Uno de los peores recuerdos de la pandemia es lo que pasó en las residencias de mayores. No solo por las muertes, que ya sería bastante terrorífico: en los nueve primeros meses murieron en Galicia 509 personas residentes, el 41% de los fallecimientos en la comunidad. También porque se hicieron visibles los defectos de funcionamiento de estas infraestructuras que son el hogar de tantas personas más o menos dependientes en los últimos años de sus vidas. Defectos en los modelos de cuidado proporcionados, sobre todo en los centros gestionados por el mercado: privados y concertados.

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Se añade a todo este desastre la falta de transparencia en la información de lo que allí estaba pasando. Hay que recordar que solo tuvimos datos concretos de lo que sucedió en el país después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechazara recursos de empresas gestoras de las residencias que pretendían mantenerlos ocultos, y obligara a la Xunta a publicarlos. Para no olvidar lo que pasó podemos recuperar los trabajos periodísticos de David Reinero en Praza Pública o el libro de Manuel Rico ¡Vergüenza!. No es tan ágil la investigación penal, ésta no, que está lejos de finalizar, como Rico recuerda cada día en las redes sociales que usa para promover que la fiscalía aclare lo que sucedió en Madrid.

Se prometió desde los gobiernos una reflexión y un cambio de modelo post-pandemia. Los poderes públicos se iban a responsabilizar de gestionar directamente, de reducir el tamaño de los centros, de controlar que las ratios se cumplen, de procurar mayor participación de las residentes en la gestión, de revistar protocolos sanitarios… Los meses van pasando, y los años, y poco más vemos que hagan que dar subvenciones con fondos europeos para remodelación de centros.

Entre tanto están creciendo una serie de iniciativas cívicas, bajo la etiqueta cohousing, que agrupan en formas diversas de asociación o cooperativa a personas que asumen y planifican la autogestión de su vejez y dependencia, buscando evitar las residencias.

Esta tendencia tiene que ver con el cambio demográfico: ya no va a haber hijas o nueras que nos cuiden de mayores, bien porque ya no tenemos descendencia, bien porque de tenerla no la queremos cargar con el peso del cuidado de una vejez cada vez más larga y penosa. Las nuevas familias, las nuevas tipologías de hogares también lo serán para las personas mayores. No estarán marcados por la sangre o por la necesidad. Serán escogidos y planeados años antes, combinando soledad y sociedad. Grupos de amigas o personas desconocidas se están juntando, comprometiendo ahorros, tiempo, trabajo y una visión de cómo quieren ser cuidadas, de cómo no quieren ser tratadas. Gobiernos y Parlamentos están al tanto de las iniciativas, se publican reglamentos y se prometen ayudas económicas.

No podemos saber seguro si el incremento de este tipo de proyectos es consecuencia directa de la pandemia. Presumo yo que ahora compartimos una cierta decepción sobre lo que el mercado puede ofrecer en el entorno de los cuidados. A lo mejor se está instalando el convencimiento de que el afán de lucro es incompatible con prestar cuidados dignos a la persona que ya no puede protestar y no tiene quien proteste por ella. Que incluso el dinero no llega muchas veces para tener esa mínima garantía. Pero también parece mostrar una decepción sobre lo que podemos esperar del Estado. Pocas plazas públicas y muchas concertadas, poco control y mucha propaganda. A cambio, ir a vivir juntas sin perder autonomía, fabricar nuevas infraestructuras con la base del servicio por encima de la propiedad, gestionadas colectivamente, resulta una propuesta de futuro ilusionante.

Son iniciativas impecables desde el punto de vista de la autonomía personal. Escoger como quieres que sea tu vejez, invertir ahorros, tiempo y esfuerzos en hacerlo realidad. Responsabilizarte de la gestión y de los servicios mientras puedas, para ti y la gente que te acompaña en el proyecto, y que cuando ya no puedas lo haga alguien de confianza. Tienen también el valor social de autoorganización, de construcción de tejido social. Incluso de recuperación de patrimonio urbanístico y repoblación rural, y deberían servir como modelo para cambiar las alternativas tradicionales de las residencias. Una iniciativa privada sin ánimo de lucro, un espacio entre el estado y el mercado. El tercer sector en movimiento.

Todo parecen ventajas. Y, como toda iniciativa, si va como se planifica, así será para las personas implicadas. Pero desde el punto de vista de lo que debe ser la acción del Estado para garantizar los derechos que estableció la famosa ley de la dependencia de 2006, la cosa no está tan clara. Entre ampliar y mejorar la prestación de servicios universales y publicar subvenciones a la iniciativa privada hay muchas diferencias. Incluso si se dedican partidas semejantes en los presupuestos el resultado es bien diferente, como sucede cuando se escoge entre construir/gestionar vivienda pública y subvencionar las hipotecas de los particulares que tienen medios para comprar una vivienda. O cuando se escoge entre mejorar la sanidad pública y subvencionar las cuotas de los seguros privados.

Si el Estado, las administraciones, deciden apoyar estas iniciativas como alternativa a ampliar y mejorar los centros públicos, se desentienden en cierta medida de su responsabilidad de gestionar la cobertura de derechos fundamentales. Se destinarían esos fondos a quienesya tiene recursos, detrayéndose de servicios universales que acogen a todas y, como vemos que sucede en otros servicios que deberían ser universales, finalizan por deteriorar la calidad de esos servicios que acabarán atendiendo a quién no tiene medios para otra cosa.

Un escalón más en el camino que transitamos entre la utopía del Estado del bienestar y la cruda realidad del de la beneficencia, que solo se va a ocupar de los que no se pueden salvarse a sí mismos. ¡Sálvese quien pueda!