No, los derechos humanos no prevalecen sobre el derecho internacional como dice Feijóo
'Público' conversa con juristas expertos en derecho internacional público y humanitario para dirimir si la afirmación del líder del PP tiene base jurídica. La respuesta corta es que no. La razón: los derechos humanos forman parte del derecho internacional y, por tanto, no son jerarquizables.
Madrid--Actualizado a
Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció una declaración institucional en la que marcó la postura de su Gobierno ante la crisis internacional que se vive en Oriente Medio: "La posición de España se resume en 'No a la guerra'". Durante su exposición, el presidente argumentó su rechazo tanto a la intervención militar de EEUU e Israel en Irán como la respuesta de Teherán a la agresión, y aseguró que era necesario que las partes preservasen las normas recogidas en el derecho internacional.
Una hora después, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, realizó la siguiente afirmación: "Antes del derecho internacional, están los derechos humanos. Y en Irán no se protegen los derechos humanos". La duda que quedaba en el aire era: ¿es realmente cierto que los derechos humanos están por encima del derecho internacional?
La afirmación de Feijóo "no tiene sentido" porque los derechos humanos se encuentran protegidos bajo el derecho internacional
Para resolverla, Público ha conversado con dos expertos en la materia: Javier Roldán, catedrático de Derecho Internacional Público por la Universidad de Granada (UGR), y Carmen Quesada, catedrática de Derecho Internacional Humanitario por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
La respuesta corta de ambos juristas es que la afirmación del líder popular "no tiene sentido", porque los derechos humanos se encuentran protegidos bajo el derecho internacional. En palabras de Quesada, "todo [a lo que Feijóo hace referencia durante su intervención] es derecho internacional". Una respuesta argumentada sobre las afirmaciones de los expertos requiere desmenuzar ambos conceptos.
¿Qué son los derechos humanos?
En su Carta fundacional de 1945, la Organización de las Naciones Unidas estableció su firme compromiso con los derechos humanos. Tres años más tarde, estos quedaron concretados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU y posteriormente ampliada por los pactos de 1966 -PIDCP y PIDESC-. Según el primer artículo de la Declaración, los derechos humanos son aquellos inherentes -es decir, universales- a todas las personas, las cuales "nacen libres e iguales en dignidad y derechos".
Javier Roldán, catedrático de la UGR, explica que la Declaración de 1948 tenía como principal objetivo "el mantenimiento de la paz" después del sufrimiento y la destrucción generado por las dos guerras mundiales que azotaron Europa y Asia durante la primera mitad del siglo XX.
Los expertos coinciden en que es posible que Feijóo estuviera haciendo referencia a la norma que del derecho internacional que impide que un país ataque a otro
Para ello, la ONU, en tanto que foro de encuentro internacional y multilateral, dio forma a varios organismos supranacionales para proteger estos derechos. Lo hizo a través de varios textos, como su Carta fundacional, las sucesivas resoluciones de su Asamblea General, así como en otros tratados y convenios internacionales.
¿Qué es el derecho internacional?
En palabras de la catedrática Carmen Quesada, llamamos derecho internacional "al conjunto de normas y mecanismos jurídicos" que permiten la protección multitud de derechos más allá de las barreras nacionales, lo cuál incluye a los derechos humanos. Incluso, añade Javier Roldán, el derecho internacional "va más allá", al acoger bajo su paraguas multitud de ámbitos, como el derecho internacional humanitario -que determina qué se puede hacer y qué no en la guerra-, o el derecho marítimo -que establece las normas que rigen la navegación-, entre otros muchos.
Siguiendo estas definiciones, la contraposición que realizó Feijóo entre derechos humanos y derecho internacional no parece tener sentido, confirman ambos expertos. Por ello, tanto Quesada como Roldán coinciden al interpretar que el líder del PP no se refería al "derecho internacional" en general, sino a una norma en concreto dentro del derecho internacional y sobre la que suele existir un debate jurídico "y hasta filosófico", afirma Roldán. Se trata de la norma que impide que un país use la fuerza para atacar a otro.
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Público ha pedido al gabinete de prensa de Núñez Feijóo que confirme si la interpretación de los expertos es correcta. En lugar de resolver esta duda, los populares han respondido lo siguiente: "[Feijóo] Se refería a que Irán lleva colgando a homosexuales de grúas durante muchos años sin que la izquierda política y mediática pusiera el grito en el cielo".
¿Es legal atacar un país que no respeta los ddhh?
En el mismo documento en el que la mayoría de los países del mundo se comprometieron a respetar los derechos humanos -la Carta fundacional de la ONU- los Estados firmantes aceptaron no usar la fuerza "contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado", tal y como quedó recogido en su artículo 2.4.
En este sentido, Quesada explica que, tanto la vulneración de las normas que protegen los derechos humanos -artículos 1.3, 55 o 56 de la Carta de la ONU- como de aquellas que prohíben el uso de la fuerza de un Estado contra otro sin justificación -artículo 51-, son agresiones al derecho internacional.
La supuesta defensa de los derechos humanos no es una justificación legal para atacar a un tercer país
Pero ¿acaso existen ocasiones en las que la agresión a otro Estado está justificada? Sí, pero estas excepciones no se dejan al libre albedrío, sino que también están claramente definidas en la Carta de la ONU. En ella se recoge que un Estado puede atacar a otro únicamente en legítima defensa. Es decir, cuando haya sufrido un ataque armado previamente o si este es inminente, como ha venido desarrollando la jurisprudencia de organismos internacionales como la Corte Internacional de Justicia.
La respuesta militar, además, debe ser la única opción disponible que tiene el Estado atacante. Además, no puede atacar con la fuerza que desee, sino que la respuesta debe ser proporcional. Por último, el Consejo de la ONU debe ser informado de dicha agresión previamente. Estos principios forman parte de la doctrina militar de la mayoría de los países de la ONU aunque, por su parte, EEUU lleva años poniendo en práctica una interpretación de legítima defensa "preventiva" -que no "anticipada"- que en ocasiones ha utilizado para justificar internamente ataques a terceros países.
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Así ocurrió con Afganistán o Irak, y su supuesto desarrollo de "bombas de destrucción masivas". Incluso en estas ocasiones, EEUU informó tanto al Consejo de la ONU como a sus compatriotas en el Congreso de EEUU. En el caso de Irán, Trump se ha saltado ambos pasos.
Para muchos analistas y juristas, el ataque de EEUU e Israel a Irán no es, como asegura el presidente de EEUU, Donald Trump, una maniobra de defensa propia. De hecho, su Gabinete ha cambiado varias veces de opinión al argumentar las razones por las que había agredido a Irán. Principalmente, el desarrollo de un plan nuclear para desarrollar la bomba atómica -que Trump dijo haber destruido en junio de 2025 y cuya existencia niega el propio Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA)- , y la defensa de los derechos humanos de los iraníes.
Usar la fuerza para preservar los DDHH
Con todas las definiciones sobre la mesa y volviendo a las declaraciones de Feijóo, la pregunta que queda es: ¿Se puede vulnerar una norma del derecho internacional -la no agresión- para hacer cumplir otra -la protección de derechos humanos? La respuesta de Carmen Quesada es tajante: "No".
Para eso, explica la jurista, "ya tenemos un sistema jurídico específico", como los tribunales internacionales tales como la Corte Penal Internacional (CPI), la Corte Internacional de Justicia (CPJ), así como otras medidas de presión económicas, comerciales o diplomáticas tanto por parte de las naciones como de los diferentes organismos internacionales y multilaterales.
"Nos cuesta entenderlo a nivel internacional, pero a nivel interno lo tenemos mucho más claro", señala la catedrática de la UNED. Para demostrarlo, propone un paralelismo con una situación más cercana. "Imagina que alguien piensa que su vecina está maltratando a su hija. Maltratar a los niños está prohibido por ley. Eso no significa que esa persona pueda entrar a la fuerza en la casa" y, mucho menos, incendiarla con ambas dentro, confirma Quesada.
"Eso es exactamente lo que está haciendo EEUU e Israel en Irán". En este sentido, abunda la experta, el maltrato sería ilegal, como también lo sería destruir la casa donde ambas viven con ellas dentro. Lo correcto sería perseguir ambas vulneraciones del derecho.
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Doble condena y mecanismos
La violación de los derechos humanos de la población iraní es un hecho constatado por múltiples informes de la ONU, Amnistía Internacional o Human Right Watch, entre otros. Uno de los últimos episodios vividos por sus ciudadanos fue la represión por las protestas ciudadanas que tuvieron lugar entre finales de 2025 y principios del 2026. El último conteo realizado por la organización humanitaria HRANA sumaba 6.488 asesinados a manos de la Guardia Revolucionaria y otros comandos armados del Estado iraní.
A estos muertos se han sumado las 1.000 personas que, aproximadamente, habrían fallecido bajo los bombardeados lanzados por EEUU e Israel durante la actual operación militar, llamada "Furia Épica". Algunos de los asesinados eran altos cargos militares y/o políticos de la dictadura iraní, como el ayatolá Alí Jamenei. En otros eran civiles inocentes, como ocurrió en el caso de las 165 personas fallecidas en la escuela infantil iraní bombardeada por la fuerza combinada estadounidenses e israelíes. Una parte importante de ellas eran niñas.
Este balance de civiles inocentes asesinados evidencia que la violencia no suele ser la mejor fórmula para resolver las violaciones de derechos humanos, confirma Roldán a Público. En su lugar, recuerda Carmen Quesada, existen mecanismos jurídicos para impedir que un país viole los derechos humanos, "del mismo modo que existen fórmulas para intervenir en la casa de la vecina que podría estar maltratando a su hija".
La paradoja es que, en ocasiones, los mismos Estados o alianzas de países que rechazan estos organismos son los que más señalan la falta de cumplimiento de los derechos humanos por parte de terceros. El caso más reciente es, precisamente, el de EEUU o el de la UE, que durante los últimos dos años y medio han evitado imponer sanciones a Israel por la comisión de un presunto delito de genocidio en la Franja de Gaza. Ello, pese a que la prevención de este crimen es obligatorio tanto para Bruselas y Washington.
En la misma línea, Hungría faltó a su cumplimiento como firmante del Estatuto de Roma al permitir que Benjamín Netanyahu entrara a su territorio en 2024, pese a que la CPI había ordenado su detención. El 2 de marzo se activó la misma alarma en Alemania, cuando circuló una imagen de un avión gubernamental de Israel en el aeropuerto de Berlín. El Gobierno alemán negó que el dirigente investigado por genocidio se encontrara en su territorio e informó de que el Gobierno israelí únicamente les pidió estacionar el avión en el aeropuerto.
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