Opinión
Politizar la vivienda
Por Jorge Moruno
-Actualizado a
Cuando se habla de vivienda suele ponerse el acento en la cantidad, es decir, en cuánta vivienda hace falta en relación con cuánta gente demanda vivienda. Así pues, el precio de la vivienda se deduce de la relación entre la vivienda que se oferta y la vivienda que se demanda: si hay poca vivienda ofertada y mucha vivienda demandada el precio será alto y, al contrario, si hay mucha oferta en relación con la demanda entonces el precio será bajo. Parece simple e intuitivo, pero lo cierto es que el mercado de la vivienda no funciona así.
Puede darse el caso donde haya mucha oferta de vivienda y el precio crezca, como en la burbuja inmobiliaria, porque su precio funciona bajo la lógica de un activo financiero con expectativas a un futuro que siempre vaticina subidas. Puede darse que se dope a la demanda desde los poderes públicos (desgravaciones fiscales, avales a la compra, gasto público para vivienda protegida con el fin de privatizarla) o por los agentes financieros facilitando hipotecas a quienes no tienen la capacidad para asumirlas. También hay un límite natural a la oferta, que es la disponibilidad de suelo y su localización, normalmente vinculado al lugar donde se ubican los centros de trabajo (o determinado por los límites físicos, como en una isla), lo que ayuda a garantizar la ganancia del rentista.
Igualmente puede existir una demanda que no busca comprar para vivir sino comprar para especular o el alquiler turístico, lo cual sube los precios. En cualquier caso, el objetivo político de todas estas medidas es siempre el mismo: garantizar el margen de rentabilidad en la venta de viviendas. Lejos de buscar el acceso a la vivienda, lo que se busca son las fórmulas necesarias para facilitar el endeudamiento ciudadano que sostenga los precios. El Estado interviene los precios, pero para mantenerlos altos convirtiendo en solvente a la demanda insolvente.
Sin embargo, este modelo ya no funciona. No funciona porque es inviable seguir despilfarrando dinero público para dopar la demanda y es inviable porque ya no se ofrecen créditos masivos a familias sin solvencia para acceder a viviendas inasumibles. ¿Y ahora qué? Ahora lo que tenemos, como resultado de décadas de una política enfocada a subir los precios de la vivienda, es un inexistente parque público de vivienda y un inexistente parque de vivienda asequible en alquiler. Según datos ofrecidos por Fotocasa, hace 10 años destinando el 30% del salario se alquilaba una vivienda de 70 m² y ahora se reduce hasta los 39 m² en Madrid y para el 70% de los inquilinos que han conseguido alquilar una vivienda en los últimos doce meses los elevados precios han supuesto la principal dificultad a la hora de encontrar una vivienda en arrendamiento.
Lo que mayoritariamente se ofrece es oferta de mercado ligado a un subdesarrollo en las políticas de bienestar asociadas a la vivienda. ¿Qué sucede cuando en un país que ha puesto tantos recursos públicos en fomentar la propiedad y elevar precios de la vivienda (lo que significa que no lo ha invertido en otros sectores productivos) se encuentra con una imposibilidad estructural para seguir reproduciendo ese esquema? Lo que tenemos es lo que ya vemos: oleada de desahucios, emancipación hundida (en la comunidad más rica de España, Madrid, solo 15 de cada 100 jóvenes menores de 30 años pueden salir de casa de sus padres), estrés financiero asociado al pago de la vivienda (mayoritario entre los inquilinos, pero creciente entre los hipotecados). ¿Y cuál es la receta que se ofrece desde el PP de Madrid para afrontar esta situación? La misma de siempre. Desde el terraplanismo inmobiliario siempre se repite el mismo mantra: hay que liberalizar el suelo para que aumente la oferta y así bajen los precios. Esa secuencia no ha funcionado nunca en ninguna parte del mundo, tampoco aquí con la burbuja inmobiliaria donde la vivienda de mercado no dejó de aumentar a pesar de introducir millones de viviendas. Pero, incluso en el supuesto hipotético de que eso fuera factible, ¿dejaríamos en manos del mercado las dotaciones, lo provisión de servicios (comunicaciones, transporte y servicios públicos) o, como es lógico, deben ser los poderes públicos quienes lideren el diseño urbanístico, sobre todo en un momento de necesaria adaptación a los límites ecológicos? El modelo urbano, al igual que la salud pública, no puede quedar en manos de poderes privados.
Desde el PP de Madrid, se califica como un “modelo de éxito” conseguir que seamos la comunidad con los precios de compra y de alquiler más altos de España, colocarnos a la cola de Europa en vivienda pública, hundir la tasa de emancipación y destinar el dinero de los madrileños para atraer inversiones especulativas que suben los precios de la vivienda. Este modelo de vivienda atenta contra el bolsillo de los madrileños, contra su libertad de elección y contra la salud. Saquea el bolsillo de los madrileños porque les obliga a dejarse una gran parte de su dinero en mantener una economía rentista e improductiva. Acaba con la libertad de elección porque impide a la gente tener autonomía y decidir cómo quiere vivir: se impone la obligación de tener que elegir entre los precios inaccesibles de mercado o vivir en casa de sus padres. Es nocivo para salud porque cuando solo se ofrece la inseguridad del mercado la gente envejece antes por culpa del estrés, cosa que no ocurre cuando se trata de inquilinos que viven en vivienda pública cuando están bien gestionadas.
Para garantizar la libertad de elección, la salud y el dinero en el bolsillo es fundamental ampliar la diversidad de opciones a elegir, garantizar la tranquilidad y seguridad residencial, así como unos precios asequibles a lo largo del tiempo. Solo incorporando al actor público y al actor social como los proveedores de vivienda a una amplia mayoría de la población es posible ofrecer alternativas, seguridad, salud y precios asumibles. Hay que politizar la cuestión de la vivienda. Politizar como sinónimo de cuestionar algo que se asume como lo normal y natural: ¿por qué el mercado tiene que ser el principal proveedor de vivienda? ¿Por qué el actor público y el actor social, a precios regulados, no lo son cuando es una realidad en otras partes de Europa?
Está claro que algo tan serio como la vivienda no se puede dejar en manos del mercado y mucho menos dedicarse a poner los recursos del Estado a sostener los precios de mercado. Son las instituciones, en colaboración con otros actores, las que tienen que proveer de vivienda pública y asequible a la mayoría de la población. Después quien quiera y pueda que compre; es así como funciona un modelo de éxito. Su modelo no funciona y el que Madrid -y España- necesita es el modelo que ya funciona desde hace tiempo en otros países europeos.
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