Elena Cortés Jiménez

Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Miembro del Consejo Andaluz de IU

Tal día como ayer hace un año, el 18 de diciembre de 2013, el Gobierno de España presentaba ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz apenas tres meses antes. Mariano Rajoy se apoyaba para hacerlo en una prerrogativa presidencial, establecida en el artículo 161.2 de la Constitución, según la cual el jefe del Ejecutivo puede recurrir normas de rango autonómico si considera que invaden su ámbito competencial, quedando suspendidos los artículos impugnados de forma automática y sin que el Tribunal entre al fondo del asunto.

El Ejecutivo forzó la suspensión de los artículos que permitían al Gobierno andaluz hacer uso de sus competencias exclusivas para combatir dos fenómenos social y económicamente inaceptables, haz y envés de la misma lógica criminal aplicada por el capitalismo para vulnerar sistemáticamente el derecho humano a la vivienda al subordinarlo a violentos procesos de mercantilización, acumulación y especulación. Estos dos fenómenos son los desahucios y las viviendas vacías, mecanismos imprescindibles para el sostenimiento del statu quo forjado durante décadas de alianza entre el capitalismo inmobiliario y los sucesivos gobiernos del bipartidismo. Es imprescindible recordar que desde el recrudecimiento de esta crisis-estafa se han producido en Andalucía más de 80.000 desahucios. Y que en Andalucía, donde durante el boom inmobiliario se construyeron un millón de viviendas, hay más de 700.000 vacías. Casas construidas por el pueblo trabajador, a las que el capital ya extrajo su tasa de ganancia, y que permanecen en buena medida en manos de las mismas entidades financieras que desahucian, especulan y combaten a toda costa la función social de la vivienda.

Expropiaciones y sanciones

El recurso del Gobierno provocó la suspensión de las facultades de la Consejería de Fomento y Vivienda para expropiar durante un máximo de tres años a las entidades financieras las viviendas embargadas a familias en riesgo de exclusión social acreditado, evitando con ello su desahucio, así como para sancionar a dichas entidades por mantener viviendas vacías durante seis meses a lo largo de un año.

El Gobierno actuó puntualmente a satisfacción de la Troika y el poder financiero, que se habían pronunciado en público contra la norma de forma taxativa, en lo que seguro era sólo la punta del iceberg de una campaña que en su cogollo fundamental se desarrolló con presiones a puerta cerrada. Pero socialmente llegó tarde para sus intereses. Porque en sólo un trimestre el desarrollo de la Ley había mostrado que el poder político sí puede paliar injusticias, sí puede ponerse del lado de las víctimas de la crisis y hacer pagar un precio a sus causantes. La política sí había podido cambiar las cosas.

Desahucios de clase y de género

La Ley permitió a la Consejería iniciar 39 expropiaciones de viviendas para evitar desahucios de familias en situación extrema. Las familias acogidas a esta medida, en su mayoría encabezadas por mujeres con años de lucha infatigable a sus espaldas, salían públicamente tras la expropiación a reivindicar su dignidad y sus derechos. El triunfo de su dignidad y sus derechos. Era la evidencia puesta sobre la mesa (con nombres y apellidos, rostro y voz) de que los desahucios son agresiones financieras, desahucios de clase y de género, porque se ceban de forma especialmente brutal con las mujeres trabajadoras. Un mensaje insoportable para las élites económicas y sus valedores políticos.

Por los riesgos que entrañaba ese mensaje, además de por el impacto que pudieran tener las expropiaciones y las sanciones sobre los balances de unos bancos regados con cantidades milmillonarias de dinero público, el Gobierno recurrió la Ley. Lo hizo sin dar cuenta del acuerdo tras el Consejo de Ministros. Lo hizo sin anunciarlo, sin avisar. Nadie dio la cara, ni en el Gobierno ni en el PP, para explicar los motivos. Porque no hay motivos confesables.

Un golpe institucional

El recurso de la vergüenza supuso un golpe institucional contra la autonomía andaluza. Su argumentación no era más que un aluvión de ideología neoliberal. Atención: en sus ‘Fundamentos de Derecho’ el recurso señala que la Ley “tiene la virtualidad de poner en verdadero peligro […] la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito […] para conseguir una reducción de la prima de riesgo de nuestro país y comenzar una senda de crecimiento económico”. El Gobierno también sostenía en la impugnación que “no cabe duda de que las medidas adoptadas por Andalucía [..] comprometen gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero”. También llegaba a afirmar que de ceder el derecho “a favor de su función social, desaparecería la propiedad privada para convertirse en propiedad pública”. ¡Vaya, resulta que la tumba del capitalismo estaba en una Ley autonómica…!

El recurso de la vergüenza exhibe en su literatura su desprecio por el cuerpo legislativo en defensa de los derechos básicos. Ni asomo de la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25), ni del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11). También los artículos de la Constitución 33 (función social del derecho de propiedad), 40 (distribución equitativa de la renta), 47 (vivienda digna y adecuada) o 128 (sujeción al interés general de la riqueza del país) quedan subordinados a lo que el Gobierno considera sus textos sagrados, que incorpora sin empacho al recurso: cuatro informes del Banco de España advirtiendo de la fragilidad del sistema financiero y el plato fuerte, el Memorando de Entendimiento que fija las condiciones del mal llamado “rescate financiero” a nuestro país.

Datos falsos

Hoy sabemos que además el Gobierno mintió en su recurso, incorporando datos falsos a un informe de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (la Sareb, al parecer otra autoridad en materia constitucional). Éste es un hecho singularmente grave. El Gobierno basaba buena parte de su recurso en el supuesto daño que la Ley causaría a los activos de la Sareb, que cifraba en 6.379 viviendas en Andalucía, 911 de ellas protegidas. Una vez abierto por la Consejería el expediente por no poner estas 911 viviendas a disposición de los registros de demandantes, la Sareb se desdijo y afirmó tener sólo 98. Casi diez veces menos. Las 911 ­eran “una estimación”, explicaron.

Falsedades y exageraciones ideologizadas se combinaron para forzar a oscuras y por las bravas la suspensión de una Ley que evitaba desahucios en situaciones críticas e imponía obligaciones a los causantes y a los beneficiarios de esta inmensa crisis-estafa. Según el Gobierno, ocurre que la Ley “afecta al contenido esencial del derecho de propiedad”, y eso es competencia estatal. Rechazamos de plano esta interpretación estrecha y ultraconservadora de la Constitución. La Ley es totalmente constitucional. Dos sentencias del TC la avalan. Una de 1987, sobre la reforma agraria, cuando estableció que la función social forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad y que se puede establecer límites al mismo mediante leyes autonómicas. Otra de 1997, sobre la ley del suelo, cuando fijó que el Gobierno no puede imponer una legislación uniforme de la propiedad privada y su función social.

Poder popular

Este uso abusivo y antidemocrático de los mecanismos institucionales ha evidenciado una certeza ya conocida. No es lo mismo gobernar que tener el poder. Es imprescindible poder popular para derrotar a quienes antidemocráticamente blindan sus privilegios a costa del interés general. Sin poder popular y sin movilización ciudadana, el margen de transformación real de las instituciones sufre una merma radical. Por supuesto el Gobierno andaluz no se rinde. Continuamos evitando desahucios a través de nuestras oficinas de intermediación: más de 4.000 en sus primeros quince meses de funcionamiento. Promovemos el alquiler asequible con 26 millones de euros en ayudas en 2015, más de 2 millones dedicados específicamente a familias desahuciadas en exclusión social. Sancionamos a la Sareb y a las entidades financieras que pretenden especular con las viviendas protegidas. Legislamos contra la especulación en las infraestructuras, fenómeno hermano de la especulación con la vivienda.

Pero al tiempo que seguimos dando la batalla desde la institución, alertamos de que para frenar a los causantes de la crisis del ladrillo, ahora esperanzados en reeditar bajo nuevas fórmulas sus operaciones especulativas, es imprescindible la movilización permanente de la sociedad civil. Y la identificación nítida de los culpables de la crisis-estafa, los mismos que bloquean las soluciones a los problemas que ellos han creado. Dicho de otro modo: es necesario que la calle siga al rojo vivo pese a la Ley Mordaza; que continúe parando desahucios; que no haya respiro en la denuncia de las viviendas vacías en manos de la banca.

El Constitucional mantuvo la suspensión cautelar de la norma adoptando la decisión con un informe falso sobre la mesa. En nuestras alegaciones le reclamamos el levantamiento de dicha suspensión cautelar hasta que haya sentencia. Y debe dictar sentencia pronto. Los desahucios son un problema de Estado. Un Estado en el que es urgente acometer un proceso constituyente, radicalmente transformador, que garantice pan, techo, trabajo y dignidad, y que evita atropellos antidemocráticos como el cometido con este vergonzoso recurso. Esa transformación social se libra en muchos campos, entre ellos en la defensa del derecho a la vivienda. No es casual que en 1936 Dolores Ibárruri ya parara desahucios. 25 años después de su muerte, nos mantenemos en su lucha.