La energía como derecho

En las últimas dos semanas se han producido dos acontecimientos clave en relación con la pobreza energética: el anuncio, por parte de la Ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, del inicio de la elaboración de una nueva estrategia contra la pobreza energética que establezca las bases y las herramientas para abordar este problema; y la segunda, el fracaso parlamentario del decreto ómnibus del que dependían, entre otro montón de cuestiones, la prórroga de las medidas excepcionales de protección de los hogares vulnerabilizados frente a la pobreza energética.

A pesar de que los principales partidos y los medios de comunicación han puesto el foco en medidas como la revalorización de las pensiones o los descuentos en el transporte público, el decreto ley contenía dos importantes medidas en materia de lucha contra la pobreza energética: la prórroga de la prohibición de cortes de agua, luz y gas en hogares vulnerables por motivo de impago y la ampliación de los descuentos en la factura eléctrica del bono social eléctrico. ¿Cómo es posible que algo tan básico y esencial como asegurar el acceso al suministro eléctrico de la población más vulnerable pueda estar al albur parlamentario en un contexto de guerra sin cuartel?

Estas medidas de protección se habían ido prorrogando semestral o anualmente según la ocasión, y las entidades sociales ocupadas en denunciar y combatir la pobreza energética, como la Alianza contra la Pobreza Energética, llevábamos años pidiendo su consolidación. Es decir, avanzar en una concepción de la energía como derecho y no como un bien de mercado sujeto a fines especulativos y de maximización del lucro por parte de unas pocas empresas, que además está sujeto a las batallas políticas y a la desinformación.

Una semana más tarde del fracaso del decreto ómnibus, parece que el Gobierno y Junts llegaban a un acuerdo para trocear el contenido de la norma y aprobar primero las medidas sociales en un solo real decreto ley, incluyendo las dos arriba mencionadas. Sin embargo, ésta ha sido una semana de desprotección para más de un millón y medio de hogares vulnerables (con bono social), lo cual ha hecho evidente el despropósito de regular la lucha contra la pobreza energética con medidas de carácter coyuntural, a través de prórrogas, y no con una perspectiva estructural, que avance en el derecho a la energía.

Volvamos a la semana anterior, el Gobierno había anunciado que iba a elaborar la II Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética contando con las organizaciones sociales y de consumidores y consumidoras para ello. Este anuncio se realizó en una reunión convocada el día antes a la que asistieron, entre otras entidades, la Alianza contra la Pobreza Energética. En dicha reunión se anunció la apertura del proceso de consulta pública previa a la elaboración de la nueva estrategia. Es decir, que es el momento de hacerle llegar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico las ideas, los datos, las razones en los que se sostenga la nueva estrategia.

Es el momento de poner unos mimbres que eviten situaciones de desprotección como la vivida, que eviten que el acceso a la energía penda del hilo de una votación condicionada por elementos que nada tienen que ver con objeto de la ley, en un contexto de polarización política y crispación social.

Sin embargo, como la experiencia de consultas públicas anteriores nos ha dejado un sabor agridulce, porque las sucesivas reformas del bono social no han abordado problemas de raíz como el cuello de botella de su tramitación, o la discriminación del acceso al bono en base a la compañía de la luz que se tenga contratada (por poner dos), es el momento también de visibilizar este problema. No para alimentar la animadversión política o buscar culpables, sino para evidenciar la necesidad de una estrategia ambiciosa y aterrizada.

Estamos en un momento político clave, la nueva estrategia contra la pobreza energética será el documento guía de la acción política en esta materia para los próximos cinco años. Años en los que el sector energético estará en plena transformación con la transición energética que hay en marcha. Y su elaboración se produce en un contexto político muy duro. Es una legislatura difícil. No se nos escapa. Pero la nueva estrategia nacional contra la pobreza energética no puede ser otra oportunidad perdida. Tiene que avanzar en el derecho a la energía. Y son muchos los intereses que hay de por medio. En este tema más si cabe, pues están en frente nada más y nada menos que las empresas súper poderosas del oligopolio energético, cuyos intereses y métodos de presión al Gobierno son los que son.

Por eso, a nuestro entender, es necesario que este proceso de elaboración de la nueva estrategia contra la pobreza energética sea transparente y profundamente participado por las entidades que llevan años estudiando este problema, hablando con las personas afectadas, implantando medidas, apoyando, formando, y organizándose para visibilizar la profunda injusticia que hay detrás de la pobreza energética.

Desde 2018, año en que fue elaborada la primera estrategia que ha finalizado en 2024, ha llovido mucho. Se ha avanzado en el estudio del fenómeno, en su abordaje y hay evidencias, tanto de lo que tenía sentido hacer y no se ha hecho como de lo que no entró en la estrategia y era clave. Es el momento de recoger los aprendizajes de estos años en los cuales hemos vivido de todo: una pandemia, un volcán en erupción, unas inundaciones históricas. De todo ello hay organizaciones y personas que han extraído lecciones inolvidables de enorme utilidad para la nueva estrategia.

También se ha evidenciado que, con el grifo de los fondos europeos abiertos (los miles de millones del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, NextGenerationEU), habiendo recursos económicos a montones, no se ha sabido abordar este problema y utilizarlos para reducir las desigualdades y avanzar en derechos energéticos. Por mucho que los programas y planes mencionaran la estrategia, lamentablemente sí que se ha dejado atrás a quienes peor lo está pasando.

Desde 2019, se ha aprendido de lo que no funcionó de la primera estrategia. En primer lugar, se ha visto que no sólo se quedó corta, sino que no se pusieron los medios para que se llevara a cabo. En el informe Resultados de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 (ECODES), se extrae que tan solo un 21% de las medidas contenidas en la primera estrategia se han implementado totalmente y que el 42% de las medidas propuestas en el documento no se han puesto ni tan siquiera en marcha.

En estos años se ha visto que el bono social, una de las medidas centrales ofrecidas por el Estado a través de las comercializadoras de referencia, no funciona como debería. Hace unos meses Esade y Oxfam Intermon publicaron un estudio en el cual se mostraba cómo en 2022, casi 8 de cada 10 beneficiarios potenciales no recibían el bono social eléctrico. Además, añadía que buena parte de los que sí se beneficiaban no eran familias vulnerables. Entre los hogares de familia numerosa de ingreso medio-alto, más del 60% recibía el bono social. En contraste, se trataba solo del 20% para la categoría de renta baja, y de apenas el 9,2% para jubilados con pensión mínima. A esto debe añadirse que a pesar de que el bono social existe desde hace más de 15 años, un 22% de los hogares lo desconocen y un 29% no sabe los requisitos para beneficiarse del mismo.

También se ha comprobado cómo Catalunya, con el marco más progresista de protección frente al corte (llamado principio de precaución, incluido en la Ley del Parlamento Catalán 24/2015), no ha llevado a la quiebra a las grandes empresas. Se ha hecho evidente que necesitamos datos de lo que está pasando, que son las grandes empresas del oligopolio energético las que disponen de ellos y no los dan, porque ni la ley del sector eléctrico ni el principal órgano de control (la CNMC) les obligan.

Y necesitamos datos: de cortes de suministro, de impagos y de bonos sociales de cada municipio, para que los propios ayuntamientos, con apoyo de las demás administraciones, puedan diseñar políticas públicas certeras en cada lugar. Para que podamos conocer si la pobreza energética va realmente a más o si son eficaces las medidas que se implantan.

Todo lo que hemos vivido desde el año 2020 ha sembrado unos aprendizajes valiosísimos para que la nueva estrategia contra la pobreza energética responda realmente a las necesidades de las personas que la sufren. Afortunadamente para todas, hoy hay más organizaciones implicadas en combatir la pobreza energética, más gente formada, más ayuntamientos haciendo lo que pueden para evitar cortes de suministro y para formar a la gente en sus derechos. También están las comunidades energéticas tratando de apoyar e innovar desde la ciudadanía organizada. Creemos que también hay un poco menos de estigma, más conocimiento y más empatía en la sociedad. Pero, en el reverso tenebroso, también vemos el poder del dinero, y los nuevos espacios de influencia de las grandes empresas del oligopolio en el abordaje de este problema, con sus fundaciones, cátedras asociadas, y financiando proyectos con entidades de toda índole. Empresas que, siendo corresponsables de la pobreza energética, ofrecen soluciones que no cuestionan ninguna de las reglas del juego que les afecte.

Es necesaria una ENPE que no obvie lo que está pasando, que no simplifique lo complejo y reduzca a cuatro indicadores cuantitativos un fenómeno social y humano multidimensional, con profundas implicaciones políticas, económicas y de salud pública. Una estrategia que tenga los pies en la tierra y una profunda sensibilidad con las personas y el ámbito local, el cual ha sido ignorado. Una estrategia basada en evidencias, que facilite la coordinación entre las administraciones y agentes sociales implicados, que asegure los avances como derechos y no como medidas extraordinarias. Para ello, las organizaciones sociales estamos dispuestas a colaborar más allá de la foto, y a ayudar a los medios de comunicación a dar información que no esté sesgada por los intereses empresariales del oligopolio. El Gobierno tiene hoy una oportunidad de oro para hacerlo distinto, más acompañado y mejor.