El creciente e injustificado exceso de políticos en España

La crítica al exceso de políticos en España siempre acompaña a las etapas de crisis económicas, por entender la sociedad que este exceso es uno de los factores de las crisis. También siempre salta a los medios el tema de la duplicidad de funciones desarrolladas por los políticos y que son innecesarias tantas administraciones territoriales, desde el Estado a los municipios. La crítica termina en tablas. Buenos propósitos de nuestros políticos para atender al problema y ahí queda todo. Hasta la nueva crisis económica. Vano empeño -pienso yo- el propósito de los ciudadanos de que nuestros representantes se tomen en serio el asunto, porque les va en ello su propia supervivencia, ya que la inmensa mayoría ha convertido en profesión su servicio público a la sociedad, que debería estar sometido a plazo de caducidad. Prueba de lo que digo es la actitud de los partidos políticos con una institución estéril y cara, como es el Senado. Cuando llegan las elecciones los partidos afirman querer reformarla, reducirla, incluso suprimirla, pero tras las elecciones se olvidan de sus promesas. ¿Cómo van a reformar una institución de casi trescientos escaños, de la que viven un mismo número de políticos y sus numerosos asesores, cuya mayoría ya pinta canas? Intocable para ellos una magra institución-pesebre. En un artículo en este mismo medio expliqué diez argumentos jurídicos para la supresión del Senado.

Este exceso de los políticos españoles ha sido puesto en evidencia por algunos medios como un ejemplo de colectivo profesional privilegiado, que apenas ha sufrido los recortes económicos y de todo tipo en comparación con otros sectores sociales más castigados. El número de políticos de nuestro país y la legión anexa de asesores y cargos de confianza sigue creciendo… imparable.

Es alarmante ver las enormes diferencias entre población/número de políticos de España con otros países de Europa. Tenemos muchos más políticos que Alemania, que posee tres veces más habitantes que nosotros, siendo además Alemania un país descentralizado como España, con Länders equivalentes a nuestras Comunidades Autónomas, y tenemos también muchos más políticos que Francia e Italia, que tienen un tercio más de habitantes que nosotros. Son datos elocuentes, sin necesidad de profundizar en el asunto, que saltan a la vista. Prácticamente coinciden los Länders alemanes y nuestras Comunidades Autónomas: 16 los primeros y 17 las segundas y sin embargo ya han leído antes la enorme diferencia de población de Alemania y de España. Y no vale el criterio funcional, porque también coinciden Länders y Comunidades Autónomas en sus competencias; incluso algunos constitucionalistas afirman que España está más descentralizada políticamente que Alemania, a pesar de que Alemania es un Estado federado y España simplemente un Estado. Recuerden la crítica de Angela Merkel, excanciller alemana, afirmando que "España tiene demasiados políticos" y que "los españoles debían trabajar más, porque tienen muchas vacaciones", de las que se hizo eco la prensa española en 2011 y que tan mal sentó a nuestros políticos.

Llama la atención el altísimo número de políticos de empresas públicas o con participación estatal, de alcaldes y concejales y de políticos contratados como cargos de confianza.

El excesivo número de políticos alcanza un alto número en los Parlamentos autonómicos, donde nos encontramos con un doble desajuste: a) cada Asamblea legislativa va a su aire y los resultados no resisten un análisis de mera racionalidad, pues no hay regla que establezca la proporcionalidad entre la población de la Comunidad Autónoma y el número de sus representantes, y b) numerosas Comunidades tienen un número alto de representantes, como manifiesta una comparativa con el número de miembros de la Cámara de representación más importante del Estado, el Congreso de los Diputados.

Hay un caso de disminución y ajuste del número de políticos del Parlamento autonómico de una Comunidad Autónoma y un ejemplo de excesiva cifra de representantes autonómicos, que además irá creciendo con el aumento de la población de la Comunidad. A ambos me refiero a continuación.

El caso de disminución corresponde a las Cortes de Castilla-La Mancha, que redujeron el número de sus representantes a una franja entre 25 y 35, cuando eran 49 los que formaban las Cortes. Es un caso insólito en el parlamentarismo español, que debería ser seguido por otras Comunidades Autónomas. La Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, aminoró el número de diputados en el sentido antes indicado. Es un hecho además atípico, porque lo normal es el mantenimiento de los representantes de las Comunidades Autónomas y en algunos casos su aumento.

Por otro lado, La Comunidad Autónoma de Madrid ha aumentado progresivamente el número de sus diputados, ya que este número está en relación con el aumento de la población, que, al ser Madrid la capital de España, crece constantemente. Este aumento de los diputados de la Comunidad es obra de la reforma de sus Estatutos por la Ley Orgánica 5/1998, según la cual la Asamblea legislativa está formada por un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000. Es una de las Asambleas de mayor número de diputados, lo que se hace muy visible si la comparamos con el número de diputados del Congreso de los Diputados. En las elecciones autonómicas de 2021 la Asamblea madrileña tenía 136 diputados. No hace falta hacer números, porque la diferencia se ve bote pronto, si comparamos en las fechas de esas elecciones los 350 diputados del Congreso del Estado con una población de más de 47 millones y los 136 diputados madrileños con una población de más de seis millones. La consecuencia de que la Comunidad madrileña tenga demasiados diputados es que el ciudadano ve que hay un injustificado derroche del dinero público, que paga con sus impuestos.

No acompaña el derecho comparado al proceso de aumento de nuestros políticos. Ahí tienen el ejemplo de un país cercano: Italia. Se ha llevado a cabo en Italia en 2020 (referéndum en septiembre de este año) la disminución de los parlamentarios en las Cámaras parlamentarias italianas: la del Congreso, reducción de 630 a 400 diputados; la del Senado, de 315 a 200 senadores. Quienes se oponen a la revisión de nuestra Constitución, adviertan que la Constitución italiana ha sido revisada catorce veces. La disminución pretende atajar las críticas contra la democracia representativa y el exceso de políticos en Italia.

Pero el problema no reside solamente en el número excesivo de políticos sino en las subvenciones y ayudas del Estado y las Comunidades a la actividad política. Si contabilizamos además las subvenciones y ayudas a los sindicatos y organizaciones de empresarios, la cifra resultante es tan enorme que por sí misma contribuiría en cierta medida a salir de las crisis económicas, que afectan periódicamente a nuestro país. Basta leer en el BOE las subvenciones concedidas a los partidos políticos para "gastos ordinarios de funcionamiento", que arrojan una cifra astronómica. Son muchas las voces críticas que afirman que partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos deberían subvencionarse con las cuotas de sus propios afiliados. E igualmente la Iglesia católica con las cuotas de sus feligreses. ¿Con estas renuncias cuántos millones de euros se quedarían en las arcas del Estado para sufragar las necesidades de las personas vulnerables?

En las crisis económicas producidas en España se han implementado varias medidas como muro de contención; la disminución de las nóminas de funcionarios y pensionistas ha sido la primera fila de la contención; se ha rebajado la cuota de reposición en las plazas de las administraciones públicas; se han reducido gastos por doquier y numerosos proyectos se han quedado en el tintero. Pero frente a ello el número de los políticos españoles han quedado tal cual, inalterable y en algunos casos en crecimiento.

Tenemos demasiados políticos, a lo que contribuyen los cuatro niveles de la gestión pública: estatal, autonómica, provincial y municipal, que alientan la crítica de la duplicidad innecesaria de cargos y funciones, y políticos que no abandonan la política, porque la han convertido en su profesión, impidiendo la renovación de ideas y personas y la evitación del clientelismo.