"Eso díselo a una violada"

Llevan tantos días diciéndome en las tertulias que "eso se lo diga a una violada" que voy a intentar hacerlo –y voy a tratar de ponerme en su lugar–.

Lo primero que tendría que tener en cuenta cualquier víctima de agresión sexual es que la negociación que mantienen el ministerio de Justicia y el de Igualdad dejará las penas como estaban en la ley anterior por una de estas dos opciones: o se subirán las penas mínimas, como defiende Igualdad, o se tipificarán con penas mayores las agresiones que incluyan intimidación y violencia, como propone Justicia. El resultado será el mismo: Las penas quedarán como estaban.

Ahora el escollo de la negociación es si incluir la intimidación y la violencia en la tipificación de delitos. El ministerio de Igualdad cree que eso obligará a los jueces a interrogar más sobre la actitud de la agredida quitando del centro al consentimiento y volviendo a esos interrogatorios vejatorios para las víctimas. Sin embargo, lo cierto es que la ley, tal y como está, ya dice en su artículo 194bis que la intimidación y la violencia también hay que medirla, penarla y sumarla a la pena que sea. Es decir, que si se aplicara bien ese artículo esos interrogatorios, bien o mal hechos, ya estarían sucediendo y serían inevitables.

Así que cualquier víctima bien informada estará pensando: ¿por qué no terminan ya con esta pesadilla?

En cualquier caso, los jueces, pase lo que pase, interrogan y sentencian y seguirán haciéndolo en función de sus conocimientos, de su sensibilidad, de su comprensión, de sus prejuicios y no de la letra pequeña de una ley que en sus juzgados, como todas, se aplica o no en función de sus medios y de su criterio. Prueba irrefutable de ello es que en muchos de los autos que están rebajando penas en aplicación de la nueva ley no se incluyen los hechos probados y, por lo tanto, no se pueden sumar las penas que correspondan a violencia u otros agravantes, como ha denunciado María Acale, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz.

La conclusión es que no hay leyes todopoderosas. La sociedad no cambia por ley aunque las leyes ayuden. Ninguna ley puede garantizar que no haya jueces con actitudes machistas o chapuzas.

Tenemos 4.000 y hay de todo, como en todos los gremios, pero tienen mucho poder; son pequeños dioses mientras no diga lo contrario la instancia superior. Y muchas veces, hay que añadir, trabajan en tal precariedad que convierte al tercer poder en un podercito pobrecito que hace lo que puede y que nadie hace nada para que pueda más.

¿Cuántas víctimas van a recurrir esas revisiones de penas a la baja (unas 300) cuando sean injustas como muchas son, según juristas expertas, como Patricia Faraldo, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña, que dice que en España se tarda meses o años en empezar a aplicar una nueva ley por mucho que esté ya en el BOE? ¿A cuántas les quedarán ganas de volver a los tribunales para intentar que su agresor pase unos meses más encerrado –en la mayoría de los casos eso es lo que se rebaja– a costa de volver al suplicio de revivir lo sufrido y llorado?

Pocas de esas injusticias se arreglarán, pensarán las víctimas revictimizadas con esas rebajas.

La meta de la reforma que propone el Gobierno, ya sean unas u otras, es para las víctimas futuras. Van a acabar con el chorreo mediático, inevitable con las revisiones de penas pero que podría ser infinito con las nuevas sentencias que se vayan produciendo. El propósito es parar el contador de ignominias; que no puedan seguir enumerando atrocidades pagadas con menos años de cárcel que con la ley anterior. Van a evitar que se siga subrayando el error a diario como parte de la campaña electoral.

Las víctimas con sentencias revisadas deben preguntarse, pero ¿qué nos importan sus guerras electorales? ¡Qué asco toda esa batalla entre el PSOE y Unidas Podemos! ¡Qué repugnantes las Nuevas Generaciones del Partido Popular manifestándose para sacar partido!

Lo que les gustaría del Gobierno –supongo– es que como ha cometido un error no deseado –algo que parece increíble pero que es brutalmente cierto– todos los responsables, que son esos dos ministerios y el Consejo de Ministros entero, lo asumieran y al menos fingieran cierta modestia. Supongo que les duele ver a Irene Montero declarando en los medios con soberbia y cierta sorna que esta reforma del PSOE no va a parar la revisión de penas. Es cierto, ministra, pero también lo es que verla en ese plan o en el que vimos a su secretaria de Estado ninguneando lo ocurrido es probable que sume dolor a sus dolores. La han cagado juntos; no se peleen, coño, estarán pensando.

Y más allá del error colectivo del que nadie se hace cargo y del circo punitivista que se ha montado y en el que tod@s hemos entrado, en el país de Europa con las penas más altas, con mayor población prisionera, donde en las últimas décadas se han subido las penas por agresión sexual hasta la estratósfera, hasta el punto de que cuesta la misma cárcel –15 años– violar que matar, dando malas ideas, más allá de todo esto, quizá se pregunten, y sería tan lógico: ¿y si hubiéramos utilizado toda la energía empleada en este asunto en pensar en cómo podemos evitar que hayan tantas violaciones? Nada de lo que se está discutiendo hará que un violador no viole, afirmarán rotundas a los que quieran escucharlas.

La ley –sin reformar– ya incluye la medida de seguridad de libertad vigilada, impide las salidas en tercer grado si no se han aprovechado los cursos de formación en la materia, obliga a que no se declare con los ojos del agresor encima ni más de las veces necesarias… Todo eso implica cambios revolucionarios: que la justicia funcione como un reloj y que la reinserción sea real y controlada.

¿Y si peleáramos para que todas esas medidas se aplicaran? ¿Y si de verdad pusiéramos el foco en cómo prevenir la violencia sexual y el machismo que degenera en estos horrores?

Cuando empecemos a hacerlo empezaremos a estar en el camino; mientras, seguiremos enredados en las ramas. Eso es lo que imagino que diría una violada.