido a que el 88% de los centros concertados en la Comunidad son católicos, algunos del Opus Dei o de ideologías similares. Resulta evidente que en muchos casos efectúan un claro adoctrinamiento. Por todo ello, nos encontramos ante una intervención pública que no respeta el mismo tratamiento a las diversas partes que componen la sociedad española. Una neutralidad institucional supone ir adoptando el que quienes vayan a centros privados se lo paguen con su propio dinero. España queda obligada por el artículo 13.1 de la Convención de los derechos del niño que exige libertad y pluralismo, cuando reconoce el derecho del niño a “(...) la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño”.

La mejora de la enseñanza requiere el restablecimiento de un Estado fiscal justo que exija que los más ricos no eludan sus obligaciones fiscales. A este respecto, tras décadas de competición fiscal a la baja de algunos Estados, así como de opacidad financiera y privilegios permitidos a las grandes empresas y fortunas, se han empezado a dar los primeros pasos por parte de EE. UU. y la UE, en lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, para gravarlo con un tipo mínimo del 15%. Seguir en esta vía de la rectificación, de manera efectiva, resulta imprescindible para poder apostar por un buen nivel de políticas sociales. Y, en el caso concreto de la enseñanza, lo idóneo sería recuperar progresivamente una enseñanza pública generalizada e ir disminuyendo gradualmente el apoyo institucional a la actual concertada (respetuosamente y con el máximo consenso posible). Junto a todo ello, un Estado social ha de posibilitar una situación socioeconómica digna a las familias, a fin de permitir unas condiciones efectivas de estudio a todos sus menores. Lamentablemente, la difícil situación de los niños más pobres se ha multiplicado con las crisis económicas, el confinamiento y otras restricciones derivadas de la actual pandemia que han aumentado las barreras por no disponer unos medios informáticos adecuados. De entrada, los dejó en una situación de relativa desconexión de las clases, de modo que sus graves consecuencias se siguen notando. Además, las duras condiciones socioeconómicas han aumentado los problemas psicológicos y concretamente dificultan las posibilidades del aprendizaje. Evidentemente, evitar el innegable fracaso en el que están cayendo estos niños es un ejemplo de lo deben ser las prioridades educativas.

En definitiva, la mayor transformación hacia una mejor sociedad se realiza mediante una enseñanza pública universal, que además sea idónea, con los mejores profesores, buenas instalaciones, alto nivel de idiomas, representativa del pluralismo social, a la que puedan y quieran aspirar prácticamente todos, y que las propias élites conserven interés en la misma, en vez de querer postergarla. La escuela pública debe potenciarse con medidas eficaces y reconocerle verdadero prestigio. Precisamente una de sus ventajas reside en la valía de su profesorado, que es seleccionado objetivamente cumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad, como exige nuestra Constitución en el empleo público, frente a una selección privada donde los contactos pueden ser decisivos.

Además, hay que dotar con suficiente profesorado para mejorar las ratios de alumnos por docente, beneficiando así a todos los estudiantes, y poder reforzar especialmente a los que pertenecen a sectores más desfavorecidos socialmente o a aquellos niños que empiezan a quedarse atrás en los primeros años de primaria, puesto que es entonces cuando en realidad puede solucionarse. Tal medida supone conseguir, con una pequeña inversión, resultados impresionantes, y no sólo en el nivel educativo sino muy polifacéticos, que mejoran globalmente la sociedad. En este sentido, se ha observado una relación entre la ignorancia y la ausencia de sentimientos liberales-democráticos, así como de los distintos valores en general. Es decir, la cultura genera y estimula valores, especialmente los que se ejercen como ciudadano, y mejora los diversos indicadores. Así, por ejemplo, entre los factores que pueden encaminar a los menores hacia la criminalidad –por encima de la mera pobreza– están las deficiencias en su educación, el ambiente en el que se socializan y las expectativas que personalmente consideran que tienen. La calidad de la educación y el tiempo de permanencia de un menor en la escuela son esenciales para atajar la delincuencia callejera. Sigue siendo certera la máxima de Victor Hugo: “el que abre la puerta de una escuela, cierra una prisión”.

En fin, cabe concluir que el futuro del Estado de bienestar está en tela de juicio, y especialmente el de nuestro país. Frente a la degradación de las políticas sociales –combinada con ayudas para la enseñanza privada–, es fundamental que los presupuestos públicos afronten una gran educación para todos, la cual mejora el nivel educativo y cívico, facilita la reincorporación a los que se van quedando atrás en su proceso educativo, en la que conviven diferentes clases sociales, grupos étnicos, las lenguas oficiales de una región y nos hace más tolerantes e inclusivos. Aplicándolo a España, es lógico pensar que la desvertebración social, la polarización y los desafíos soberanistas se habrían atemperado con una gran escuela pública nacional. Por todo ello, deberíamos poner nuestro empeño –como han hecho los países de nuestro entorno que más han progresado­–, en estar a la cabeza en educación, en vez de estarlo en grandes infraestructuras, en bastantes casos incluso infrautilizadas, como el AVE, autopistas, autovías, rotondas o aeropuertos cercanos superfluos. Perseguir todos los objetivos sociales mencionados implica rectificar lo negativo –como la disminución de los créditos presupuestarios, incluso por alumno, cuando además son claramente inferiores a los de otros países próximos–. En realidad, postergar la escuela pública lleva consigo fraccionar y degradar una sociedad.