Los otros náufragos del 'Casón'

Son las diez de la mañana de un martes en la villa peninsular de San Cibrao. Rodeada por el mar Cantábrico, la gente que camina por la carretera que divide las playas de Cubelas y O Torno siente en la cara el frío de noviembre. En el bar del puerto hay pocos clientes, pero los que hay piden lo de siempre. Cuando el local se vacía, Ramón Miguélez Tola se pone una chaqueta y busca unas fotografías en el móvil.

"Una lubina de tres kilos", precisa, mientras busca otros manjares con el índice de la mano derecha. El repaso de la carta que está haciendo no es propaganda de un tabernero. Es la expresión de orgullo de un hombre por no haberse rendido. Tola aprendió a cocinar con 31 años y tres hijos. Se matriculó en la escuela de hostelería de Foz cuando fue despedido, con otros 22 compañeros del comité de empresa de Alúmina-Aluminio, por un conflicto provocado a 225 kilómetros de distancia.

El 5 de diciembre de 1987, un barco con bandera panameña varó en Fisterra. El Casón, que navegaba de Rotterdam a Shanghai, portaba 1.100 toneladas de productos químicos. A primera hora de la mañana, mientras navegaba frente a la costa gallega, el buque sufrió un accidente. Una humareda salía de la proa y 29 de los 31 tripulantes se tiraron al mar desde la popa con los chalecos salvavidas. Fallecieron 23, el capitán entre ellos, sin que se aclararan las causas de su muerte.

Entre los motivos se barajaron la inhalación de dióxido de carbono, la hipotermia o el golpe recibido en la nuca al tirarse al agua sin adoptar la debida postura. La mayoría de los marineros —dos de Hong Kong, el resto de origen chino— apenas tenían experiencia. A las ocho de la tarde, el carguero embarrancó en la Punta del Castelo. La actuación del Remolcanosa 5 desató sospechas. Una comisión de investigación concluyó meses después que el remolcador dejó encallar el mercante, pues de esa manera cobraría más por el rescate.

Bidones etiquetados con la inscripción "Peligro nº 6"

Durante los días siguientes al embarrancamiento, el flete del Casón centró la polémica. El manifiesto de carga desapareció y, dado que los tripulantes del barco habían preferido echarse al mar que quedarse en la cubierta, comenzaron las conjeturas sobre el contenido de un lote de bidones etiquetados con la inscripción "Peligro nº 6". Con el accidente nuclear de Chernóbil aún fresco en la memoria, la posibilidad de que el mercante llevara elementos radiactivos atemorizó los vecinos de la Costa da Morte.

A pesar de relativizar el riesgo, los poderes públicos fueron incapaces de calmar el miedo. Su caótica gestión de la información topó con una creciente cobertura mediática. "Actuaban con una prepotencia franquista", sostiene Perfecto Conde, que cubrió la crisis para Interviú y publicó que los barriles contenían materiales de desecho de hospitales, con una radiactividad de baja intensidad. "Nadie creía la versión oficial, ni los periodistas ni la gente", señala.

El miedo a la carga del barco y la caótica gestión del Gobierno provocaron el éxodo improvisado de 15.000 personas  

La desconfianza en el relato de las autoridades quedó patente el 9 de diciembre, cuando cientos de vecinos decidieron irse de la zona por su cuenta. Al día siguiente, con el temporal, las olas llegaron a las bodegas del barco y mojaron otros bidones cargados de sodio. La reacción del metal con el agua provocó una explosión que desató el pánico, por la formación de una nube tóxica y por los mensajes contradictorios de los responsables políticos.

A las 23.15 horas, el delegado del Gobierno en Galicia, Domingo García Sabell, anunció que se iba a evacuar la zona, mientras el gobernador civil de A Coruña, Andrés Moreno Aguilar, aseguraba que no había motivos para huir. La respuesta a la ambigüedad fue el éxodo improvisado de unas 15.000 personas de los municipios de Fisterra, Cee y Corcubión."Parecía que había caído una bomba atómica. Había atascos por las carreteras, gente a pie, de noche, sin agentes para gestionar aquel caos", recuerda Conde.

El desastre continuó cuando el Gobierno central, por entonces presidido por el socialista Felipe González, decidió llevar 255 barriles del Casón hacia el campamento militar de Parga, en Guitiriz, en la Terra Chá lucense. La tentativa de normalizar la situación en Fisterra con el traslado de la mercancía más peligrosa amplió la zona de alarma. Los chairegos no querían en su tierra una carga que había provocado una desbandada en la Costa da Morte y colapsaron la Nacional VI para impedir el paso de los camiones.

Las autoridades optaron entonces por acarrear el flete al dique de Alúmina-Aluminio, una empresa de titularidad pública ubicada en San Cibrao, tambien en Lugo. Conde interpreta esta decisión como "una maniobra de distracción". "La fábrica quedaba lejos del lugar de los hechos y estaba mal comunicada, por lo que pensaron que allí habría menos periodistas".

Pulso entre los poderes locales

Javier Rivera, periodista de El Progreso, se pregunta: "¿Por qué no llevaron los bidones a la base naval de Ferrol, una solución mejor y más próxima?". Un pulso entre los poder locales parece estar detrás de este proceder. Vecinos de Guitiriz y obreros de la factoría de San Cibrao coinciden en que Juan Manuel Iglesias Rivera, gobernador civil de Lugo, habría confesado que su homólogo en la provincia de A Coruña, Moreno Aguilar, había hecho valer el mayor peso político de esta región para meterle "un gol".

En la mañana de 12 de diciembre , los 23 miembros del comité de empresa de Alúmina-Aluminio supieron que la carga del Casón estaba a las puertas de la fábrica. Tola, representante de la Unión Sindical Obrera (USO), había aprovechado el sábado para viajar con la familia a Ferrol, lugar de escapada habitual de los mariñanos para comprar y pasar un día de ocio. El cervantego José Castro, sindicalista de la Intersindical Nacional dos Traballadores Galegos (INTG), había acabado la matanza do porco. No volverían a casa en cuatro días.

"La fábrica quedaba lejos del lugar del naufragio, estaba mal comunicada y pensaron que allí habría menos periodistas"

Tola vio por televisión a explosión del barco y la huida de los vecinos de Fisterra. "Me preguntaba cómo podía pasar algo así a finales del siglo XX", recuerda, "y ahora teníamos aquí aquella bomba". A pesar de la insistencia de las autoridades en que los bidones representaban "un nulo peligro" —según la versión oficial contenían cresol y formaldehido—, los barriles "traían consigo una mochila", apunta Rivera.

El complejo industrial de San Cibrao, público hasta 1998, se proyectó en 1974. El Estado anunció que la planta de transformación del metal sería una de las tres más importantes del sector a nivel mundial. Los centros de Alúmina-Aluminio comenzaron en 1978 con 1.600 trabajadores, la mitad de ellos de la comarca. El resultado fue la metamorfosis de la zona.

Sueldos mejores que en el mar

"Sargadelos y Alúmina-Aluminio marcaron el paso de una sociedad agropesquera a una sociedad industrial", explica Rivera. Acostumbrados a los sueldos escasos de los talleres o a la dureza del trabajo en el mar, cientos de mariñanos vieron cumplidas las promesas de mejores salarios y mayor estabilidad laboral. Otros, en cambio rechazaron al "monstruo".

Vecinos y ecologistas se quejaron de maniobras abusivas para la adquisición de los terrenos ocupados y de la contaminación por flúor. Voces críticas denunciaron que el gigante había frenado otras tentativas de desarrollo fabril y había impedido la diversificación económica de la zona.

Ismael Rego, que fue obrero y sindicalista de UGT en la fábrica, apuntaba que "en el proyecto inicial se pretendía construir una central nuclear, de la que Alúmina-Aluminio sería una fuente de alimentación. Cuando la moratoria desbarató el plan, en un contexto de reconversión industrial, la inversión en la planta suscitó polémica y el Gobierno pudo prescindir de ella", sostiene. Así, la "gallina de los huevos de oro" de A Mariña nació de una frustración. Hoy sigue teniendo un halo de provisionalidad.

Con 18 años, el viveirense Javier Camba, de la UGT, fue uno de los trabajadores más jóvenes en alcanzar un empleo en la empresa. "Tuve suerte, porque no querían a nadie que no hubiera hecho el servicio militar. Yo me había casado joven y me echaron una mano", relata. "Por entonces los regalos para poder entrar eran habituales. Sentías que era el trabajo de tu vida. Incluso los obreros de los talleres se beneficiaban, pues subieron los salarios para poder retenerlos", precisa.

"Mañana mismo"

 Castro preguntó por un empleo y le dijeron que podía comenzar "mañana mismo". Tenía 27 años y dos hijos, y el trabajo suponía para él asegurarse que podía quedarse con su familia. Otros se mudaron desde otros lugares.

Tola, natural del Euskadi, fue uno de los 85 operarios de Endasa Valladolid que llegaron a San Cibrao en 1983. Algunos, gracias a su experiencia en el sector, disfrutaron de un estatus laboral de nivel. Pero en cuatro días, la bendición se convirtió en una condena. Las oportunidades que ofrecía Alúmina-Aluminio en un contexto de escasez laboral se volverían en contra de los miembros del comité cuando el hijo de uno de ellos escuchó en la escuela: "Por culpa de tu padre casi echan al mío".

La plantilla abandonó la factoría al amparo del Estatuto de los Trabajadores tas advertir un "riesgo inminente"

Con los bidones a las puertas de la fábrica, la dirección y los sindicatos cortaron el paso con vehículos y maquinaria pesada y acordaron de palabra un plan de evacuación a seguir en caso de que el Gobierno central forzara la entrada del convoy. El buque Galerono esperaba para cargar los barriles con destino a Amberes.

El conflicto laboral estalló el lunes 14, cuando la empresa se desmarcó de la postura del comité. Los obreros atribuyen este giro a la presencia de Eduardo Monteiro, que llegó desde el Instituto Español del Aluminio (Inelsa) para asumir el liderazgo de la planta durante la crisis. Monteiro, exdirectivo de la factoría, era impopular entre la plantilla por su autoritarismo.

Falsa alarma y "huelga ilegal"

Esa mañana, una falsa alarma provocó que los sindicalistas ordenaran a sus compañeros evacuar el complejo industrial. Luego, Alúmina-Aluminio declaró que se había producido una "huelga ilegal", mientras que los representantes sindicales defendían su posición al amparo del punto 19.5 del Estatuto de los Trabajadores, que les permitía cesar la actividad ante un "riesgo inminente".

La carga de los bidones concluzyó el lunes por la noche, pero la situación del Galerno dilató el final de la evacuación. El buque carecía de documentación y algunos de los tripulantes desertaron al conocer la misión que se les había encomendado. Con todo, el conflicto laboral encalló tras la partida del barco. La dirección de la fábrica exigió a los trabajadores que volvieran a sus puestos, pues el enfriamiento de las cubas de electrólisis supondría la paralización de todo el sistema productivo de la planta. Según la directiva, reactivarla costaría 15.000 millones de pesetas, más de 90 millones de euros.

Reactivar la factoría tras el enfriamiento de las cubas de electrólisis  costaba 15.000 millones de pesetas

Los sindicalistas demandaban a la empresa garantías de que no aplicaría sanciones contra la plantilla. Después, con las familias a las puertas del complejo, se vivieron horas de angustia. Rivera, que se quedó durante tres semanas en la factoría para contar la crisis, cree que el comité "fue víctima de un efecto burbuja". "Aquella gente pasó varios días sin dormir, sin salir del recinto, sometida a una tensión enorme", explica el cronista.

Algunos de los representantes sindicales dicen que se sintieron como una bola en un billar, empujados por las direcciones de los sindicatos y por el juego político. "Los alcaldes de AP en A Mariña nos decían que teníamos que resistir. Los del PSOE, que debíamos ceder", recuerda Camba.

Sin acuerdo de evacuación

Rego, por entonces teniente de alcalde de Cervo y diputado en el Parlamento Gallego por el PSdeG, intentó convencer a sus excompañeros de que desistieran. "Cometieron el error de no prever una salida. No tenían firmado un acuerdo de evacuación y estaban dándole el trabajo hecho a la empresa para acusarlos de cualquier problema", señala.

La escalada de presión sobre los sindicalistas alcanzó su culmen cuando Carlos Solchaga, Ministro de Economía y Hacienda, llamó a los trabajadores "terroristas industriales".

A última hora de la tarde del martes, la dirección comunicó la paralización de las series A y B de la planta. El 17 de diciembre notificó el despido de los representantes sindicales y de otros 114 trabajadores por incumplir los servicios mínimos. La regulación de empleo por el parón de la factoría afectó a 574 personas.

La magistratura de Lugo obligó a readmitir los 114 operarios, pero el Tribunal Supremo —por dos votos a favor y uno en contra— ratificó la destitución de los 23 sindicalistas, al entender que habían transgredido la buena fe contractual. La sentencia fue ejemplar e insólita, pues nunca en la historia del Estado se había cesado a un comité de empresa al completo.

Impunidad de los responsables políticos

En un contexto, el del bienio 1986-1987, que según Pere Beneyto definió el paso de un sindicalismo de protesta a otro pragmático, la decisión de los jueces sentó un precedente. Al tiempo, la impunidad de los responsables políticos de la crisis provocó cólera. No hubo dimisiones ni ceses por un conflicto que tuvo en vilo a tres comarcas de Galicia y que se saldó con 23 muertos y 24 despedidos, pues Germán Ronco, portavoz de la INTG en las empresas auxiliares de Alúmina-Aluminio, también perdió su puesto de trabajo.

"El acuerdo estuvo cerca y no comprendo que pasó, pero tengo claro que no hubo dolo por parte de los obreros", sostiene Rivera. Castro resume el sentir de sus compañeros: "Estábamos condenados desde el principio. Teníamos fuerza y querían quitarnos de en medio", señala.

La sentencia fue ejemplar e insólita,  nunca antes se había cesado a un comité de empresa al completo

As inxustizas do 'Casón' (Laiovento, 2014) sitúa el conflicto en un contexto de crispación entre la dirección de la fábrica y un comité reivindicativo y paritario, que había roto con la hegemonía de CCOO en la planta. En el ensayo, Tamara García denuncia irregularidades por parte de Alúmina-Aluminio, como la realización de experimentos en las cubas anteriores a la crisis de los bidones, que habrían dañado la maquinaria, o descuidos en la expedición de los telegramas con los que se requirió a los trabajadores que volvieran a sus puestos.

Así, construye la hipótesis de que la empresa quiso suspender la producción para especular con el precio del aluminio —al alza después de cuatro meses de parada— y eliminar al tiempo a unos interlocutores sociales incómodos.

"Daba para una película"

La autora trabajó durante cuatro años en el volumen sobre la base del archivo de su padre. Después de su despido, Luís Manuel García Otero, de la INTG, guardó periódicos, documentación —telegramas, actas de reuniones— y grabaciones en VHS de los juicios. "Pensé que daba para una película", explica.

Cuando entrevistó los sindicalistas, la joven se encontró con que "algunos conservaban cajas llenas de material". Uno de ellos estaba preparando un libro: había la necesidad de contarlo.

Cuando se les nombra el 'Casón',  los niños responden: "La Navidad más triste de A Mariña"

"La Navidad más triste de A Mariña". Es lo que responden los mariñanos cuando se nombra el Casón. 24 hombres apencaron con la peor parte, la de reconstruir sus vidas desdibujadas entre la angustia y la solidaridad iniciales. La mayoría fue incapaz de encontrar trabajo en la comarca y sus hijos tampoco pudieron optar a un puesto en la fábrica.

Los sindicatos prometieron reubicaciones, con suerte dispar. Camba consiguió trabajo en Madrid, donde reside. Tola recibió ofertas ofensivas, pensadas para ser rechazadas. Castro acudió a una entrevista laboral y cuando le preguntaron por su experiencia, no quiso negar de dónde venía y por qué lo habían echado. "Al día siguiente me llamaron a las nueve de la mañana para decirme que no iban a cubrir la plaza", ríe.

Enfermedades y divorcios

García Otero recorrió Galicia y trabajó en Lisboa, siempre con Viveiro en la cabeza. Algunos se fueron a América. Otros vieron en el autoempleo a única salida. Por el camino hubo enfermedades, divorcios. García Otero murió en enero de 2022. Casimiro Val —que comenzó a trabajar con doce años—, José Luís Barreira y Ángel Pérez también fallecieron sin una reparación que sus compañeros siguen reclamando.

Terminada la entrevista, Tola sale a la terraza. "En verano contrato seis personas", recalca. Al fondo emerge la chimenea del complejo industrial de Alcoa, de unos 150 metros. "Cuando los turistas la ven, siempre me preguntan por la fábrica", ríe con resignación. Pocos pueden contar mejor esta historia.

Nota de 'Publico': este artículo se publico en la revista 'Luzes' en diciembre de 2017.