La Fiscalía ha solicitado una condena de 19 años de prisión para un hombre de Almería acusado de someter en el marco de la violencia de género a una menor de 15 años de edad a la que agredió sexualmente en varias ocasiones. La víctima llegó incluso a abortar hasta en dos ocasiones al verse obligada a mantener relaciones sin protección "porque él no quería".

El Ministerio Público ha elevado a definitiva su petición tras el juicio celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, donde el acusado ha rechazado los hechos y ha asegurado que la denuncia interpuesta por la menor se habría debido una especie de venganza después de ella se enterara "por unos amigos" que él iba a ser padre con otra mujer, si bien para entonces la relación entre ellos estaba terminada.

El acusado, que contaba con entre 25 y 26 años de edad en el momento de los hechos y vivía con sus familiares junto a la vivienda de la menor, habría mantenido una relación en semejanza a un noviazgo con esta durante unos nueve meses entre julio de 2017 y marzo de 2018 en los que, según el testimonio de la víctima, él ejercía un férreo control sobre sus actos, conversaciones y movimientos.

La víctima sufrió agresiones físicas

"Me miraba el móvil cuando estaba con él. Si tenía a alguien que no le parecía bien, me lo borraba. Era todo el rato lo mismo, mi relación se basaba en discutir y hacer lo que él quería", ha narrado la perjudicada, quien ha señalado además las agresiones físicas que sufrió en el transcurso de sus encuentros, con "tortazos" y "tirones de pelo", entre otras vejaciones.

Durante su declaración, el acusado ha negado a preguntas de la fiscal que propinara empujones, escupiera a la víctima o le insultara, toda vez que incluso ha llegado a asegurar que era "del revés", ya que, según su versión, sería la menor quién habría tratado de controlarle a él solicitándole fotos de donde estaba o pidiéndole que contestara sus mensajes con inmediatez mientras estaba en el trabajo.

No obstante, ha reconocido que sí hubo relaciones sexuales con la menor que, según su relato, habrían sido consentidas, toda vez que ha detallado que si no usaban preservativo era porque ella "toma la pastilla del día después". En cualquier caso, ha rechazado que obligara a la adolescente a realizar prácticas a las que la víctima se habría resistido.

Frente a ello, la víctima ha sido persistente en su relato para volver a ratificar que "no todas" las relaciones fueron consentidas, puesto que en ocasiones se sentía obligada a acceder a los deseos del acusado ya que de lo contrario "eran tirones de pelo", "insultos" o amenazas para echarla de la vivienda. "Él me decía que lo tenía que hacer y ya está", ha narrado.

En cuanto al uso de medidas de protección, ella ha recalcado que le pidió en distintas ocasiones que usara el preservativo. "Tenía 15 años, no podía arriesgarme a tener un embarazo o a una enfermedad, pero él no quería, me decía que si no, no iba a sentir el mismo placer", ha detallado antes de especificar que tuvo dos embarazos con aborto, uno "natural" y otro en una clínica.

La reacción del acusado era decir que "yo era una guarra"

"Su reacción era decirme que no era suyo, que yo era una guarra y que era de cualquier hombre", ha explicado la mujer frente a la versión dada por el acusado, quien ha asegurado que supo de dichos abortos con posterioridad y que no llegó nunca a acompañar a la chica a una clínica.

Si bien la relación se rompió después de que la menor ingresara en un centro de menores, la acusación sostiene que con posterioridad a todos estos hechos, el acusado habría ido en busca de la víctima, a la que incluso habría llegado a amenazar el 1 de junio de 2019 tras encontrarse por la calle.

Durante la vista han declarado las madres del acusado y la víctima así como un equipo multidisciplinar del grupo educativo 'El Carmen' formado por educadores y psicólogos, quienes se han ratificado en sus informes sobre la situación en la que atendieron a la menor tras los hechos, de los que llegaron a dar traslado al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

Tras sus declaraciones, la Fiscalía ha mantenido sus peticiones de tres años de cárcel por un presunto delito de violencia física y habitual en el marco de la violencia de género, 14 años de prisión por un delito de agresión sexual con penetración continuado y otros dos años de cárcel por delitos de maltratos y amenazas, ambos en el ámbito de la violencia machista. El juicio ha quedado visto para sentencia.