La monarquía como acto de fe

A la monarquía se le ha agotado la ejemplaridad. El que fuera rey de España, la máxima autoridad del Estado durante 39 años, se ha marchado del país por la puerta de atrás, sin rastro de arrepentimiento y sin dar la cara ante los ciudadanos, ante la Hacienda pública ni ante la Justicia (de momento, al menos). Según el escrito que ha remitido a su hijo, el motivo de su marcha es “facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad”.

“Tu alta responsabilidad”. Esa responsabilidad que debería medir al menos lo mismo que la que el propio Juan Carlos ostentó durante casi 40 años y que ahora sabemos con certeza (antes solo intuíamos) que era pura fachada. Tuvo que caerse cazando elefantes en Botsuana en un viaje financiado por un hombre de negocios saudí y acompañado de una amante para que empezara a resquebrajarse mínimamente el muro de silencio que se había levantado en torno a su figura desde que Franco lo designó su sucesor, en 1969, y una vez fue proclamado rey, en 1975. Y para construir un muro así y mantenerlo durante más de 40 años son necesarias muchas manos; las de Gobiernos, empresarios y periodistas, sin ir más lejos; pero también las de la propia familia real, en la que se incluye a su hijo, el actual rey, Felipe VI.

Pero sigamos con la carta. En ella, quien aún es capitán general de las Fuerzas Armadas en la reserva y rey vitalicio -gracias a un decreto de Mariano Rajoy- habla de su “afán de servicio a España”. Y en ese afán de servicio a la patria, huye de ella, justo cuando empieza a investigarse, a raíz de la apertura de una causa judicial en Suiza, el origen y destino de 100 millones de dólares en Suiza, dinero que habría llegado allí como donación del rey saudí -según la versión del emérito- o por el supuesto cobro de comisiones en las obras del AVE a La Meca.

Esos pagos habrían ocurrido en 2008 cuando aún reinaba y gozaba de la protección de la inviolabilidad que le otorga el artículo 53 de la Constitución. Por tanto, aunque hubiera existido delito, no sería condenado por él. Lo que no está prescrito es el movimiento del dinero obtenido, ni la obligación del pago de impuestos desde su abdicación, el 19 de junio de 2014. Y de esto pueden derivarse supuestos delitos de blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda pública que se habrían cometido con ese dinero en Suiza. Porque, a partir de esa fecha, el rey emérito dejó de ser inviolable. Y es imputable en el Tribunal Supremo, donde está aforado y siendo ahora objeto de investigación.

Los presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda pública son traducidos en su carta por el rey emérito como “ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada”. “Acontecimientos” millonarios que sucedían mientras España surcaba la peor crisis económica del último siglo: en 2018, cuando la crisis se daba ya por superada, los hogares en los que no entraba ni un solo ingreso seguían creciendo y totalizaban 617.000 hogares. Mientras, los ultramillonarios –personas cuyos activos netos equivalen o superan los 40 millones de euros- aumentaban ese mismo año en un 4%, llegando a la cifra récord de 1.690 personas. Desconocemos si en ese año Juan Carlos de Borbón formaba parte de este grupo, porque desconocemos también si entonces declaraba o no sus ‘ingresos’ a Hacienda.

La cuestión clave ahora es cómo afecta este episodio a Felipe de Borbón como rey y a la monarquía como institución.

Felipe VI ha expresado "su sentido respeto y agradecimiento” a la decisión de su padre. Y en el comunicado de la Casa Real hace también un reconocimiento a su tarea como monarca. Como en la mayoría de las decisiones sobre la familia real de calado en la ciudadanía, en este caso la rama socialista del Gobierno no solo conocía la salida de España de Juan Carlos de Borbón, sino que la pactó hace semanas, con Carmen Calvo en la negociación, según informó ayer RTVE. Es decir, se acordó previamente y se anuncia un 3 de agosto, primer lunes del mes por antonomasia de vacaciones en España, y cuando Juan Carlos de Borbón ya ha abandonado el país hacia un destino que no se ha hecho público.

Moncloa, junto a los partidos autodenominados “constitucionalistas”, ha cerrado filas en torno a Felipe VI y a la propia monarquía. Carmen Calvo ha vuelto a descartar la celebración de un referéndum para votar el modelo de Estado, algo que habría sido democráticamente sano hace ya tiempo y cuyo rechazo ahora empieza a ser difícilmente justificable. La estabilidad de la democracia no se pondrá en riesgo por celebrar un referéndum, lo que la pone en jaque son los comportamientos presuntamente corruptos de las más altas instancias del Estado. No contribuye tampoco a una convivencia saludable la insistencia en rechazar que los ciudadanos españoles expresen su opinión al respecto, no ya en las urnas, sino al menos en una encuesta con las garantías del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Por lo demás, es casi imposible creer que el actual rey -y el resto de la familia real- no estuviera al tanto del tren de vida de Juan Carlos de Borbón. La asignación anual de 161.034 euros que ha cobrado el emérito hasta 2019 da para algunos safaris en Botsuana, pero teniendo en cuenta que retiraba 100.000 euros al mes de su cuenta en Suiza y que recibía áticos en Londres como ‘regalos’ de sus amigos, dicha asignación parece más bien un mero trampantojo, un gesto de cara a la galería. [A modo de recordatorio, en 2019 el salario medio en España fue de 20.340 euros (brutos, en 12 pagas)].

Otro gesto más, como el de la supuesta transparencia de la Casa Real, cuya rendición de cuentas dista mucho de serlo gracias, entre otras cosas, a una Ley de Transparencia ambigua y poco ambiciosa.

El rey lleva meses actuando de manera reactiva a los asuntos de su padre. El 15 de marzo pasado -el día que España era confinada por el coronavirus y toda la atención mediática y ciudadana estaba puesta en la covid-19-, anunció la ‘renuncia’ a su herencia después de conocerse que era beneficiario de una sociedad offshore creada por el rey Juan Carlos. Sin embargo, esa renuncia no era tal, en todo caso era una intención de hacerlo, dado que el Código Civil no permite renunciar ‘a futuro’ a una herencia. En esa misma comunicación anunciaba la retirada de la asignación anual a su padre.

Semanas después, en junio, The Telegraph desveló que la luna de miel de Felipe y Letizia costó medio millón de euros y que fue pagada a partes casi iguales por Juan Carlos de Borbón y por un empresario catalán amigo del emérito. Sobre este punto la Casa Real aún no se ha pronunciado.

Si dejamos de lado el análisis de las reales finanzas y nos centramos en la cuestión representativa (política), Felipe VI sale, de momento, peor parado que su padre. Simplificando mucho, Juan Carlos eligió impulsar una transición democrática en un momento crítico para España. Su hijo no se ha visto durante su reinado ante situaciones límite como el intento de golpe de Estado del 23-F. Sin embargo, su intervención del 3 de octubre de 2017, en medio de una enorme tensión entre el Estado y Catalunya, fue interpretada como un intento de arbitrar en un asunto en el que el Gobierno de Rajoy había hecho una dejación de sus funciones, y criticada por haber obviado las cargas policiales del 1-O y por no hacer en ningún momento referencia al diálogo entre las partes.

Su discurso acabó reforzando a los ya monárquicos en su percepción del independentismo como afrenta, pero abrió una brecha aún mayor con los no monárquicos. Aunque en intervenciones posteriores ha suavizado su posición respecto al independentismo en Catalunya y se ha mostrado más proclive al entendimiento, esa brecha no será fácil de cerrar; menos entre los ciudadanos más jóvenes, para quienes el papel de la monarquía en la Transición es una página de un libro de texto.

Así pues, vistos los antecedentes familiares y los acontecimientos recientes, la única opción para muchos españoles es seguir reclamando un referéndum para votar entre monarquía y república y, mientras, hacer un acto de fe en Felipe VI, en la procedencia de su patrimonio e ingresos y en su gestión, tanto representativa como financiera; a pesar de que, como escribió Simone de Beauvoir, un acto de fe sea "el más desesperado de los actos”.