En un mundo de gigantescos actores globales, como China o los Estados Unidos, pero también de grupos financieros y empresariales no menos hegemónicos, es crucial ser capaz de sumar y unir estados o naciones para conformar agentes que puedan compartir intereses colectivos hacia dentro, y que sean respetados fuera. Crucial para que nuestras sociedades no sean de mercado y puedan servir la ciudadanía.

La Unión Europea y, dentro de ella, el Reino de España son dos ejemplos de esas sumas. En un caso una suma de veintisiete Estados en una Unión Confederal, y en el otro una suma de diecisiete territorios (nacionalidades y regiones) en un Estado Autonómico. Argumentaré brevemente en lo que sigue que esa confederación y esas autonomías mejorarían la calidad de gobierno democrático de la suma de hacerlo en una federación.

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Elecciones al Parlamento Europeo

Las próximas elecciones al Parlamento Europeo son una excelente ocasión para reflexionar sobre si la Unión Europea tiene la estructura institucional adecuada para favorecer el bienestar social de los ciudadanos europeos. De todos, independientemente de su país de nacimiento. Pues ese Parlamento había debido ser el lugar de la soberanía popular del conjunto de la Unión pero, como es bien sabido, el Parlamento Europeo no lo es más que de nombre. Porque el Gobierno de la Unión (la Comisión Europea) y su Presidente se decide por los gobiernos de los países miembros, no por el Parlamento Europeo. Tampoco las iniciativas legislativas del Gobierno europeo dependen única y exclusivamente del Parlamento, y con frecuencia no asume sus decisiones.

Ya solo por esta razón se hace evidente que la Unión Europea está más cerca de lo que es una Confederación de Estados que una Federación de Estados (como es el caso de los Estados Unidos o de Alemania). La lógica de la actual Confederación no favorece la existencia de una ciudadanía europea, eso de todos ser "uno de los nuestros". No favorece la mutualización y financiación compartida de las necesidades sociales. Pero, por el contrario, sí permite que los negocios –e incluso una moneda como el euro– se multipliquen a la lumbre de inversiones de infraestructuras de todo tipo y de la ausencia de barreras arancelarias.

Por ser más una confederación que una federación la Unión Europea tiene un banco central pero no tiene una comisión de Fiscalidad y Hacienda; tiene una moneda común pero no tiene un presupuesto a su altura; tiene muchos fondos y programas para los mercados pero muchos menos para la protección y el bienestar social. Y se gestiona con una lógica neoliberal, apellidada ordoliberal, y tripulada por la gran coalición alemana y sus satélites. Es así que se mantienen los criterios del déficit y deuda públicos, mismos impuestos en reformas constitucionales en el caso español. Luego estamos en una confederación neoliberal que no precisa constitución ni parlamento en serio, pero que hasta puede obligar a reformas constitucionales neoliberales a los Estados miembros.

De lo que precede se deriva, y los argumentos en esa dirección podrían multiplicarse, que solo caminando hacia una estructura Federal la Unión Europea podría cumplir los objetivos de una sociedad decente europea y no solo de una sociedad de mercado. Pues siendo así, como se comprueba con la deriva de una Política Agraria Común cooptada por los grandes empresarios agroalimentarios, las ciudadanías de cada Estado miembro pueden llegar la conclusión –como ya sucedió con el Brexit– de que solo retomando por el Estado propio todas las competencias se pueden defender los intereses de los muchos frente a los pocos. Una salida de la Unión Europea posible, tanto de ser ésta en la actualidad una confederación o si llegara a ser una federación. Pero que sería mucho menos probable en este segundo caso.

Concluyo que, en suma, federalizar la Unión Europea es una estrategia imprescindible para embridar su deriva neoliberal (aunque no suficiente de no conformarse una mayoría de izquierdas plurales) y así evitar que las tensiones secesionistas y xenófobas deriven en su implosión. Pues a día de hoy es muy fácil que las ciudadanías de los Estados miembros hagan responsable a la forma confederal y neoliberal del proyecto común de consecuencias que no se darían en un formato federal y de sociedad decente. En él no se darían las continuas anorexias presupuestarias, evasiones fiscales y castigos de las primas de riesgo.

Un formato en el que el Parlamento Europeo sería soberano, la Comisión Europea y el BCE tendrían que responder delante de él, el presupuesto europeo alcanzaría un volumen diez veces mayor –como el presupuesto Federal de los EE.UU.–, las deudas públicas de los Estados de la Federación darían paso la unas Letras del Tesoro europeo, y los programas de gasto social serían compartidos dentro de la UE.

Reino de España federal

Si la confederación de Estados en la actual Unión Europea es menos virtuosa socialmente que una federación de los mismos, también un Reino de España federal sería más virtuoso que el actual Estado de las Autonomías. En un caso porque el Gobierno compartido ganaría peso y legitimidad social y democrática, y en el otro porque solo así se podrían tratar de manera igualitaria y libre las partes (naciones y regiones) que conformarían un Estado plurinacional federal. Pues supongo que si uniones federales son los Estados Unidos o Alemania no debiera ser insólito que lo fuera el actual Reino de España.

Estoy convencido de que la actual Constitución Española, al igual que está conviviendo de hecho con una cesión confederal de poder hacia Unión Europea en lo judicial, en lo militar, en las leyes básicas, etcétera (y solo se modificó en el artículo 135 por tal motivo ) también podría hacerlo con una mutación federalizante del actual sistema autonómico. Lo que no quita para que en su momento una puesta al día de fondo de la Constitución de 1978 se encajara en un nuevo marco federal dentro de Europa y dentro de España.

Pues de no hacerlo, igual que sucedió con el Brexit en la UE y puede volver a suceder, las tensiones independentistas como opción de una concreta vía de autodeterminación de sus nacionalidades serán por consecuencia de no ser capaz de dar acomodo a las demandas de una suma o unión voluntaria entre iguales. Pues la solución de la autonomía (ya en el año 1932, y de nuevo en el 1978) se comprueba manifiestamente insuficiente, y más cuando se pretende congelar como mera descentralización por un concreto Tribunal Constitucional (2010).

Las tensiones centrípetas de una España radial solo podrán, si acaso, encaminarse en una federación plurinacional asumida por las nacionalidades periféricas. Casi cien años después del primer intento republicano no estaría de más extraer todas las lecciones de lo mucho avanzado (por caso en la gestión cuasi–federal del Estado de Bienestar) pero también de los asuntos mal resueltos (desde las lenguas a las haciendas respectivas y desde los diseños de las inversiones públicas a la persistencia de anacronismos como las provincias).

Pues si al inicio comprobamos que la UE, como confederación de facto, está al servicio de un proyecto neoliberal–ordoliberal de sociedad en la que los mercados y la riqueza de cada quién son determinantes (algo que solo en una federación podría dejar de ser así) no es menos cierto que hay dos vías para hacer que la lógica del mercado y de lo que uno pueda pagar corroa el acceso igualitario a los servicios públicos dentro del Reino de España. La primera, privatizando su cobertura (según tu bolsillo recibes o no) y la segunda, no mutualizando su coste dentro de una estructura federal (provocando que los territorios más pobres tengan menos servicios al no poder pagarlos).

Termino ya. Tanto la autonomía dentro de España como la confederación en la UE son dos malas soluciones frente a una alternativa federal. En la que cada Estado o nacionalidad se suma voluntariamente –o se resta– a la Federación, y en la que se acuerdan las competencias de un Gobierno federal controlado por su Parlamento, así como el origen y volumen de los recursos presupuestarios precisos para hacerlas realidad.