La Fiscalía tumbó una a una las tesis de la Policía para considerar a las madres del caso 'Infancia Libre' una trama criminal

Entre principios de abril y mediados de julio de 2019, la Unidad de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid elaboró una investigación en la que acusaba a un grupo de mujeres de formar parte de una organización criminal. La supuesta trama delictiva se dedicaba, según el oficio donde se plasmaron las pesquisas, a denunciar falsamente a sus exparejas por abusos sexuales o maltrato hacia sus hijos con el fin de arrebatarles la custodia de los menores a los padres y quedárselas ellas en exclusiva. 

La Fiscalía descartó tal acusación apenas seis meses después, pero ese medio año fue más que suficiente para que esas madres fueran puestas en la diana mediática y judicial, algo que hoy, pasados más de tres años, no ha dejado de suceder.

El informe policial que las acusaba, al que ha tenido acceso Público, afirmaba que para conseguir las custodias de sus hijos e hijas, la trama (formada por 17 madres) se servía de dos abogados que les daban cobertura legal y de tres profesionales de la sanidad pública, a los que se culpó de elaborar documentos ad hoc, a sabiendas de que eran mentira.

Pero en enero de 2020, y tras una concienzuda investigación, la Fiscalía Provincial de Madrid (a la que la Policía había remitido el informe sobre la supuesta trama) archivó las diligencias que había iniciado el oficio policial por no encontrar ninguna evidencia de que las mujeres incluidas en él formaran una organización ilícita.

De hecho, la Fiscalía negó, incluso, que las madres y los diversos profesionales formaran parte de una supuesta organización y el escrito del Ministerio Público concluyó que "dicho entramado no queda acreditado".

Tras lograr acceso al informe policial, este medio ha cotejado su contenido con la resolución de la Fiscalía. Este es el resultado.

Similitudes inexistentes

En su decreto de archivo, la Fiscalía señala que Infancia Libre, una organización sin ánimo de lucro que se creó para denunciar la desprotección de los menores víctimas de la violencia sexual intrafamiliar y de sus madres en el sistema de Justicia, estaba formada solo por tres miembros: su presidenta (María Sevilla), la vicepresidenta (Rocío de la Osa) y un secretario. También, que la organización estuvo activa entre noviembre de 2015 y marzo de 2017.

A lo largo de los meses en los que elaboró el informe, la unidad de la Policía adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla, con su entonces jefe, Pedro Agudo, a la cabeza, se empeñó en hacer encajar los casos judiciales de diversas madres en un mismo patrón de comportamiento. Lo que la Policía denominó el modus operandi.

Entre los supuestos hechos que las unían, el informe resaltaba que hubieran presentado denuncias falsas para quedarse con las custodias de los hijos, justificando este hecho en que gran parte de las denuncias se habían archivado por la Justicia. También, que las madres habían utilizado los servicios de los mismos sanitarios (tres que ejercen sus funciones en la sanidad pública) o los de la misma abogada. La identidad de estos profesionales fue aireada por muchos medios de comunicación con nombres y apellidos e, incluso, algunos publicaron sus fotografías.

Durante semanas cualquier mujer que hubiera denunciado a su pareja (o que lo hubiera hecho, de oficio, el sistema público de salud) y que hubiera pasado por la consulta de la la pediatra N.P.U. o de la psicóloga A.M.R. de Granada, del psiquiatra A.E.N. de Madrid o por el despacho de la abogada C.S., era candidata a integrar la lista criminal.

El escrito de la Fiscalía que archiva la investigación desmonta punto por punto el informe policial, basado en las declaraciones de un grupo de padres y sin que los hechos denunciados hubieran sido contrastados ni comprobados. La coincidencia en la utilización de uno de los profesionales sanitarios o de una abogada bastó para incluir a las mujeres en la supuesta trama. 

Un ejemplo de ello es el caso de M.V.C., que no tenía a N.P.U. como pediatra habitual, pero acudió una sola vez a su consulta derivada por el servicio de urgencias del Hospital Materno Infantil de Granada, después de que este centro abriera un protocolo de oficio por sospecha de abusos sexuales hacia su hijo. Su pediatra de referencia estaba entonces de vacaciones. N.P.U. realizó un único informe preceptivo aplicando el protocolo abierto por el hospital.

Esta única coincidencia le bastó a la Policía para meter a esta madre como parte de la supuesta trama. Su expareja era y sigue siendo un mando de la Policía local de Granada.

No hubo denuncias falsas

La investigación llevada a cabo por la Fiscalía sobre los casos judiciales de cada una de las madres incluidas en el informe policial descarta el principal pilar que sustenta la existencia de la supuesta trama: no existían denuncias falsas.

En el decreto que pone punto final a las investigaciones que impulsó el oficio policial, el Ministerio Fiscal hace hincapié en el siguiente hecho: "que un procedimiento penal sea archivado no supone necesariamente que el hecho denunciado fuera falso, sino que no se ha podido llegar a probar, bien la realidad del mismo, bien su autor". 

Y añade que en todo procedimiento, "si se estima que la denuncia era infundada e inveraz", tanto el juez como las partes pueden iniciar un proceso por denuncia falsa. Sin embargo, concluye, "no consta dato alguno de que se haya incoado procedimiento judicial" por este tipo de delitos en ninguno de los casos incluidos en el informe de la Policía.

La Fiscalía resaltó, también, que en la mayoría de los casos las denuncias de las madres o de los servicios públicos de salud se habían producido tiempo antes de que se constituyera la organización Infancia Libre o después de que esta cesara su actividad. Casos como el de María Sevilla o el de la vicepresidenta de la asociación se habían iniciado, al menos, un año antes de que esta existiera, un hecho que invalida la posibilidad de una organización ilícita en ese momento.

Para la Fiscalía, "los vínculos trazados en el oficio policial para vincular a las distintas mujeres supuestamente implicadas en la asociación no han quedado acreditados".

La supuesta coincidencia de profesionales

Tal como afirmó la Fiscalía en el decreto que dio carpetazo a la investigación policial, si el nexo entre las investigadas no fue la existencia de denuncias falsas, tan solo quedaba verificar otra posible conexión entre las madres: la de los profesionales a los que también implicaba el informe. Pero la fiscal lo descartó al asegurar que era un "extremo que en modo alguno [puede] ser afirmado".

En su escrito la fiscal explica, por ejemplo, que en los casos investigados la abogada C.S. solo participó en siete de ellos, resaltando que en los mismos trabajaron diversos letrados (en el caso de María Sevilla, hasta siete) "cuya profesionalidad en ningún caso ha sido cuestionada".

Lo mismo aplica para los profesionales sanitarios. Sobre una de las principales inculpadas por la Policía y por la campaña mediática que acompañó al caso Infancia Libre, la pediatra de Granada N.P.U., la Fiscalía resalta que existen partes elaborados por ella en algunos procedimientos de familia y en causas penales, y que la mayoría de los casos habían sido iniciados de oficio por otros servicios, en los que no solo figuran informes de esta pediatra, sino también de "otros doctores que en ningún momento han sido cuestionados".

"Por todo lo expuesto, no existiendo datos objetivos que permitan concluir que existen indicios de la comisión de un delito de asociación ilícita, se acuerda el archivo de las presentes diligencias", concluye el documento de la Fiscalía.

Una criminalización que no cesa

Sin embargo, más de tres años después del archivo de las diligencias policiales por parte de la Fiscalía, muchas de madres incluidas en el informe tienen miedo a hablar públicamente. De hecho, las que siguen con causas abiertas en la Justicia continúan siendo criminalizadas por, supuestamente, pertenecer a una organización delictiva.

Tal como reflejan algunas abogadas expertas en violencia de género o violencia sexual intrafamiliar, desde la exposición pública de este caso, muchas mujeres que hoy denuncian a sus exparejas por estos delitos se exponen a un mayor escrutinio en los procesos judiciales.

Una de estas expertas, que prefiere mantener su anonimato, confesaba recientemente a nuestro medio que aconseja a sus clientas no utilizar el término madres protectoras en los juzgados e incluso que desechen usar la palabra "proteger", "porque estamos viendo cómo a paso seguido los casos se tuercen en los juzgados y acaban siendo ellas las castigadas".

NOTA: 'Público' ha decidido utilizar iniciales en todos los casos para respetar la identidad de las personas (algunas de las cuales aún continúan en procedimientos judiciales), aunque algunos de estos nombres se han hecho públicos y han sido aireados por distintos medios de comunicación.