En España, los jueces como los curas

El Padre Hilari Raguer, monje de Montserrat, recordaba cómo -en su tiempo- el privilegio real de nombrar obispos había sido positivo para evitar que se promocionara a obispos integristas. Por contra, el sistema de cooptación durante la Dictadura de Primo de Rivera -los obispos escogían a los nuevos obispos- significó el ascenso de los obispos más extremistas. Obispos de extrema derecha que se significarían por ser feroces antirrepublicanos primero y luego por teorizar y defender la Cruzada Nacional.

Raguer confesaba que no se había percatado de esta cuestión. Fue el Padre Batllori quien le hizo darse cuenta de lo terrible que fue ese sistema de cooptación. El privilegio real promocionaba obispos monárquicos moderados. La cooptación promocionaba furibundos sacerdotes al obispado o sacaba a estos de diócesis menores para otorgarles las diócesis más importantes y poderosas. Así ocurrió por ejemplo con el Obispo navarro Irurita. De Lleida a Barcelona. O al catalán Gomà, de Tarazona a Toledo. Ambos con un sesgo tan derechista que rehusaban paz alguna ante el Papa. Querían el exterminio. Rechazaban escuelas para pedir fusiles. E hicieron colectas por Europa para presuntamente ayudar a los necesitados, colectas que a la postre se destinaron a adquirir armamento para Franco.

Eso mismo ocurriría con los jueces si fueran sus gerifaltes los que nombraran a los magistrados para el Tribunal Supremo, el CGPJ o el Constitucional. Se acentuaría el sesgo derechista. La judicatura es muy mayoritariamente conservadora. Sólo hay que ver que la discusión en el Juicio del 'Procés' fue entre los que apostaban por la sedición y los que pedían rebelión. El fiscal del Supremo Zaragoza tras la sentencia siguió a lo suyo reivindicando el tipo penal de la rebelión. E incluso se fue al Parlamento europeo a contar su teoría de la mano de una asociación próxima a Vox.

Nada que ver con lo que luego dirían los magistrados progresistas del Constitucional. Esto es, que a Marchena y compañía se les fue la pinza y que, como mucho, se debería haber enjuiciado a los 'consellers' por desobediencia. Pero no por el tipo penal de la sedición. Hoy derogada por su difícil encaje en el ordenamiento europeo y contra el que se estrelló Llarena mientras el delito estuvo vigente.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto una polémica sobre la renovación del CGPJ a favor de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, sancionando la omisión del Tribunal Constitucional. Pero eso es lo menos relevante. Lo trascendente es la polémica que subyace en el fondo del asunto. La lucha por nombrar y designar jueces. Dejarlo en manos de éstos significa, simple y llanamente, promocionar a los conservadores. Y una izquierda que se precie de serlo debería siempre mantener ese pulso teniendo muy presente las consecuencias de tener unos jueces en la cúspide que compartan las tesis del fiscal Zaragoza o de señores como el expresidente del Constitucional Francisco Pérez de los Cobos. Toda interpretación -y eso hacen los jueces- irá siempre en la misma dirección. Con ahínco. Sin olvidar, además, que estos -si mucho les conviene- no dudarán en tomar partido y enfrentarse con todo al Ejecutivo, retorciendo la voluntad legisladora del poder legislativo.