Ni el Gobierno de Venezuela ni la presión bélica externa. El “caso Venezuela” desde la perspectiva del Derecho

He dicho presión “bélica” externa y lo mantengo, porque la expresión “bélica” no significa solo guerra al estilo tradicional, una guerra de soldados y armas convencionales, sino también el uso de todo tipo de medios para el derribo de un régimen político y sus gobernantes. Hay guerras cruentas y guerras blandas. De la misma manera que ahora los golpes de Estado no son siempre obra de militares y bien los sabemos en la España actual, donde se intenta un golpe de Estado -digamos de guante blanco- por obra de la confabulación de partidos políticos, determinados jueces y magistrados y conocidos medios de comunicación. Tres en uno que no paran de presionar con una organización orquestada de manipulaciones y mentiras difundidas para conseguir que un golpe de Estado blando derribe al actual legítimo, constitucional y legal Gobierno de coalición.

Ni la presión bélica externa de potencias extranjeras

El Gobierno Maduro lleva una parte de razón cuando proclama la injerencia de grandes potencias en el interior de Venezuela con artimañas de todo tipo para desestabilizar el régimen político; situación que no sufren en una medida semejante otros Estados. “Están metiendo sus narices en los asuntos internos de Venezuela” -se queja Maduro- “¿Por qué tiene que ser en Venezuela?” “¿Por qué no otro lugar?”

Pero el problema de la presión externa contra Venezuela no para en la guerra blanda contra un molesto régimen bolivariano, sino en el sufrimiento de la sociedad venezolana por causa de las intervenciones externas, especialmente los bloqueos y embargos, que provocan un daño enorme a la salud y al bienestar de los venezolanos, que en un alto porcentaje padecen de hambre. El Gobierno venezolano, sí, debe ser criticado y resistido, pero no la sociedad civil del país. Los venezolanos/as han sufrido y sufren constantes zarpazos del exterior: cierre de cuentas bancarias, retirada de relaciones comerciales de empresas, limitaciones o anulaciones en las importaciones, incluyendo recursos necesarios, limitaciones o anulaciones de exportaciones, dando lugar a que no puedan exportar sus grandes riquezas naturales, etc., etc.

Organizaciones internacionales y muchos Estados se rasgan las vestiduras criticando el genocidio de la sociedad civil palestina perpetrada por Israel. Pero, al parecer, el sufrimiento de los civiles venezolanos es de otra naturaleza. El hegemón, Estados Unidos, bien que sabe distinguir entre tiranos amigos, que sojuzgan a sus pueblos, y gobiernos díscolos, como el venezolano, que no siguen las pautas marcadas por la (todavía) primera potencia mundial. Expuse la doble vara de medir de Estados Unidos, con el análisis de numerosos casos, en mis libros Barack Obama y la teoría de la guerra justa y Los neoconservadores americanos y la doctrina Bush. Diccionario crítico ideológico (en colaboración con el profesor Juan Jesús Mora).

Ni el Gobierno venezolano presidido por Maduro

Maduro es un consumado actor de las verdades a medias. Dice lo que le interesa y oculta lo contrario. La conclusión es que falla la justificación de su discurso. Por muy mal que según él se comporten la oposición interna y la presión externa nada justifica que no se publiquen las actas oficiales de las elecciones, que hasta sus tradicionales amigos mandatarios de Bolivia, Colombia, Brasil y México le están insistentemente exigiendo. Aprovecho la ocasión para decir desde una perspectiva jurídica lo que no veo reflejado en gran parte en la masiva información actual sobre Venezuela:

PRIMERO: Venezuela tiene un excepcional -no existe en otros país- sistema electoral basado en una nueva tecnología punta, que permite copias de las votaciones dispensadas a los órganos electorales, a los interventores de los partidos políticos y a los testigos de los candidatos presidenciales, lo que ha dado lugar a que líderes de la oposición, como Edmundo González o Corina Machado, hayan exhibido algunas copias. En España no disfrutamos de este sistema electoral: nadie recibe copias de la votación.

SEGUNDO: La atribución del hackeo a la máquina electoral al Gobierno Maduro carece de pruebas

TERCERO: Maduro no debió presentar un recurso ante el Tribunal Supremo de Venezuela antes de que el Consejo Nacional Electoral cumpliera el plazo para resolver y el Tribunal Supremo no debió admitir a trámite el recurso de Maduro por las mismas circunstancias. En el Derecho son muy relevantes los plazos, porque un defecto formal grave, como es la inobservancia de los plazos, puede provocar la nulidad de todo lo actuado. Por otra parte, Maduro tampoco debió de recurrir ante el Tribunal Supremo, porque la sala electoral del mismo contempla como causa de recurso “conocer las demandas contencioso electorales que se interpongan contra los actos, actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral” (art. 27 de la ley orgánica del Tribunal Supremo). Y precisamente el órgano máximo del Poder Electoral es el Consejo Nacional Electoral, que le ha beneficiado proclamándole presidente electo de Venezuela, sin ni siquiera publicar las actas electorales. Todo un histriónico esperpento del candidato Maduro, que demuestra que no tiene ni idea de la finalidad del Derecho y sus procedimientos.

CUARTO: La oposición política de Venezuela proclama insistentemente que ambos órganos, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo “están politizados”. El Consejo Nacional Electoral venezolano es evidentemente un órgano politizado, como proclama la oposición, como también lo es su equivalente en España, nuestra Junta Electoral Central, que aún está más politizada que aquél, porque en la Junta española la mitad de sus miembros son designados por los partidos políticos, mientras que en el Consejo venezolano tres de sus cinco miembros son elegidos directamente por la sociedad civil. (art. 296 de la Constitución). E igualmente el Tribunal Supremo de Venezuela es un órgano de justicia politizado, como también están politizados nuestros altos tribuales de justicia en España, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, cuyos miembros o son directamente designados por los políticos o indirectamente por el asimismo politizado Consejo General del Poder Judicial formado por miembros elegidos por los políticos. En muchas páginas de la prensa actual se critica que los máximos órganos venezolanos electoral y judicial respaldan a Maduro. Sí, efectivamente. ¿Quién lo niega?. Como en buena parte de las denominadas democracias avanzadas. Seamos equitativos en el análisis jurídico comparativo.

QUINTO: La exigencia jurídica (exigencia, no recomendación) de observadores externos del proceso electoral no está contenida en el ordenamiento jurídico venezolano. Tampoco en Estados de democracia avanzada. No obstante, el Consejo Nacional Electoral venezolano permitió la observación del proceso electoral a una Delegación de Naciones Unidas y a la Fundación Carter. Sí, por el contrario, es exigible la presencia de los interventores de todos los partidos políticos participantes en la elecciones a órganos de representación política y de los testigos de los candidatos en las elecciones presidenciales, que son quienes tienen la competencia de vigilar in situ la legalidad y la transparencia del proceso electoral y de incoar recursos ante los Consejos o Juntas Electorales. En Venezuela así se hace en las elecciones.

Debe haber causado cierta suspicacia a los simpatizantes con el Gobierno Maduro que la Fundación Carter (la de un expresidente de Estados Unidos) haya inspeccionado las elecciones, cuando Estados Unidos es el principal adversario del régimen bolivariano y el mayor causante de las desgracias, en las que a duras penas sobrevive el pueblo venezolano.

SEXTO: El Gobierno Maduro debió de apremiar desde el primer momento la publicación de las actas electorales y el Consejo Nacional Electoral publicarlas de inmediato. Tenían que hacerlo por tres razones. La primera es la razón jurídica. El Consejo Nacional Electoral, como cualquier órgano público, debía motivar su resolución y ante una contienda electoral no hay otra posibilidad de motivación que la publicación oficial de las actas por el órgano competente. La publicación es el único necesario elemento verificador de la victoria del candidato. La segunda es la situación socio-política de Venezuela, asaeteada por vociferantes interiores y exteriores prestos a proclamar una enorme rotura donde simplemente haya un descosido. Era necesario acallar cuanto antes la crítica interna y externa contra la manipulación electoral, que progresivamente iba aumentando la desconfianza en Maduro. La tercera provenía del propio sistema electoral del país, que dispensaba además del voto depositado por el elector en la máquina para el conteo posterior del Consejo Nacional Electoral las actas de los votos de cada mesa electoral a los testigos de la misma. Uno de los candidatos, Edmundo González, exhibió parte de estas actas recogidas de la mano de sus testigos simpatizantes en una web de libre acceso. Por cierto, un candidato, al que denominan jefe de la oposición, invitado por la máxima autoridad en política exterior de la Unión Europea a participar en una reunión del Comité de Ministros de Asuntos Exteriores, una de las principales instituciones de la Unión. La actitud beligerante de Borrell contra Maduro explica que éste le dirija gruesas palabras en sus discursos. ¿Actúa Borrell dentro de las competencias de su cargo? ¿Es autoridad en política exterior en América latina? ¿El reconocimiento de un presidente de un Estado latinoamericano depende de la Unión Europea (y demás organizaciones supraestatales) o de cada uno de los Estados?

Tres poderosas razones que lleva a un dilema: o el Consejo Nacional Electoral publica las actas electorales o Maduro perderá toda credibilidad. Y el fantasma del fraude electoral tomará cuerpo en una lucha sin fin previsible entre los venezolanos.

No vale el argumento del Gobierno de que se le exige a Venezuela lo que no se exige a otros países, especialmente los afectados por tiranías endémicas, incluso amparadas por Estados Unidos con una política permisiva que Estados Unidos no concede al Gobierno venezolano. Todos entenderán que el régimen se encierra en sí mismo, ofreciendo ciertas motivaciones que no son suficientes ni tienen justificación fuera del ámbito gubernamental del país y sus aliados. Máxime cuando la ocultación de las actas electorales va acompañada de la opresión gubernamental deteniendo a numerosos miembros de la oposición. Con esta actitud el Gobierno se echa aún más tierra sobre sí mismo.

¿Solución del problema?

¿La presión de las potencias extranjeras sobre el Gobierno Maduro? Ya conocemos los resultados de la influencia ejercida por medio centenar de Estados reconociendo como presidente de Venezuela a Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, en enero de 2019. Un estrepitoso fracaso, además de constituir un disparate jurídico contra la Constitución venezolana. Ahora once Estados afirman no reconocer la resolución del Tribunal Supremo venezolano, con Estados Unidos a la cabeza, el gran saboteador de los regímenes políticos de los Estados díscolos (algunos de ellos declarados por él terroristas por el mero hecho de no entrar en la vereda señalada por el hegemón). El gran “padrino” de sus “fieles y eternos amigos”, como Israel, de los que no duda en acompañarles en el genocidio de su adversario político. ¿De nuevo una conspiración de Estados darán el paso de reconocer a un nuevo presidente alternativo de Venezuela? Es posible. La historia se repite.

¿Nuevas elecciones? No. Menos ahora cuando el Gobierno Maduro ha sido sacralizado jurídicamente por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Venezuela.

¿Un diálogo entre las partes contendientes? No. También menos ahora cuando las espadas están demasiado en alto.

¿Mediadores para encontrar una solución? Muy difícil. Hasta el mediador expresidente español Zapatero guarda silencio. Tendrían que darse dos circunstancias para una aproximación -solo aproximación- al diálogo. La primera es el paso del tiempo que vaya curando las heridas, un tiempo considerable. La segunda, el consenso de ambas partes de la dividida sociedad venezolana sobre un mediador o una lista de mediadores, de nuevos mediadores, en la que probablemente ya no estén los que han desempeñado esta complicada función hasta ahora.