Un SMS para que no olvides nunca que eres un ciudadano de segunda

El pasado 18 de marzo un envío masivo de SMS desde la Consejería de Sanidad sacudió los teléfonos de las personas de origen migrante que viven en la Comunidad de Madrid. Bajo el aspecto del inocente requerimiento de “actualizar los datos” se advertía a los portadores de NIE y Pasaporte que tenían un mes de plazo si querían seguir teniendo dada de alta su Tarjeta Sanitaria, es decir, mantener el derecho a ser atendidos en la sanidad pública madrileña. Este mensaje llegó por igual a mujeres embarazadas, niños, enfermos crónicos, personas pendientes de una prueba diagnóstica o enfermos de cáncer. La única característica común es que todos eran de origen migrante, ya que dicho SMS no se envió a personas con DNI. 

Actualizar los datos de los pacientes es sin duda importante pero llama poderosamente la atención que los datos de los madrileños con nacionalidad española no le preocupen en absoluto a la Consejería. A día de hoy es difícil imaginar una amenaza del calibre de “si en 30 días no actualiza sus datos perderá el derecho a asistencia sanitaria” contra españoles, incluso cuando colectivos como los parados de larga duración tardaron muchos más años que el resto de ciudadanos en ver garantizada su atención, a finales de 2011. Ocho meses después el Real Decreto 16/2012 despojó de asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación irregular en aras de un supuesto ahorro de millones de euros que jamás se verificó, si bien sí fueron palpables sus efectos catastróficos sobre la salud de la población migrante, con, entre otros datos, un aumento de un 15% de mortalidad.

En 2018 el por entonces recién estrenado gobierno progresista intentó recuperar la universalidad sanitaria con un real decreto muy bien intencionado cuyo resultado, sin embargo, consistió en levantar un auténtico muro burocrático que las personas migrantes deben escalar para conseguir atención, poniéndoselo más difícil a quienes más vulnerables son y en situación más frágiles están. Por si fuera poco, este Real Decreto deja margen de discrecionalidad a las comunidades autónomas para designar a la población que ha de ser atendida en cualquier caso, lo que en la realidad se traduce en trabas burocráticas en la vida y el día a de día de las personas migrantes para acceder a la atención sanitaria. En un contexto de mayoría de gobiernos autonómicos conservadores, estos aprovechan los agujeros del Real Decreto de 2018 para mantener excluida de atención sanitaria a la mayor cantidad posible de personas migrantes. Por eso es crucial que el Proyecto de Ley de Universalidad Sanitaria cuente con apoyo suficiente en el Congreso de los Diputados, para resolver por fin, de verdad, esta injusticia.

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Jose Carmona

La exclusión sanitaria, lejos de generar ahorro, provoca importantes costes, directos e indirectos, al deteriorar la salud de la población en su conjunto, minorar la fuerza de trabajo y restar capacidad funcional a las personas de nuestro entorno. Que tus vecinas tengan peor salud es malo para ellas pero para ti también. Y no por una lógica alarmista de que vayan a contagiarte enfermedades sino porque tu vecina con asma mal controlada porque no puede pagarse el inhalador, lo tiene mucho más difícil para ayudarte a subir la compra, pararse a charlar contigo, enterarse de qué favor necesitas y de cuál puedes hacerle tú, es decir, cuanto peor es su salud, lo tiene más difícil para ejercer de tu vecina y que tú ejerzas de la suya.

Normalizar que quien vive pared con pared contigo tiene menos derechos que tú, merece sufrir dolor sin analgesia o no tiene derecho a que le resuelvan una dolencia para la cual la medicina tiene cura, es extraordinariamente injusto y socialmente peligroso. Asumir como normal que existan diferencias abismales entre los derechos de las personas que nos rodean y los nuestros es una quiebra irreparable del principio de convivencia.

Si el criterio para atender o no una dolencia es el país de origen de quien la sufre, entonces abrimos la veda a que volvamos a cuestionar si quienes están en paro merecen atención sanitaria, o si la merecen quienes tienen una posición ideológica distinta a la nuestra, o quienes tienen un mal desempeño académico, o quienes en el gimnasio levantan menos peso que nosotros. Cualquier criterio puede valer. Además, implica aceptar en el imaginario social que determinados derechos fundamentales que siempre han sido los pilares del Estado del Bienestar como el derecho a la educación, sanidad o los servicios públicos pueden convertirse en privilegios.

No es una cuestión de costes. Madrid es la comunidad autónoma más rica y también la que menos presupuesto por habitante invierte en sanidad. Y la exclusión sanitaria no es más eficiente. Al revés, primero porque se ha constatado en múltiples estudios que la población migrante hace menos uso de los recursos, segundo porque al excluirla, la atención en urgencias más tardía y de cuadros más graves supone sobrecostes para el sistema sanitario y en último lugar por la pérdida de actividad de las personas cuya salud se deteriora.

Madrid no excluye de la atención sanitaria a los migrantes por cuestiones económicas. De hecho, muchos de quienes han recibido esos SMS tienen reconocido derecho a asistencia. El racismo es ese dispositivo de control social que te recuerda el lugar que debes ocupar en la sociedad. Este requerimiento masivo orientado a excluir de atención sanitaria a todo el que puedan y avisar al resto de que si pudieran les excluirían tiene una única función: recordar a las personas migrantes que son ciudadanas de segunda. Quieren que Madrid no sea de los madrileños sino del Partido Popular y de quien el ayusismo tenga en su gracia.

Esa es su forma de gobernar y no debemos consentirla