Investidura judicial

Los resultados electorales del 23 de julio dan lugar a un Congreso fuertemente dividido. En principio, no es obvio que ninguno de los dos grandes bloques -conservador y progresista- puede obtener la mayoría simple de apoyos parlamentarios necesaria para investir a un candidato. En la matemática variable de esos resultados pueden ser decisivos los votos de los siete diputados electos de Junts, el partido nacionalista catalán que, aparentemente, dirige Carles Puigdemont desde Waterloo.

En este panorama, las opciones de Pedro Sánchez para repetir como presidente del Gobierno pasan por negociar con el independentismo catalán que, a cambio de su apoyo, previsiblemente exigirá concesiones relacionadas con la situación de los investigados o condenados por acciones relacionadas con el proceso independentista y con el derecho a decidir. Es un marco difícil para el Gobierno en funciones que, sin duda, complicará aún más la actitud de los altos órganos de la justicia española.

En efecto, a las pocas horas de conocerse los resultados, los fiscales del Tribunal Supremo encargados del juicio contra los líderes del procés hicieron su primer movimiento: pedir la reactivación de la causa contra Carles Puigdemont y Antoni Comín. Hay que decir que este asunto estaba suspendido: al ser elegidos eurodiputados ambos pasaron a tener inmunidad parlamentaria. El Parlamento europeo, a petición del juez Llarena, concedió el suplicatorio y levantó esa inmunidad para que pudieran ser juzgados por su participación en los hechos en torno al 1 de octubre de 2017.

Ambos recurrieron esa decisión ante la justicia europea que acordó que, provisionalmente, mientras se resolvía el caso, volvían a tener inmunidad. El magistrados instructor del Supremo tuvo entonces que retirar la orden de búsqueda y captura internacional contra ellos. Sin embargo, el pasado 5 de julio, el Tribunal General de la Unión Europea -que es la primera instancia para estos temas- dictaminó que el suplicatorio estaba bien concedido, dado que los hechos eran anteriores a que se convirtieran en diputados y no se apreciaba persecución política.

Tras la sentencia europea, Puigdemont y Comín dejaron de tener inmunidad parlamentaria. Es cierto que han presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el órgano superior. En ese recurso podrían pedir que, como medida cautelar, se les mantenga provisionalmente la inmunidad pero, entre tanto, es cierto que en este momento no la tienen. Eso es lo que han aprovechado los fiscales del Supremo para pedir que se vuelva a emitir una orden de busca y captura internacional que lleve a pedir ya sea la extradición de ambos líderes políticos catalanes, ya su entrega inmediata mediante una orden europea de detención y entrega.

Hay que destacar que estos fiscales no obedecen órdenes del Gobierno, sino que actúan motu proprio en su papel de defensores de la legalidad. De hecho los cuatro fiscales, encabezados nada menos que por Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal, tienen un conocido perfil conservador y pueden ser acusados de todo menos de ser cercanos al gobierno actual. Su iniciativa, aunque esté evidentemente guiada por motivos políticos, no puede ser calificada jurídicamente de ilegítima. En cuanto al manejo de los tiempos, estos fiscales pueden alegar que no lo hicieron antes para no interferir en la campaña electoral. Sin embargo, tampoco era inevitable realizar la petición en este momento.

Anunciar al amanecer del día después de las elecciones que se va a intentar traer a Puigdemont a España para juzgarlo es una manera de transmitir un mensaje político claro: la justicia española no solo no va a permitir ninguna concesión al independentismo sino que va a boicotear activamente cualquier intento del gobierno en funciones de llegar a un acuerdo.

En este asunto nuestros jueces han demostrado ya que están dispuestos a todo para perseguir al independentismo, incluso saltándose la ley si hace falta. Desde el principio, el Poder Judicial ha encabezado una auténtica cruzada contra el independentismo catalán. Tras el 1 de octubre se eligió a un grupo de líderes aleatorios para que sirvieran de cabeza de turco. Se los acusó de delitos construidos especialmente para ellos. Se les acusa de desobediencia por no acatar la orden (bastante dudosa desde muchos planos) que les dio un tribunal de no sacar urnas de plástico a la calle y con su propio censo hacer una consulta popular jurídicamente inane.

Se les acusa de malversación sin que se conozcan unas cantidades específicas de dinero malversadas ni se haya podido seguir ninguna pista contable de las mismas. Se los imputó por rebelión para poder quitarles sus cargos políticos antes de juzgarlos y fueron finalmente condenados por un delito de sedición inventado especialmente para ellos que consiste en protestar de manera coordinada contra el sistema político. En esta persecución, que tiene mucho más de política que de jurídica, los fiscales del Supremo han tenido siempre un papel protagonista. Su momento estelar fue terminar el escrito de acusación, invocando el discurso del rey el 3 de octubre y poco menos que diciendo que era el propio monarca el que exigía condenarlos.

Todo este proceso se ha basado, pues, en una perversión material del sistema judicial respetando, sin embargo, sus formalidades. Por eso no ha quedado más remedio que acatar las sucesivas decisiones de nuestros tribunales, independientemente de su evidente motivación política. Frente a unos jueces que se atribuían el papel de defensores de la patria y aplicaban la ley de manera sesgada, la única reacción posible -sin romper el Estado de Derecho- es cambiar las leyes para intentar evitar que las usen de excusa para sus propósitos espurios. Pero incluso eso es difícil si están dispuestos a retorcer a su antojo la letra de la ley.

De hecho, la mayoría parlamentaria de la legislatura que ahora acaba utilizó legítimamente su poder para cambiar las leyes y adaptarlas a su visión de la realidad del país. Las Cortes españolas aprobaron una reforma legal que acababa con el delito de sedición y con el de malversación en los casos en los que los gestores públicos no se hubieran enriquecido ilícitamente. Cabalmente entendida, esa reforma implicaba la imposibilidad de perseguir no solo a Puigdemont y Comín sino también a muchos cargos intermedios de la Generalitat más que por el delito de desobediencia, que no implica penas de privación de libertad.

Pero la ley nunca es obstáculo para estos jueces justicieros. Con el apoyo nuevamente de los cuatro fiscales de marras, el juez Llarena decidió entonces que en los políticos que aplican de manera financieramente irregular una medida coincidente con su programa político hay siempre ánimo de lucro. Así que mantuvo la imputación por malversación para tener una manera de seguir intentando llevar a la cárcel a los independentistas. Da igual lo que digan el Parlamento y la ley.

En este contexto, la reactivación de la orden de busca y captura contra Puigdemont es un mensaje político. Un aviso tanto al Gobierno como a Junts de que estos jueces y fiscales van a hacer todo lo posible por provocar la repetición electoral y acabar con el sanchismo.

Es muy posible que la reactivación de la causa se quede en nada, ya sea porque se dicten nuevas medidas cautelares o porque Bélgica decida no colaborar. Pero eso no importa, porque el mensaje es político. Por si hubiera alguna duda, casualmente el mismo día, justo tras conocerse los resultados electorales, el juez Llarena ha decidido que ya tiene completa la causa contra Clara Ponsatí y el Tribunal Supremo puede iniciar el juicio contra ella. A nadie le cabe duda de que, controlando los tiempos, lo hará en el momento que más le convenga a la estrategia política derechista.

Frente a todo esto el Gobierno solo puede responder indirectamente. Cualquier acción directa tendente a limitar la intervención política de los jueces sería interpretada como un ataque a su independencia.

Las garantías del Poder Judicial están pensadas para defender a los jueces —imparciales e independientes— de las presiones de los órganos políticos que intentan evitar que cumplan la ley. Sin embargo ,poco remedio hay cuando es la judicatura la que actúa como un poder político que, saltándose la ley, intenta pervertir la democracia. El problema de Polonia o de Israel es justo el contrario del español. Allí los jueces son la garantía de que incluso los poderosos están sometidos a la ley. En nuestro país, por desgracia, la cúpula judicial ha decidido desvincularse de la letra de la ley. Ha definido a sus propios enemigos: básicamente independentistas, pero también radicales de izquierda. Y utiliza su descomunal poder para perseguirlos. Sin pudor.

No hay que olvidar que estos jueces no han llegado a su alta posición por un sistema de méritos. Bien al contrario, en España los jueces acceden a la carrera judicial a través de una oposición difícil pero transparente y limpia basada exclusivamente en sus méritos. Pero al Tribunal Supremo acceden por un nombramiento discrecional del CGPJ, no tanto por sus capacidades personales como por los contactos políticos que tengan. Son estos jueces, nombrados a dedos por un órgano político y controlado ilegítimamente por la derecha, los que ahora quieren determinar la investidura del próximo presidente del gobierno.

Por el bien de la democracia hay que evitar que lo consigan.