Esta reflexión de Mario Benedetti pone un título triste a mi entrada de hoy. Triste porque, al fin y al cabo, la única esperanza de que se haga justicia tras el nuevo indulto del Gobierno a los mossos condenados por torturas, es que se suicidaran, algo poco probable y que, por otro lado, seguiría dejando impunes a los verdaderos responsables.

No hay que olvidar que el Gobierno español que indulta, es el gobierno de la mano dura y el impulsor de un repugnante populismo punitivo que, manipulando las bajas pasiones y apoyándose en reality shows, contra el criterio de todos los juristas demócratas y contra la finalidad de reinserción propia de cualquier sistema penal decente, apuesta por la cadena perpetua como máxima garantía de justicia. Este es el Gobierno que quiere llevar a la cárcel a la gente que protesta pacíficamente y que, sistemáticamente, usa a la fuerza pública para reprimir e intimidar el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación.

Al tiempo que hace estas barbaridades, el Gobierno protege a sus propios delincuentes, sean estos corruptos, defraudadores y evasores fiscales, o desahuciadores de familias. Y ahora resulta que tampoco tiene problema en prostituir su “potestad exclusiva de perdón” para garantizar la impunidad de sus torturadores.

Por desgracia para todos, la imagen de nuestros cuerpos policiales nunca ha dejado de estar marcada por la infamia de la tortura, un mecanismo procesal cuyo uso frecuente ha sido continuamente denunciado por numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Pero el problema, como ya he dicho otras veces, no es que haya policías españoles, catalanes o vascos que torturen; el problema no es la condición moral del torturador. Como nos enseñó Galeano, el torturador no es más que un funcionario eficiente que cumple las órdenes que recibe, y si ayer todo el mundo sabía que las élites políticas son sólo fieles servidoras de sus amos financieros que les garantizan puestos en consejos de administración y unas envidiables condiciones de vida, hoy hemos sabido que los torturadores son sólo fieles servidores de los gobiernos, autonómicos o estatales, que les mandan y les garantizan impunidad cuando delinquen, incluso contra el criterio de los jueces.

Llegados a este punto de escándalo y de burla de la ley, solo queda el recurso a la desobediencia. Ojala, igual que hemos visto a policías negarse a participar en desahucios, viéramos a miles de ellos negándose a permitir que delincuentes ensuciaran los uniformes de un servicio público. Pero no sé si lo veremos esta vez.

Decía Benedetti que el suicidio no redime al torturador pero que algo es algo. Si esta eutanasia se la autoaplicaran sus jefes, nuestro país sería un poco menos triste.