A principios de este año, una polémica sentencia obligaba a una madre, víctima de maltrato, y a sus dos hijos, a volver a vivir en Vitoria-Gasteiz, la localidad de su agresor. Hace tres años, ella se había mudado a Gijón para contar con el apoyo de su familia tras los episodios de violencia machista. Ahora, ella respira tranquila porque una nueva sentencia revoca la anterior y permite que los tres se queden en Asturias junto a su red familiar.

Marta (nombre ficticio) se siente aliviada porque los jueces "por fin entienden" su situación. El veredicto de la Audiencia Provincial Nº1 de lo Civil de Vitoria-Gasteiz da una respuesta positiva al recurso de esta madre contra aquel dictamen judicial de finales de enero de 2024. En él, el juez la obligaba a retornar a Vitoria para continuar con el régimen de visitas entre el padre y los niños. Todo sin hacer mención a la condena firme por maltrato que recibió el padre en 2022.

Ella denunció a su exmarido en 2019 después de una de las dos peores agresiones que sufrió con él. Él intentó ahogarla en presencia de los niños. Y no fue lo único: la insultaba, le decía que "no valía para nada"; la humillaba y le escupía. Todas aquellas vejaciones quedaron recogidas en este otro artículo que resume los cinco años de proceso judicial.

"Aquello fue como darme contra una pared", explica Marta. Después de varios informes psicosociales que explicaban el arraigo de los niños en Gijón no entendía la resolución judicial. Ahora, la nueva sentencia reconoce que la anterior contravenía las indicaciones del equipo psicosocial. Así lo apuntó también el Ministerio Fiscal, que se adhirió al recurso de Marta porque consideró que el juez no había justificado de manera correcta su decisión de obligarla a volver a Vitoria-Gasteiz.

"Después del informe de las dos peritos y de la adhesión de la Fiscalía a mi favor, el juzgado no hizo caso y tomó aquella decisión contraria al interés de los niños. Por fin ahora hacen mención a que existe una sentencia firme de malos tratos. Se refleja también que yo he incumplido con la obligación al irme a Gijón pero que lo reconocí y cumplí mi pena", explica. Por mudarse a Asturias y desobedecer reiteradas veces la obligación de vivir en Euskadi fue condenada a nueve meses de cárcel.

Los magistrados de la Audiencia Provincial niegan el argumento del juez de que mudarse a Gijón sea una "situación unilateralmente creada por la madre" que desfavorece la estabilidad de los niños. De hecho, reconocen que hubo una "absoluta abstracción" sobre la condena por maltrato a la hora de obligarla a retornar a la localidad de su agresor.

El tribunal mantiene la patria potestad de los menores para ambos progenitores y la custodia para la madre. Consideran que no procede atribuir la custodia en solitario al padre por "la existencia de indicios fundados de violencia de género". Y, por otro lado, basan su decisión en los informes periciales que acreditan las dificultades del padre para el "ejercicio del rol parental".

Marta cree que el pronunciamiento actual refleja "un cambio" porque acredita que ella estaba "desamparada" en Vitoria y que necesitaba estar cerca de su familia. "Con la anterior sentencia, y los informes psicosociales no admitidos, lloré a lágrima viva en mi casa. No podía entenderlo. Me intentó ahogar con el niño pequeño en brazos. Yo estaba asustada, se trasladó a vivir a 300 metros de la casa, por eso me fui allí", explica.

Mantienen el régimen de visitas

A pesar de todo, la nueva sentencia mantiene con ciertas modificaciones el régimen de visitas a favor del padre. Podrán verle los fines de semana alternos pero se eliminan los encuentros entre semana. Los jueces explican que existe un interés acreditado de los niños en mantener su residencia en Gijón y compatibilizarlo con las visitas al padre.

Pero Marta teme por la seguridad de los niños. "Vienen a casa y cuentan todo, que el padre las insulta o que les dice que no tienen que haber nacido. Al principio son insultos, o desprecios, agarrones, y luego te hace daño. Así pasó conmigo. Con esta sentencia él quería obligarnos a ir a Vitoria, siempre dijo que era ganador y me imagino que ahora estará enfadado. Eso me intranquiliza", asegura la madre.

A pesar del mantenimiento, no se da por vencida. "Yo voy a seguir peleando por la retirada de las visitas porque un maltratador no es un buen padre. Entre otras cosas, lleva desde enero del año pasado sin pasar bien la pensión de las niñas", explica. Actualmente, la situación no ha mejorado.

El padre le estaría pasando una cantidad menor a los 550 euros ratificados en la última sentencia: "A veces me pasa 6 euros, otras 80; lo hace así porque sabe que por ley si está dos meses sin pasarme la pensión -o tres meses alternos- es un incumplimiento. A mí esto me condiciona totalmente", asegura.

También se queja de que hubo un periodo en que él judicializaba cualquier decisión de la madre para entorpecer su tranquilidad, "llegó a denunciarme por acoso y, por supuesto, se desestimó". Por todo esto, Marta continuará reclamando que se aplique la ley de infancia. Norma que, desde 2021, establece que un padre condenado por maltrato no debe, salvo excepciones motivadas en el interés superior del menor, continuar con los encuentros.