Reducir la jornada laboral para tener palabra

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, manifestó esta semana que la reducción de la jornada laboral pactada entre el PSOE y Sumar podía esperar. Que no pasaba nada por llevarla a 2026. Dijo que así las empresas tendrían más tiempo para adaptarse. Luego dijo que no debería aprobarse sin garantizarse que dan los números en el Parlamento. Ninguna ley del Gobierno ha sido paralizada por este motivo.

El pasado jueves, el presidente de la patronal le dio las gracias por su posicionamiento. La patronal dejó la mesa de negociación después de que se les ofrecieran 300 millones de euros en ayudas directas, precisamente para facilitar esa transición.

El viernes, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT firmaron el acuerdo de la mesa de diálogo social para reducir la jornada. Tras esa firma la reducción de jornada está lista para pasar su aprobación en el Consejo de Ministros y, posteriormente, al trámite parlamentario, pero el PSOE se niega a avanzar.

La reducción de jornada laboral forma parte del acuerdo de gobierno y es una de las medidas que acompañaron a la investidura. Pedro Sánchez ha presumido de la misma en numerosas ocasiones fácilmente accesibles. Lo ha hecho en discursos parlamentarios y en mítines del PSOE: “Vamos a reducir la jornada laboral”, ha dicho sin parar, seguido de aplausos entusiastas.

Hace apenas unas semanas, el PSOE celebró su Congreso dónde decidió que la jornada laboral debía bajar, no hasta las 37´5 horas que propone el acuerdo de gobierno, sino hasta las 36 horas. Cuesta encontrar los argumentos por los que un partido que quiere llegar a las 36 no quiere llegar a las 37 y media.

Cuesta encontrar argumentos para este giro. Cuesta pensar los motivos. Reducir la jornada laboral sin reducción salarial es una medida que afectará a 12 millones de trabajadores. En su mayoría precarios, en sectores de baja sindicación, mayoritariamente jóvenes y mujeres. Las encuestas dicen que dos de cada tres españoles está de acuerdo con la reducción. Al principios de este año se votó en el Congreso una proposición no de ley impulsada por Sumar para instar al gobierno a la reducción. La proposición salió aprobada con el único rechazo de Vox. El PP se abstuvo. Es una medida con un consenso social y político amplísimo. Y sin embargo, el PSOE ha decidido violentar el acuerdo de gobierno, tensar la coalición y enfrentarse al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y a los sindicatos.

He pensado mucho en los motivos de esta decisión. Me cuesta encontrarlos. Creo que es una mala pelea, de la que muy difícilmente saldrán airosos y que agrupará a la izquierda en defensa de la medida.

Pero no quiero dedicar tiempo a pensar en los hipotéticos motivos por los que esto está pasando. Creo que hay algo más importante sobre los que reflexionar en estas últimas semanas del año. Ese algo es la importancia de la palabra y los acuerdos.

Vivimos en un momento en el que la confianza institucional está bajo mínimos. Esa crisis de confianza es cada vez más grave. La sociedad no sólo no cree a los políticos, sino que no cree en el poder de las instituciones para mejorar su vida. Hace unas semanas una encuesta señalaba que sólo uno de cada diez jóvenes creía que los políticos sabían o podían hacer algo contra el problema de la vivienda. Ese es el escenario.

Una institución tiene fuerza y valor cuando depositamos en ella una cierta confianza que se produce en la vida cotidiana. Creemos en la sanidad pública porque nos cura. En la educación pública porque nos permite tener las herramientas básicas para desenvolvernos en la vida. Creemos en los servicios públicos porque igualan a la sociedad y producen una sociedad de ciudadanos y ciudadanas.

Si los acuerdos de los políticos no se cumplen. Si la palabra dada no sirve, los acuerdos no significa nada, si – por tanto – no hay certezas, no puede haber confianza. Un mundo sin certezas y sin confianza es exactamente el tipo de mundo que hace crecer el voto de la extrema derecha. La extrema derecha trabaja produciendo ese tipo de discurso que corroe las instituciones de protección social.

El PSOE ha desarrollado una hipótesis para esta legislatura, que se podría resumir en que es más importante que pase el tiempo a que pasen cosas. El problema es que ese camino degrada todas las certezas que permiten tener alguna confianza en la acción del gobierno. Y hay gente que puede sobrevivir sin ayuda del gobierno, pero desde luego la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras de este país necesita de instituciones que funcionen y de acuerdos que se cumplan.

Los pactos entre socios se respetan. Es un principio muy básico que no garantiza que las medidas salgan adelante, pero sí garantiza que los principios que levantan la legislatura se mantengan. Se puede perder una votación, pero no se puede perder la palabra.

El proyecto político progresista debería tener en su centro la recomposición de una confianza ciudadana cada vez más rota. Alimentar el cinismo es caminar el camino contrario. Un gobierno progresista no puede permitirse transmitir cinismo.

No hace falta que el PSOE crea en lo que firma, sólo hace falta que lo cumpla. Y sobre todo, que no crea que puede no cumplir con medidas de un calado social importante y que no tendrá consecuencias.