Retórica y pragmatismo socialistas

Se acaba de celebrar el 41 Congreso del Partido Socialista. En sus debates, resoluciones y el discurso de su refrendado Secretario General, Pedro Sánchez, no ha habido un gran contenido estratégico e ideológico. Parece que tampoco se pretendía.

La orientación política está presidida por el pragmatismo que, dada la fragilidad de su representatividad parlamentaria, se puede resumir en ‘hacer de la necesidad virtud’ para garantizar la primacía gubernamental socialista. El cierre de filas en torno a su liderazgo persigue ensanchar su espacio político-electoral para mejorar su poder institucional, con una alusión genérica a algunas preocupaciones ciudadanas y sin mencionar la necesaria colaboración con sus socios actuales.

Por otra parte, es de reseñar la lamentable enmienda aprobada, con gran simbolismo conservador frente al reconocimiento de todo el colectivo LGTBIQ+, que representa una involución reaccionaria respecto de la acordada Ley Trans.

El objetivo inmediato al comienzo de la legislatura era evidente, conseguir su investidura presidencial, con la negociación del apoyo de sus imprescindibles aliados de izquierda y nacionalistas. Para ello era necesario el acuerdo con Junts y, por tanto, aprobar la Ley de amnistía que exigía como condición. Así, con esa necesidad y su justificación comenzaba la primera medida democratizadora y de convivencia plurinacional del nuevo gobierno de coalición progresista. Es el factor que está condicionando toda la legislatura y el posicionamiento de los actores políticos, fácticos y mediáticos, con todas las derechas a la contra. Esa Ley no estaba contemplada en el programa socialista pero enlazaba con la reclamación democrática del resto de grupos nacionalistas y de izquierdas.

Ahora la prioridad socialista es ganar las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2027 y se despliega la retórica de adelantar por la izquierda en confrontación con las derechas. Veamos el alcance de esos objetivos y el sentido de ese discurso, en el actual contexto de ofensiva abierta de las derechas que pretenden alcanzar su hegemonía gubernamental e institucional e imprimir una dinámica reaccionaria.

Las derechas políticas y fácticas -judiciales y mediáticas-, aparte de intentar quitar legitimidad democrática al propio Gobierno, amplían su estrategia de acoso y derribo contra el Ejecutivo y, en particular, al propio presidente del Gobierno y su entorno. Sin suficiente apoyo parlamentario, pretenden apropiarse del Estado y apoyarse en el poder empresarial y ensayan un golpismo blando. Se refuerza la guerra jurídica y mediática iniciada en la anterior legislatura contra Podemos y los independentistas, cuyo objetivo da un paso cualitativo: terminar con la primacía socialista y la gobernabilidad progresista del país.

Algunos dirigentes del Partido Popular, así como de VOX, lo expresan claramente: hay que echar a este gobierno progresista… como sea. Se produce una profunda degradación democrática y ética en unas derechas que se consideran propietarias del Estado y representantes de la patria -española-, que la conciben desde un nacionalismo españolista excluyente, centralizador y autoritario.

Son palabras mayores que, junto con los indultos y la amnistía a los independentistas catalanes, sirve para que una parte relevante del poder judicial consideren esta legítima gestión una ofensa a su primacía corporativa y contribuyan a activar su rechazo al poder legislativo y ejecutivo. Se llega a cuestionar el Estado de derecho y la propia democracia. No importa la crispación política y la desafección ciudadana hacia las élites institucionales, el objetivo es la confusión y la desactivación de las bases sociales progresistas para asaltar el poder gubernamental.

Es el marco de la llamada resistencia socialista a este proceso deslegitimador de las derechas, con métodos antidemocráticos basados en la mentira y la desinformación, con todos los recursos de su poderío institucional y cultural y la búsqueda del aval del poder empresarial y, más allá, de las instituciones europeas y sus aliados internacionales, con Trump a la cabeza.

Queda situado el foco de la pugna democrática, con la interacción de los dos hechos determinantes desde el inicio de esta legislatura, consensuados con los socios de la investidura: la formación y relativa estabilidad de un Gobierno de coalición progresista, a pesar de sus equilibrios precarios, en detrimento de la clase política y fáctica derechista, y el comienzo democrático de la convivencia interterritorial y la reforma plurinacional, frente a una tradición y unos núcleos de poder centralistas y autoritarios.

Han quedado en un segundo plano dos ámbitos que tienen una importancia decisiva para una legislatura de progreso y la legitimidad del propio Ejecutivo. Son fundamentales para las fuerzas de izquierda, para reforzar sus bases sociales y electorales, condicionar las inclinaciones centristas de la dirección socialista y garantizar una gobernabilidad auténticamente progresista, aunque las presiones de las derechas nacionalistas (PNV y Junts) los tienden a rebajar.

Por un lado, la reforma social, incluidas la fiscal, la financiación autonómica y la laboral, con un avance en los derechos sociales, ambientales y feministas, la reducción de la desigualdad -incluidas las de sexo, étnico/nacional y territorial- y el refuerzo de la capacidad adquisitiva y los servicios públicos, especialmente, la sanidad y la educación, así como una vivienda digna. Los resultados son variados pero, en su conjunto y en el mejor de los casos, son limitados y contrastan con una dinámica social problemática y duradera, que afecta, especialmente a las capas populares y precarias.

Es el campo en el que se ha desarrollado cierta retórica socialdemócrata más o menos genérica frente al riesgo de la falta de credibilidad transformadora generadora de desconfianza y desapego de parte del electorado de las izquierdas. No obstante, es dudoso que esa simple retórica, sin avances relevantes y reformas significativas, puedan ampliar la adhesión popular y asegurar una mayor confianza en su representación política y electoral.

Por otro lado, la democratización institucional que, más allá de la amnistía y su lenta y sesgada aplicación, enseguida ha aparecido como fundamental, en particular con respecto a los aparatos judiciales y mediáticos, cuya necesidad había constatado el propio Presidente en su reflexión primaveral. Este ámbito de regeneración democrática que, a diferencia de la reforma social, se había señalado como susceptible de mayor apoyo parlamentario de las derechas nacionalistas, ha tenido escasos avances, en particular con el pacto continuista con el Partido Popular para la renovación del poder judicial.

Además, más allá de los bulos derechistas para tapar sus responsabilidades y neutralizar la autoridad moral socialista, han aparecido hechos contraproducentes de corrupción como el caso Koldo-Ábalos que afectan a su credibilidad. El Partido Socialista aparece a la defensiva, para controlar los daños de la ofensiva derechista y sin un plan convincente de regeneración democrática y menos de participación cívica, articulación de la plurinacionalidad -incluida la financiación autonómica y su gestión progresiva- y regulación del modelo de Estado.

Cabe añadir el continuismo de las políticas de Estado -macroeconómicas, institucionales y de seguridad y defensa- e internacionales, con los compromisos con el consenso liberal-conservador europeo, su retroceso humanitario en materia de inmigración o la subordinación geopolítica y armamentística a EEUU, en el marco de la OTAN y sin autonomía europea. Es el pragmatismo socialista ante el gran poder establecido mundial. Estos ámbitos siempre han sido competencia del ala socialista del Gobierno, normalmente son compartidas con las derechas europeas -las españolas han extremado su oposición destructiva-, pero aparte de su conservadurismo condicionado todavía más por el ascenso ultra en Europa, arrastran algunas complicidades indignas, como la falta de firmeza contra el genocidio del Gobierno israelí en Palestina.

A pesar de cierto envoltorio retórico, el papel de España está bastante alejado de la prioridad por los derechos humanos, la paz y el derecho internacional. Es un campo en el que se mira más hacia la derecha y los grandes poderes europeos y mundiales, y generan una posición incómoda respecto de la ciudadanía progresista y no favorecen la legitimación cívica de las izquierdas.

Por tanto, es aceptable cierta retórica genérica contra el autoritarismo y la ofensiva antidemocrática de las derechas extremas, así como la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, con el acento en mejorar la vida de la gente, con más derechos sociolaborales y frente a la emergencia climática. Pero esos discursos, sin pasos operativos sustantivos y reales, más allá de producir una ilusión momentánea, su incumplimiento puede generar frustración pública. No constituye un nuevo contrato social creíble en beneficio de las mayorías ciudadanas. Y puede ser insuficiente para el objetivo pragmático deseado: activar el voto progresista y de izquierdas y ganar las próximas elecciones de 2027.

En definitiva, el Partido Socialista, como fuerza dominante en el espacio de progreso, no garantiza -por sí solo- el refuerzo de un proyecto igualitario y solidario de país. Su pragmatismo inmediatista de mirar a su izquierda y a su derecha, a la ciudadanía progresista y de izquierdas y al poder establecido, no le permite llevar una estrategia política y de alianzas suficientemente transformadora, persistente y democrática. Más allá de las ilusiones de un ausente hegemonismo centrista y las opiniones demoscópicas en cada momento, este Congreso socialista, en este contexto desfavorable, no asegura un rumbo de consolidación y avance social y democrático; no es bastante esperanzador.

La excepcionalidad española de freno a las tendencias autoritarias y de precarización y austeridad, así como de su avance sociopolítico de progreso tiene que ver con tres lustros de activación cívica igualitaria y democratizadora y articulación de unas relevantes izquierdas transformadoras, hoy debilitadas y fragmentadas, e incluyendo a las nacionalistas.

La solución frente a la nueva ofensiva de las derechas deriva de esa experiencia histórica: participación ciudadana por la igualdad, firmeza en las políticas democráticas y de izquierda y refuerzo de las izquierdas sociales y políticas alternativas. Es cuando se puede convertir cierta retórica socioliberal o ambigua en compromisos prácticos inequívocos con los intereses de las mayorías sociales y el posibilismo inmediatista en una senda reformadora progresista. El Partido Socialista, en cooperación con el resto de fuerzas nacionalistas y de izquierda, debería ocupar su lugar, con una estrategia colaborativa y asumir su responsabilidad histórica compartida por el futuro de progreso.