Hay en Galicia un mapa del miedo. Un mapa injertado de sensibilidades, de fotografías, de avisos y alarmas, llamadas y publicaciones en redes sociales. Una cartografía construida por la gente que habita o disfruta de los espacios naturales. Este conjunto de lugares sensibles, en Galicia, teme, como aquel David, las pisadas del gigante Goliath. En realidad, son varios Goliath en forma de torres de cerca de doscientos metros de altura que duplican en algunos casos a las montañas. Para hacerse una idea, es como erguir dos campos de fútbol y poner en la cumbre un molino de aspas.

La energía eólica es desde los años noventa uno de los bienes más preciados en Galicia, tanto que es objeto de codicia de empresas llegadas, incluso, desde Noruega. Compañías de capital público con funcionamiento privado salidas de un llamado "modelo mixto" –aquella famosa "Tercera Vía" del sello de Tony Blair– que vimos más adelante en España con la privatización de la empresa pública de energía Endesa. Si uno mira nuestro territorio desde muy arriba, desde un avión, por ejemplo, rumbo a Oslo, verá que el país está infestado de centenares de puntos giratorios, algunos más concentrados y otros más esparcidos, pero con un impacto ambiental profundo para la población y el ecosistema de las zonas donde se instalan: interrupción de la vida cotidiana de la gente común por los ruidos, expropiaciones e imposibilidad de vender fincas debido a la amplitud de los parques eólicos, muertes constantes de pájaros y demás fauna del aire, también murciélagos, a los que las torres cortan sus rutas de vuelo... Son algunas de las problemáticas que denuncian desde las asociaciones de vecinos, el mundo de la economía y los activistas del medio ambiente.

Si quieres seguir leyendo este artículo en gallego, pincha aquí.

Galicia tiene, con datos de 2019, 4.026 aerogeneradores, con una facturación estimada de casi 700 millones de euros, según los datos distribuidos por el Observatorio Eólico de Galicia. La historia de amor entre las grandes empresas eléctricas y una tierra proveedora de energía para el exterior comenzó su vals en los años 1995 y 1996 con el Proyecto de Ordenamiento Eólico de la Comunidad Autónoma de Galicia, más conocido como Plan Eólico Estratégico de Galicia. El comienzo de esta historia. Mirando la gráfica de beneficios millonarios que ofrece el Observatorio, la Gran Crisis del 2008 no produjo ni una leve oscilación en la escala ascendente de las ganancias de las empresas, hoy multiplicadas.

La connivencia entre Administración pública, en este caso la Xunta de Galicia, y el oligopolio eléctrico, queda reflejada en la voluntad del legislador, en el reverso de una ley clave para entender la implantación eólica en los cuatro puntos cardinales de la comunidad: la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de Fomento de la Implantación de Iniciativas Empresariales en Galicia. Esta legislación aceleró los procesos de licencia para la implantación de nuevos parques eólicos, eliminando tiempos que servían –en el caso de las partes afectadas, el vecindario y las asociaciones– para preparar alegaciones al respecto, además de suprimir la obligatoriedad de justificar los procesos de expropiación de las tierras debido a la «utilidad pública» de los parques eólicos. Esos procesos fueron en aumento desde el momento en que se inician al mismo tiempo que se negocia con el vecindario, una cuenta atrás que dispara el mapa del miedo.

Una manera de negociación, señala Lucía Anido, miembro de la Asociación por la Defensa Ecológica de Galicia, que pone la espada de Damocles sobre un vecindario cuyas tierras son pasto para eólicos: "Es un modelo totalmente malévolo, el oligopolio energético va con la utilidad pública por bandera. Si los propietarios no están de acuerdo y no quieren ceder esos terrenos, se los expropian con la utilidad pública en la mano". Concuerda en esto la abogada Ana Varela. Forma parte de la Asociación Petón do Lobo, que denunció a finales de abril de este año la implantación del complejo eólico Nesa Monte Arca, de Gamesa, en el municipio de A Estrada. Varela denuncia que se hizo una «fragmentación artificiosa» del parque, dividiendo en pequeñas parcelas lo que en realidad es un macroparque eólico, para ir licitándolas una a una evitando así declaraciones de impacto ambiental que, en el caso de realizarse en su conjunto, serían valoradas muy negativamente. Además, según la legislación, los parques de menos de 50 MW de potencia no pasan el filtro más exigente del Gobierno central, el del Ministerio para la Transición Ecológica, por lo que se benefician de la «rapidez administrativa» de la Xunta: «Por parques eólicos tenemos que entender molino, subestación y línea de evacuación.

Están fragmentando los parques en distintos proyectos. Hay que someter el conjunto del proyecto a evaluación ambiental, aunque luego se ejecute por partes. Vemos que se fraccionan y someten la exposición pública de manera segmentada, casi por entregas, por lo que solo vemos una parte de los impactos. Hoy sale una cosa, mañana otra, y eso dificulta nuestra respuesta como parte afectada», denuncia Varela, quien alerta sobre una técnica que no sólo permite a las empresas colocar más eólicos, sino que además, por parte de la acción del legislador –la Xunta–, juegan con ventaja debido a la mencionada rapidez de los plazos administrativos. La maquinaria legal de Goliath contra la de David. «Por ejemplo, hoy sale en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la declaración de impacto ambiental de un proyecto eólico en O Irixo, Ourense.

Allí ya vemos como es un proyecto fraccionado, dividido artificiosamente, sólo se valoran los molinos, pero no se valoran las infraestructuras que comparten con otros dos parques. A esos efectos ambientales no se les hizo evaluación, solo se estudió una parte. Esto les sirve para diluir los impactos de las infraestructuras, es una vulneración de los derechos de la ciudadanía a conocer aquello que le puede afectar. Hay tres parques en el mismo monte, empleando incluso infraestructuras de parques que aún están en tramitación. Esto es un fraude». Varela destaca la opacidad de la Administración incluso en lo que se refiere al contenido de la propia normativa eólica en Galicia, con un Plan Sectorial Eólico de 1997. Una planificación "obsoleta", en palabras de la letrada, que fue reformada en 2002 pero nunca fue sometida a evaluación ambiental estratégica y que "nunca se llegó a publicar", sostiene. "Se publicó el anuncio, pero el texto íntegro no aparece en el DOG. La Constitución Española obliga a dar publicidad a las normas, es un principio básico del sistema democrático. Si hoy quieres consultar ese plan no lo encuentras en ningún boletín. Cuando todos los instrumentos de ordenación del territorio tienen que aparecer íntegramente en el DOG".

Nombres como Greenalia o Statkraft, entre otros muchos, ya son comunes en los papeles de alegacións de numerosos colectivos como al que pertenece Ana. En el caso de la primera empresa, Beatriz Mato, exconselleira de Medio Ambiente, es su actual Directora de Desarrollo Corporativo y de Sostenibilidad de la marca.Por sus manos –concretamente por la Directora General de Medio Ambiente nombrada por Mato– pasaron cinco proyectos de la compañía.

La energía producida en estos molinos, al contrario que las pérdidas y los estragos que puedan causar, no se reparte entre los habitantes que soportan estos parques. Galicia es, según Red Eléctrica, la segunda comunidad, por detrás de Castilla y León (la que cuenta con mayor superficie del Estado), que más energía eólica genera, aportando un 75,6% de la energía renovable española en el 2020, con un aumento del 14,5% respeto del año anterior. "La gente se encuentra desamparada. Los trámites tienen un plazo y los plazos corren. ¿Qué puede ocurrir? Hay exposición pública, hay alegaciones. Si no aceptas por las buenas, aparece la expropiación. Da la sensación de que lo único que importa es una actividad productivista de la Administración pública, cuando la Administración está para defender los intereses de los ciudadanos", denuncia Rosa Regueiro, profesora de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela.

La experta, autora de libros como La propiedad del viento gallego (Laiovento, 2011), recalca la necesidad de la energía eólica como motor económico sostenible, pero también resalta la necesidad de una política ambiental justa y digna para la gente corriente en Galicia: "Sería posible si diseñamos una política energética integral y global que incorpore a todos los agentes implicados. Una de las partes más afectadas y perjudicadas son los vecinos. Algunos son propietarios de los terrenos donde se instalan parques eólicos, terrenos tratados en régimen de alquiler, normalmente. Pero el alquiler no es igual en toda la zona afectada. Donde está el aerogenerador está la parte más cara, y a medida que nos alejamos, la renta es menor. Si en una finca caen tres aerogeneradores, la renta es más alta, pero si no tiene ninguno, es bajísima. Los dueños del terreno tienen que estar más presentes en este tipo de negocio".

La economista pone el foco en modelos con más experiencia, iniciados en la década de 1970 en países como Dinamarca, Alemania y Francia, donde "los vecinos entran a formar parte, si quieren, como socios en la empresa". "No es sólo que tengas un terreno alquilado, sino que también eres accionista de esa empresa. Hablamos de parques eólicos de dimensiones más reducidas, con un aerogenerador que da servicio a una parroquia". Además de mejores condiciones para la gente cuyo municipio acoge los molinos, la profesora e investigadora reclama un modelo económico de mayor cercanía, donde la energía recogida repercuta sobre el lugar donde se asienta y beneficie a sus pobladores: "Tenemos una normativa europea en aplicación con la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible".

"Allí está explícita la potenciación de las renovables en coordinación con la sostenibilidad ambiental y el bienestar. No podemos instalar un parque eólico destruyendo zonas protegidas de la Red Natura", comenta Regueiro que en Dinamarca, "lo que aquí sería una parroquia puede instalar un aerogenerador de circuito cerrado, que abastece a todas las casas de un territorio". Cuando lo hizo aquel país, expone, llevó a cabo "una planificación bien pensada, las empresas no perdieron dinero. Esto es como cuando se habló del impuesto al sol. La cuestión es que si quieres tener aquí una instalación propia, tienes que pagar impuesto por contaminación y ponen dificultades para el abastecimiento local. Creo que están escorando la planificación en beneficio de una parte del sistema, que es el mercado eléctrico, que sabemos que son un lobby".

Carlos Garrido conoce bien las montañas de Trevinca, es presidente del Club Peña Trevinca de Montañeros de Galicia. El deportista, que cultiva una pasión de pasos, vistas gloriosas de valles y ríos, de animales y cielos, combate también en la tierra por la conservación de un lugar para habitar y visitar, un lugar reconocible: "Que este proyecto se paralice no significa que durmamos tranquilos, parece que hay 'tierras raras', por lo que pueden entrar también con la minería, un lugar pegado a la Serra da Olla, que debería ser parque natural». Garrido habla de la desestimación por parte de la Xunta de Galicia del proyecto de construcción de un parque eólico en la Serra do Eixo, en una de las cumbres del noroeste peninsular. Es uno de los muchos testigos de la proliferación masiva en estos últimos años de parques eólicos por todo el territorio gallego: "Lo que hacen es construir un montón de pistas, con la consecuente destrucción del paisaje, afectando a la fauna y a la flora, que son de las cosas por las que podemos sentir orgullo. Cada vez más gente viene a disfrutar de los espacios naturales, queremos ofrecer zonas donde caminar, donde escapar de los eucaliptales. Cuando vas a sierras más altas, ya sin eucaliptos, está el peligro de que topes con un paisaje sólo eólico". Carlos es presidente de una de las muchas asociaciones –de montañismo, de preservación de la naturaleza, vecinales– que crearon entre sí múltiples redes de ayuda y respuesta a las agresiones medioambientales que la creación de estos parques podía ocasionar en la comunidad.

Una manera de trabajar organizada y común que reivindican, desde Corme, en la Costa da Morte, vecinos como Sol Marino y Suso Lista. Marino, parte del colectivo Gente del Rural, reclama más movilización por parte de la ciudadanía afectada, villas y pueblos. "Sólo sabemos que van a instalar un parque cuando vemos que traen las piezas". Y denuncia: "Hay un silencio tremendo en esto, impresiona. Lindando con el estuario de Anllóns están proyectando hacer otro parque. La gente no conoce lo que se va a hacer, conocen el destrozo una vez realizado. Lo saben sólo los que tienen terreno allá y les van a pedir los permisos para abrir pistas o poner los aparatos. La gente no tiene ningún papel de participación, solo contemplamos". Marino denuncia las prácticas de empresas como EDP en Corme: "Asfaltaron con cemento algunas de las pistas con las que se llega allí. Le preguntamos al Seprona si era posible echar cemento en la Red Natura, y nos dijeron que, en teoría no, pero que les dieron permiso para llevar los camiones".

"Otro de los que pusieron está en el pozo da Lagoa, en un humedal. Agujerearon la mitad de la laguna con los pilares de los eólicos". Una de las características de este tipo de empresas es su procedimiento, sostienen los vecinos, opaco y divisorio, prometiendo "a cada vecino una cosa, es decir más o menos cantidad de dinero», explica Suso Lista. "Esta gente [las empresas eólicas] llega al pueblo y a cambio de dos o cuatro euros tienen esas tierras. Muchos de los vecinos ni sabían que allí tenían terrenos. La base era decirle a un vecino que a él iban a darle 30 euros y al otro 15, y al "no digas nada a tu vecino". "Lo normal hubiera sido que los habitantes se unieran para obtener beneficios en común". Una división y aislamiento que provoca enfrentamientos y discusiones entre la población, mal pagada respecto de los estándares europeos.

La táctica de estas empresas va mucho más allá, denuncia el vecino de Corme, con alcaldes "haciendo campaña" por las mismas empresas que colocan decenas de aerogeneradores en una villa donde su gente tiene que "emplear butano para poder tener una mínina calefacción", sin capacidad para pagar la factura de la luz. "No nos podemos permitir pagar electricidad pero estamos rodeados de eólicos. Somos gente de lámparas de araña de seis bombillas y están desenroscadas tres o cuatro", confiesa. Lista resume la reacción que encuentra en el vecindario con una anécdota de su juventud: "Cuando tenía veinticinco años fui bombero forestal. Una vez apagando el fuego vi que había gente de otra parroquia y les pedimos que bajaran a ayudar, pero no quisieron venir porque no ardía lo de ellos. El fuego era tan grande que corrió hacia ellos, y comenzaron chillar porque ya les estaba tocando".

La rapidez de la Administración gallega con la fiebre eólica difiere mucho de la lentitud administrativa que ejerce hacia proyectos de economía de proximidad, local y sostenible. El modelo eólico abre, también, el debate sobre el tipo de economía para la Galicia del futuro. Fani Elexpuru y tres mujeres venidas de la educación y del asociacionismo cierran en estos días, –"desahuciadas", denuncia Fani– el proyecto Carabel daas cabras, en Corme, en el lugar de Candelago. "Metemos el pie en el 2017 lugar de Candelago un sitio donde solo queda un habitante, Jose, que va todos los días a cuidar de la casa familiar", destaca la ganadera. "Desde entonces hasta ahora estuvimos gestionando un rebaño de cabra gallega, raza autóctona en peligro de extinción, un trabajo de recuperación de tierras en estado de abandono. Gestionamos un lugar de huerta ecológica de autoconsumo como espacio pedagógico y venta local. Nuestra intención era seguir un modelo de economía cerrado y circular. Todo eso con una base pedagógica muy fuerte".

El proyecto, ahora en extinción, tuvo, según apunta Fani, "todo tipo de obstáculos" de la Administración para prosperar: lentitud burocrática, ayudas municipales que no llegan... "Nosotros teníamos que explicar paso por paso como íbamos a trabajar en esas tierras de protección con nuestras cabras mientras los parques eólicos dañan todos los lindes con la Red Natura", denuncia la ganadera. La alternativa de Fani y sus compañeras, que esperan continuar con otros proyectos, abre el debate entre una Galicia popular de economía circular, autogestionada, o la Galicia de la voladura y la expropiación, la que, dicen activistas, economistas y vecinos, acaba por vaciar y despoblar el país.