Rumanía: una decisión controvertida

Rumanía atraviesa en estos momentos la mayor crisis política desde hace 35 años. Se cumple en estos días (23 de diciembre) el aniversario de la caída y muerte del dictador Ceaușescu. Fue entonces cuando el país comenzó un largo y tortuoso camino hacia la transición política, económica y social que con el tiempo le llevaría a ser parte de la UE, y también, claro, de la OTAN. Paradójicamente, también en estos días, y en compañía de Bulgaria, Rumanía se suma al espacio Schengen, un hecho demorado durante años por parte del resto de los socios europeos.

En esta ocasión la crisis de circunscribe a un contexto diferente, pero también con muchas incertidumbres en el horizonte. Rumanía, además de haber sido un país que, al igual que Polonia, ha apostado por el refuerzo de las relaciones euroatlánticas, también se ha caracterizado históricamente por ser profundamente anti-rusa y nacionalista. En la actual situación geopolítica, Rumanía se ha convertido en la punta de lanza de la OTAN en el Mar Negro donde se construye la base militar de la organización atlántica en suelo Europeo, se trata de la base aérea Mihail Kogalniceanu situada a 300 km de la ciudad de Odessa y clave de la seguridad en el flanco oriental de la OTAN. A esta base militar es donde se trasladarán todos los efectivos que ahora operan desde Ramstein en Alemania.

Pero, ¿qué es lo que está pasando en Rumanía? El pasado 24 de noviembre se celebraron elecciones presidenciales en el país balcánico. Durante la primera vuelta de esas elecciones se impuso un candidato poco conocido, Călin Georgescu, un candidato independiente ultranacionalista, alcanzando el 22,9% del voto. En segundo lugar, se posicionó Elena Lasconi, una periodista que dio al salto a la política, primero local, luego nacional, de corte liberal y europeísta. Ni los socialdemócratas del PSD, ni los liberales del PNL, partidos que se han turnado en el poder desde 2012 consiguieron acceder a la segunda vuelta. La gran sorpresa en todo caso ha sido que las encuestas no habían detectado el incremento del apoyo a este líder antisemita y nostálgico de Codreanu y de la Guardia de Hierro.

Fue entonces cuando saltaron todas las alarmas. Ante la sospecha de un posible fraude, inmediatamente después de esa primera vuelta se procedió la revisión de los resultados electorales contando voto a voto, todo ello supervisado por el Tribunal Constitucional Rumano. El resultado de esa minuciosa revisión se dio a conocer el lunes día 2 de diciembre, cuando se estipuló que no había habido fraude electoral y que se podía proceder a la celebración de la segunda vuelta. Apenas dos días más tarde el presidente Iohannis desclasificó varios documentos secretos de la inteligencia rumana donde se establecía que "el crecimiento de las cuentas de redes sociales que promocionaron a Călin Georgescu habría sido coordinada por un 'actor estatal' que habría utilizado un canal de comunicación alternativo para 'hacer circular' los mensajes en la plataforma". Los documentos desclasificados mostraron, según el Ministerio del Interior Rumano, mostraban la similitud entre los patrones de acción de la campaña 'Hermano contra hermano' desarrollada en Ucrania durante las semanas anteriores a la invasión rusa, con la denominada 'Equilibrio y verticalidad' desplegada en Rumanía. Esta similitud ha servido como detonante a, ni más ni menos, que la anulación de todo el proceso electoral.

En primer lugar, si es verdad que se ha mostrado un modus operandi determinado, las pruebas son del todo indiciarias y no concluyentes. En segundo lugar, se han obviado otros factores que también han tenido un efecto en el resultado electoral. Uno de ellos, sin duda, la alta abstención, 52,56% (9.465.257) levemente superior que en 2019, pero extremadamente elevada, lo que denota la anomia y hartazgo de buena parte del electorado. De estos, el 22,9% sería para Georgescu, y el 19% para Lasconi, a solo poco más de 2.000 votos del socialista Ciolacu; el siguiente en la lista fue George Simon, de la formación ultra Alianza por la Unión de los Rumanos, con casi el 14% del voto. Otro dato interesante ha sido el desempeño de la población rumana residente en el extranjero. Georgescu recibió el mayor número de votos en la diáspora (346.000) seguido por Elena Lasconi y el ultranacionalista George Simion. De nuevo, ninguno de los dos partidos turnistas se encontraba entre los más votados por la diáspora.

Estos datos revelan varias cuestiones. La primera, la desmovilización de la ciudadanía, la segunda el desencanto con los partidos mainstream. Si tenemos además en cuenta que desde el año 2020 Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) comienza a tener cada vez más peso sobre la base del descontento de la ciudadanía en temas como la corrupción, la pobreza y el turnismo instalado en el sistema (y que desde entonces Liberales y Socialdemócratas se han aliado en la Coalición Nacional por Rumanía que permite que se alternen los principales cargos políticos y la formación de gobiernos conjuntos) tenemos la foto completa y podremos entender algo más de lo que ha sucedido en estas semanas en Rumanía.

Evidentemente la campaña a favor de Georgescu ha influido en una parte importante del voto emitido en las presidenciales rumanas, pero, desde luego, no ha sido el único determinante del resultado de esa primera ronda. Es por ello que resulta incompresible la anulación por parte del Tribunal Constitucional del proceso electoral. Se trata de un hecho inédito en el marco de un Estado Miembro de la Unión Europea. Un hecho inédito y, añadiría, peligroso para la democracia. Esta situación abre la puerta a situaciones que quizás no sean las perseguidas por el alto tribunal, tales como una movilización superior del electorado y no para apoyar a las fuerzas políticas tradicionales, o, como ya se observa, para ofrecer espacio libre a las narrativas que cuestionan los procedimientos democráticos seguidos por las democracias occidentales. Porque como ya deberíamos saber en las democracias liberales no todo vale, pero lo que es esencial es respetar los procedimientos y actuar sobre la base del estado de derecho y de las pruebas.