Me faltan querellas

La judicialización de la política es y será una pena -me digo y me repito, cual letanía, cada mañana al abrir los periódicos-. Pero, desde hace unos días, después de mis letanías me pregunto por qué, una vez puestos a penar, no penamos todos; por qué la pena de juzgado no se aplica en los dos lados. No tengo ninguna objeción a que se investigue lo que tenga visos de delito o corrupción. Hay que investigarlo todo y no creo en la santidad de ninguna ideología, porque todas son ejercidas o no por seres humanos. El problema es que, en los últimos tiempos, casualmente desde que Aznar pidió la colaboración de todos contra este Gobierno, sólo se están abriendo investigaciones sobre lo aparecido en un determinado espectro político y no sobre lo similar del otro. Así que el foco de la presunción de culpabilidad solo alumbra a un lado y abduce a la opinión pública. En los medios de comunicación y en las redes, en el relato en el que casi todos habitamos, se habla todo el tiempo en bucle sobre lo que está en los juzgados. Por eso -y solo por eso- dedico esta columna a intentar mirar un momento lo que no se está juzgando.

Porque, ¿será que en la derecha no hay nada parecido a las causas que en los últimos tiempos se han abierto? ¿De verdad soy la única que les ve casos tan dignos de investigación como los investigados? ¿Seré yo y mi ceguera zurda? ¿Será una manía mía a los togados? ¿Será que la izquierda está más concienciada sobre no judicializarlo todo?

Por ejemplo: ¿Por qué la fiscalía -o alguien en su nombre- no se querelló contra Miguel Ángel Rodríguez (M.A.R) por difamación y por calumnias por acusarla de cacería política en el caso de Alberto González Amador, -el ínclito novio de Isabel Díaz Ayuso, que ganó dos millones de euros como comisionista de mascarillas en plena pandemia y presentó facturas falsas para defraudar más de un cuarto de kilo (350.951 E), según su confesión escrita-? ¿Por qué nadie llevó a los tribunales la manipulación y la filtración de documentos, por parte de altos cargos de la Comunidad de Madrid, haciendo ver que la confesión de González Amador no era tal, para transmitir una mentira que desacreditaba y sigue desacreditando completamente a instituciones tan fundamentales como la Fiscalía y Hacienda? ¿Por qué no se está investigando en los juzgados a la empresa de la hermana de Feijóo y a la Xunta de Galicia, que ha concedido a dedo nueve de cada diez contratos firmados con ella, en concreto, en 2018, 1.579 por valor de más de siete millones de euros? ¿Por qué Eldiario.es o alguna asociación de periodistas no se ha querellado por amenazas brutales y concretas –"Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar"- de MAR por WhatsApp a Esther Palomera, directora adjunta de ese medio, por informar sobre el fraude fiscal de la pareja de la presidenta? ¿Por qué la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España ni siquiera menciona a este señor en su comunicado de presunta repulsa?

Las fuentes jurídicas consultadas me confirman que todas esas demandas que se me han ocurrido leyendo la prensa son más que factibles, que no son ensoñaciones jurídicas de indocumentada. Además me recuerdan que los Arts. 205 a 216 del código penal, sobre injurias y calumnias, especifican que esas querellas las tiene que interponer la persona agraviada pero que "se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos". Es decir que cualquiera podría denunciar esos delitos en nombre de los fiscales y los inspectores de hacienda calumniados. Ninguna de las dos instituciones involucradas (la Fiscalía y la Agencia Tributaria) tienen protección especial en el código penal, como sí tienen la Corona, las Cortes Generales, las Asambleas Autonómicas, el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, El Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, pero son tan importantes o más que las súper protegidos.

Esos mismos expertos me dicen que la fiscalía ha sido muy escrupulosa en el caso del novio y que ni siquiera sabía que lo era cuando el caso se abrió. La agencia tributaria investiga a cualquiera que multiplique llamativamente sus ingresos de golpe y González Amador los multiplicó por seis en un solo ejercicio. Maxwell Cremona, su empresa, pasó de ingresar 357.773 euros en 2019 a realizar ventas por 2,3 millones en 2020, y 1,3 millones en 2021 de "material sanitario".

Y, escrito lo escrito, enfocado lo enfocado, me viene otra vez esta pregunta: ¿será que la izquierda de este país está más concienciada de la destrucción masiva que implica la judicialización de la política o será que no acude a los tribunales porque la probabilidad de que se archiven sus denuncias prospectivas es exponencialmente mayor a la de las presentadas por conservadores, porque los jueces mayoritariamente lo son y están en batalla confesa con este ejecutivo desde que aprobó la amnistía independentista?

Dejo la respuesta al lector y también sus conclusiones sobre si en España hay lawfare (guerra judicial en castellano) o no. Pregúntense si faltan querellas o soy la única a quien le están faltando. Y claro, según sea su respuesta, lo mismo también se preguntan qué significa, hoy, aquí, la palabra justicia.