El abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha presentado este jueves un escrito ante el juzgado para "evitar que se oficie a la Policía" para que averigüe la identidad y medio para el que trabaja cada integrante del Grupo de WhatsApp Periodistas Aránguez Abog, por considerarlo innecesario, ya que entiende que "supone una intromisión al derecho de las comunicaciones y al secreto profesional". El grupo, del que el letrado es administrador, está formado por más de un centenar de periodistas de diversos medios de comunicación. Por esta vía, Aránguez envía información, comunicados y avances en el caso de Juana Rivas.

Este miércoles, el juzgado envió a todas las partes implicadas un auto del juzgado número 5 de Granada, en el que admitía la querella presentada por el juez Manuel Piñar, en que acusaba a Aránguez por delitos de calumnias e injurias contra él. La prueba principal del magistrado, fueron una serie de capturas del grupo de WhatsApp que el magistrado tiene con periodistas de medios de comunicación. En su escrito Piñar pidió que se investigara el grupo y que la Policía Judicial identificara a cada uno de los periodistas con nombre, apellidos y medios para el que trabajan.  El auto, firmado por el juez Josep Sola Fayet con fecha del 4 de noviembre, pero desvelado a las partes el día 9 del mismo mes, aceptaba las peticiones de Piñar y ordenó a Policía a proceder con dicha identificación.

El juzgado, en un comunicado, aclaró que su intención no era investigar a los periodistas, sino constatar la veracidad de los pantallazos presentado por Piñar, magistrado del juzgado de lo penal número 1 de Granada y que en 2018 condenó a Juana Rivas por sustracción de menores.

En el escrito, Aránguez afirma reconocer "plenamente la autoría de los mensajes obrantes en la querella, cuyo contenido es auténtico y que no han sido manipulados ni recompuestos". Se trata, afirma el letrado, de conversaciones y comunicados de prensa para periodistas, emitidos en "un grupo creado por mi desde mi propio teléfono".

En un comunicado publicado en ese mismo canal que se quiere investigar, el letrado había advertido que la pretensión del juzgado no era "en absoluto ajustada a derecho" y que suponía "lesionar tanto la libertad de información como el secreto profesional, valores de una relevancia extrema en un Estado de Derecho".

Entre las actuaciones que este escrito quiere frenar, figura también la pretensión del juzgado de citar como testigo a uno de los periodistas incluidos en el grupo para que corroborase la veracidad de un intercambio de información que realizó en el chat. 

El juez Piñar había sido denunciado por el abogado de Juana Rivas por un supuesto "delito continuado de prevaricación judicial y atentado contra la integridad moral (maltrato institucional)" por sus "decisiones ilegales" durante la tramitación de la ejecutoria en el caso de Juana Rivas. Dicha querella fue inadmitida por el juzgado y posteriormente también por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Aránguez anunció entonces continuar la denuncia con un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional e, incluso, acudir a tribunales internacionales de derechos humanos.