El nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres provocó una cadena de críticas generalizada. Tanto el colectivo LGTBI+ como las formaciones de izquierdas lo leyeron como un paso atrás en materia de derechos de las personas trans. La preocupación por un cambio de rumbo en las políticas de igualdad era máxima porque García mantenía su activismo transexcluyente tanto en las redes sociales como en los eventos públicos a los que acudía. 

A sus declaraciones reiteradas contra las personas trans, se suman ahora 64 supuestos contratos públicos adjudicados a dedo a empresas vinculadas a la política y su pareja, Elisabeth García, por parte de varios ayuntamientos socialistas. El monto total de estos contratos asciende a 250.000 euros. 

La información, que adelanta en exclusiva el medio El Español, detalla varias de las concesiones recibidas a lo largo de su trayectoria política. Entre ellas, dos de estos supuestos contratos del Ayuntamiento de San Fernando de Henares por un total de 23.091 euros, obtenidos mientras García ya ocupaba su nuevo cargo al frente del Instituto de las Mujeres. 

Según el medio citado, las empresas involucradas, Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad e IMBER Consultoría de Igualdad, no tienen empleados registrados y operan principalmente con voluntarios.

Un currículo dedicado enteramente a la política

Isabel García (Las Palmas, 1968) fue designada en 2015 como diputada de Igualdad, Juventud y Deportes de la Diputación de Valencia. De manera simultánea, García fue concejala de Igualdad y Comercio del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia) hasta julio de 2019. 

La política estaba íntimamente ligada a los ayuntamientos en materia de violencia machista. García creó la Red de Municipios contra la violencia de género de la provincia de València y, por este proyecto, recibió un galardón del Ministerio de Igualdad en 2022. De hecho, la mayoría de los contratos adjudicados parten de ayuntamientos valencianos: Catarroja, Picanya, Burjassot, Moncada, Manises, Sueca, Godella, L'Eliana, Burjassot, Alcàsser, La Vall d'Uixó, Cullera, Alaquàs, Llíria y Foios. 

En 2019, García salta a la política nacional como asesora de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento, donde trabajó hasta 2022, año en que el fue cesada. La vinculación con Ábalos venía de largo con sus inicios en el PSPV-PSOE. Fue coordinadora federal LGTBI+ del partido en el País Valencià y secretaria LGTBI+ en la provincia de València. 

Su carrera está estrechamente ligada al mundo de la política y al PSOE y su currículo solo añade una mención a su labor como consultora en políticas de igualdad en el ámbito privado. No especifica en qué proyectos ni para quién. Tampoco da detalles sobre su formación académica. 

Una marcada línea tránsfoba: "Las mujeres trans no existen"

En diciembre de 2023, Ana Redondo, ministra de Igualdad, la designa como directora del Instituto de la Mujeres. Su designación materializaba un retroceso en los derechos LGTBI+ y, en concreto, en los derechos de las personas trans. Con un perfil abiertamente tránsfobo, García ha negado la propia existencia de las personas trans con tuits que aludían a que las mujeres trans "no existen". 

Tampoco se mostró partidaria de la ley trans, que consideró una estrategia del "lobby trans" y la "dictadura queer". Y utilizaba frecuentemente la etiqueta "#StopDelirioTrans" que usa el movimiento transexcluyente para operar en campañas de odio contra las personas trans, y en concreto, contra las mujeres trans. 

En enero, poco después de ocupar el cargo, los colectivos trans presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo por un nombramiento que atentaba contra su dignidad y sus derechos. A raíz del recurso, el Supremo solicitó al Ministerio de Igualdad el expediente del nombramiento de Isabel García. 

"Entendemos que una persona que sistemáticamente, incluso después de haber estado aprobada la ley trans, se ha posicionado en contra de ella, ha hablado en términos denigrantes en relación con las mujeres trans y ha negado su identidad como mujeres, no está capacitada para llevar a cabo un puesto de esta naturaleza", explicaba el abogado del caso Saúl Castro, especialista en derechos LGTBI+.

García, sobre su pareja: "Tiene derecho a vivir"

Con la nueva noticia, Isabel García aseguró a El Español que estaba desvinculada de las sociedades de su mujer y justificó los contratos porque, en sus propias palabras, su pareja "tiene derecho a trabajar, a comer y a vivir. Lo que no puede ser es que las parejas de las políticas y los políticos no tengan derecho a comer". La dirigente reconoció, sin embargo, que su correo personal figuraba en una de las concesiones pero explicó que esto se debía a un "error administrativo".

La ministra de Igualdad ha asegurado este miércoles en el Congreso de los Diputados que pedirá explicaciones a García: "Voy a pedir explicaciones y voy a escucharla", dijo. Ana Redondo ha mantenido siempre su confianza en la directora. De hecho, en enero se reafirmó en su nombramiento porque "el currículo digital" de García no pesaba en su "ánimo". La determinación de la ministra de mantenerla en el cargo ha sido constante hasta hoy.