Los logros y las insuficiencias de la ley contra la violencia de género 20 años después de su aprobación

Este 2024 marca el vigésimo aniversario de la aprobación de la ley integral contra la violencia de género, un hito en la lucha feminista por la protección de las mujeres en el ámbito doméstico, que este 25N se conmemora –si cabe– con más motivo. Su objetivo fue siempre visibilizar y ofrecer una respuesta multidisciplinar ante un tipo de violencia que cada día daña y acaba con la vida de mujeres de todas las edades, clases y orígenes.

Sin embargo, como recuerda en una conversación con Público la abogada especialista en VioGén Amparo Díaz, pese a que la norma ha sido un buen punto de partida, también presenta algunas carencias. Aunque tenía una vocación clara de prevención y protección, pues "buscaba actuar sobre las raíces de la violencia de género, en el ámbito de la pareja", los recursos destinados a estas campañas han sido siempre "insuficientes". En otras palabras, ha sido capaz de poner los cimientos de un cambio estructural, pero "para que los agresores dejen de agredir, se necesitan muchos otros cambios", señala Díaz. 

En España, al menos 1.285 mujeres han sido asesinadas desde 2003 en crímenes machistas contabilizados, año en que se comenzaron a registrar oficialmente estos datos. Este año, entre enero y mediados de noviembre, ya son 40 las mujeres que han perdido la vida a manos de sus agresores. Mientras que, desde el 1 de enero de 2013, 61 niños y niñas han sido asesinados en este tipo de contextos.

¿Qué supuso esta ley para las víctimas?

Uno de los avances más significativos ha sido la creación de los sistemas de protección judicial, que incluyen órdenes de protección de manera más ágil, la asignación de unidades de valoración de violencia de género y la atención psicológica a las víctimas. Estas herramientas han permitido salvar vidas y ofrecer una primera respuesta institucional más rápida a estas situaciones de abuso.

Amparo Díaz, abogada: "La ley parecía muy completa en su concepción, pero no se ha garantizado su cumplimiento ni se la ha dotado suficientemente de medios económicos"

Otro de los aspectos más relevantes es la apuesta por impulsar un cambio cultural. Desde su formulación, la ley contempló la necesidad de sensibilizar a la sociedad sobre la violencia machista, especialmente en el ámbito educativo, para "cambiar el proceso de socialización y eliminar estereotipos sexistas", según destaca la especialista Amparo Díaz.

Si bien las asignaturas relacionadas con la igualdad, los derechos sustantivos de las mujeres y la lucha contra el machismo siguen siendo, en muchos casos, marginales en los programas educativos, y los profesionales encargados de implementarlas carecen de la formación necesaria para abordar estos temas de manera sólida.

¿Qué cosas quedan por hacer?

Díaz apunta que "la ley parecía muy completa en su concepción, pero no se ha garantizado su cumplimiento ni se la ha dotado suficientemente de medios económicos", lo que ha derivado en la sobrecarga de los profesionales. Este desajuste ha tenido un impacto directo en la calidad de la atención. En muchas localidades, especialmente en zonas rurales, los servicios especializados cuentan con personal a media jornada, lo que entorpece y embarra todo aún más.

Amparo Díaz, abogada: "Hay una distancia enorme entre el sistema judicial y los servicios especializados en atender a las víctimas"

El sistema judicial tampoco ha estado siempre a la altura. Según la abogada, "hay una distancia enorme entre el sistema judicial y los servicios especializados en atender a las víctimas". La ley establece que los servicios especializados puedan hacer valoraciones sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia, pero esta posibilidad "rara vez se cumple".

Entre tanto, las denuncias siguen siendo limitadas y en ocasiones se circunscriben únicamente a los episodios más recientes de abuso. Como explica Amparo Díaz, "la mejor denuncia que puede presentar una víctima es una amplia, que no se limite a los tres últimos episodios". La falta de seguimiento y la rapidez con que se tramitan los casos sin una investigación más profunda terminan condicionando "demasiado" el proceso.

Entre los aspectos más peliagudos de la ley está la atención a los menores que conviven en hogares donde se sufre violencia machista, pues, según Amparo Díaz, "no ha logrado cumplir" completamente su objetivo de proteger a los niños y niñas, tal y como se establece en su artículo 19.

En muchos casos, se continúa aplicando el automatismo de considerar que lo mejor para los menores es una relación plena con ambos progenitores, sin tener en cuenta las circunstancias del hogar o los efectos psicológicos de la violencia vivida. Además, a menudo "se externalizan estos estudios a empresas privadas", lo que resulta en informes superficiales y apresurados que "no reflejan la gravedad de la situación". Las cifras de asesinatos por violencia vicaria son la mejor ilustración de esta falta de determinación por parte de las instituciones.

La distancia que separa la norma de la realidad

Desde una perspectiva que excede lo jurídico, Débora Ávila, profesora de antropología en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo La Laboratoria, recuerda que no conviene limitar los triunfos a la legislación y la aprobación de leyes exclusivamente. Desde las ciencias sociales se sabe que las normas jurídicas, aunque fundamentales, representan solo el inicio de una lucha.

En su opinión, la ley debe ser vista como un "suelo" y no como el "techo" de la erradicación de la violencia machista, pues la jurisprudencia por sí misma no elimina los estereotipos y prejuicios de género que se reflejan en la práctica judicial, afectando negativamente la protección de las mujeres víctimas de violencia.

A su juicio, "muchas veces" se da por hecho que el sistema judicial, al ser considerado "neutral", resolverá los problemas derivados de la violencia de género. En la práctica, en cambio, esto no ocurre, ya que las mujeres se ven sometidas a cuestionamientos que deslegitiman sus denuncias y perpetúan el daño, como ocurre con el fenómeno del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), en el que Ávila es experta. Por ello, la investigadora aboga por explorar otras formas de justicia que vayan más allá de la condena penal, como la reparación, además de una mayor atención a las intersecciones de género, raza y clase.