Garamendi se burla de la exclusión

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lo ha vuelto a hacer: se ríe de quienes peor lo están pasando. El tono despectivo y burlón que emplea en sus críticas a medidas propuestas desde el Gobierno para aliviar las calamidades que sufren el creciente número de familias en riesgo de exclusión es intolerable. Con esta actitud, flaco favor le hace al colectivo que representa, mostrándolo ante la opinión pública como un empresariado despiadado al que poco o nada le importa la clase trabajadora, más allá de las horas que la explota.

La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz quizás debería madurar más en el seno del Consejo de Ministros propuestas como la que lanzó de llegar a un macro acuerdo de topar el precio de una veintena de productos de primera necesidad en la cesta de la compra. Al no haberlo hecho y darse de bruces con otros ministros, la iniciativa se presta a quedar como una ocurrencia. Éste, sin duda, ha sido el primer error que se ha producido.

Sin embargo, el nuevo patinazo entre socios de coalición no justifica en modo alguno la manera en que Garamendi, con un tono tan jocoso como insultante, se burló de la propuesta. "¿Por qué en vez de 20 o 30 no lo hacemos con 200 productos?", ironizó ayer durante una entrevista. El presidente de la patronal no pierde ocasión para cargar contra cualquier medida del Gobierno que busque detener abusos de una parte del empresariado.

El intervencionismo que rechaza frontalmente Garamendi es el mismo que alivia los bolsillos de quienes llenan los depósitos de sus vehículos o quienes ven cómo se ha reducido el recibo de la luz. De haber sido por él, millones de españoles y españolas lo estarían pasando mucho peor. Algunas de estas personas ya fueron tachadas de tontas por parte de otro capo empresarial, el presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán, que acostumbra a menospreciar a las clases más vulnerables.

Es legítimo que la CEOE defienda sus intereses, como lo es que los sindicatos lo hagan con la clase trabajadora; es la base del diálogo social que tanto ha tratado de impulsar Yolanda Díaz. Sin embargo, simplificar la miseria que asola a más de una cuarta parte de la población española no es de recibo, como tampoco lo es haberse beneficiado del intervencionismo del Estado con los ERTEs y luego descalificar las medidas correctoras que propone introducir el Ejecutivo.

Escuchaba ayer a algunos tertulianos hablar de esta iniciativa, poniendo encima de la mesa la entrega a los colectivos más vulnerables de cheques de compra de determinados productos, precisando que "ya se hace en países del Tercer Mundo". El desconocimiento del nivel de pobreza y desigualdad que tenemos en España es pasmoso, puesto que desde hace años hay regiones que entregan tarjetas monedero para comprar productos de primera necesidad. No es preciso mirar a los países en vías de desarrollo, basta mirar, por ejemplo, a Andalucía.

Cuando Díaz afirma que "la patronal española no está a la altura de su país" y es acusada por la CEOE y el PP de no ser imparcial no es una descalificación -aunque ellos lo pretendan-, sino más bien un elogio. El Ministerio de Trabajo no ha de ser imparcial, ha de velar por el bienestar tanto de empresas como trabajadores, buscando el equilibrio entre ambos porque de tal balance depende el bienestar económico y social del país. Cuando una de las partes aprieta de más, dar un toque de atención es tan recomendable como justificado. ¿Por qué la derecha no reclama imparcialidad cuando Díaz baja en varios puntos porcentuales las pretensiones de los sindicatos de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)? No hay mayor parcialidad que la de quien acusa a otro de serlo con un rasero a la carta.