Las Fuerzas Armadas españolas tienen espacio hoy para agresores y acosadores sexuales condenados, torturadores, malversadores, consumidores de drogas incluso a maltratadores; no tienen espacio sin embargo para Luis Gonzalo Segura, denunciante de los casos de corrupción de los que ha sido testigo en sus 13 años de servicio en el Ejército de Tierra, quien ha expresado además públicamente su deseo de un modelo de Ejército en el que todos esos delincuentes no tengan cabida.

La Justicia Militar ha permitido hasta la fecha que todos los mandos condenados por acoso y agresión sexual (incluido un capitán condenado por 28 agresiones sexuales o el teniente coronel que acosó sexualmente a Zaida Cantera) sigan siendo militares.

De la misma forma ha permitido que los nada más y nada menos que casi 3.000 oficiales y suboficiales del Ejército del Aire involucrados en el fraude de facturas falsas continúen en su puesto de trabajo (caso en el que ni siquiera hubo prisión para los cien casos más graves, cerrados con multas y prescripciones). Es más, ningún mando ha sido expulsado de las Fuerzas Armadas por malversaciones, ni tan siquiera el teniente que vendió por Ebay casi cien ordenadores sustraídos de los almacenes del Ejército.

Ahondando más en esta forma de actuación, tampoco se han expulsado a altos mandos militares que han llegado a amenazar a la ciudadanía o han realizado manifestaciones pseudofascistas (casos, por ejemplo, como el del teniente coronel Ayuso o el teniente general Mena). Más grave todavía es la exoneración de los seis militares que participaron en la paliza a dos prisioneros en Irak, los cuales siguen desempeñando sus funciones sin ni siquiera haber sufrido arrestos por lo acontecido.

Ante este escenario, precisamente denunciado por el teniente Segura, tanto los 139 días de arresto como la expulsión ya sufridos se antojan más como una venganza que como un castigo y queda más que en evidencia la absoluta falta de proporcionalidad. Toda decisión del Tribunal Supremo que no anule la sanción, teniendo en cuenta además que el teniente Segura utilizó los cauces reglamentarios (informes a sus superiores, denuncias ante la justicia militar e incluso una solicitud de audiencia ante el JEME), a lo único que conducirá será a la legitimación del uso de la justicia interna militar como herramienta de castigo (el teniente Segura no ha sido juzgado nunca en un tribunal militar, sino que fueron sus propios jefes los que le encerraron y expulsaron, no un juez militar).

La situación queda agravada aun más si se tiene en cuenta que un organismo internacional, independiente y prestigioso como Transparencia Internacional destacó en el año 2015 la labor de denuncia y la contribución a la transparencia realizadas por el teniente Segura. Un fallo del Tribunal Supremo contra el teniente Segura sería un fallo contra Transparencia Internacional.

Es importante recordar la cantidad de agentes sociales que se han posicionado a favor del restablecimiento en su puesto de trabajo del teniente Segura en las últimas semanas, así como el deseo expresado en las urnas por el pueblo español en las pasadas elecciones generales del 26 de junio, en las cuales una mayoría amplia de la ciudadanía depositó su confianza en partidos comprometidos con una Ley Integral de protección para los denunciantes de corrupción tras el compromiso adquirido con la Plataforma por la Honestidad por la mayoría de partidos con representación en la Cámara baja.

Un fallo contra el teniente Segura significaría fallar contra la futura ley de protección al denunciante y situarnos de nuevo en el abismo de los cuatro únicos países de la OCDE que castigan en lugar de proteger los Derechos Humanos de estas personas.

Es Luis Gonzalo Segura además un ciudadano comprometido con la sociedad, que está impulsando junto a otros denunciantes como Ana Garrido Ramos, denunciante de la trama Gürtel, Roberto Macías, denunciante de las facturas falsas de UGT Andalucía, una ley que proteja a las personas que deciden denunciar los hechos delictivos de los que son testigos en las instituciones públicas.

Estas personas solo piden que se les restablezca el mismo estatus social y económico que tenían antes de denunciar estos hechos delictivos; no buscan recompensas, tan solo piden justicia y una vida normal, como la que tenían antes de sus denuncias.

Amigos/as de la Sala de lo militar del Tribunal Supremo, tienen ustedes la oportunidad de ser parte importante de la regeneración de las instituciones del Estado. Pueden poner ustedes la primera piedra haciendo justicia el próximo martes 29 de noviembre, simplemente restableciendo en su puesto de trabajo a una persona honesta, decente y comprometida con la sociedad.

Juntos/as lo conseguiremos. Justicia para Luis Gonzalo Segura el martes 29 de noviembre. Por la Honestidad en las instituciones.


Pedro Arancón es presidente de la Plataforma por la Honestidad.