La reciente muerte de una niña de 13 años tras sufrir una violación en grupo en una remota región rural de Liberia y no recibir el adecuado tratamiento médico ha puesto en evidencia los fracasos de Liberia en la lucha contra el problema de la violación y las carencias del sistema de salud.

La menor fue atacada el pasado 21 de julio por tres desconocidos y aún no se ha arrestado a ningún sospechoso, según los últimos informes policiales. El suceso tuvo lugar en la región Maryland (sureste de Liberia) y los padres lucharon, sin éxito, para conseguirle un tratamiento adecuado en una zona empobrecida dentro de un país con graves deficiencias sanitarias.

"Las autoridades fueron lentas en responder al problema de la niña, lo que llevó a que se desangrase durante horas", explicó a Amos Sackie, un trabajador social de la región.

"Lloraba del dolor en el estómago y la cadera, no había ningún hospital ni clínica del lugar donde fue violada, les llevó cerca de dos horas a pie antes de llegar a un centro médico informal para conseguir medicinas para el dolor", agregó.

Según la fuente, la niña fue llevada a una clínica provisional pública donde murió días después como consecuencia del retraso en la atención y la falta de cuidados apropiados.

El suceso saltó a la luz pública esta semana y activistas y asociaciones civiles están llamando al Gobierno a dar una pronta respuesta para llevar a los atacantes ante la Justicia, así como para poner medidas frente a la lacra de las violaciones.

"La violación está volviendo a emerger en Liberia con una rapidez reforzada, más ahora que nunca", señaló en las redes sociales el activista juvenil Martin Kollie.

"No puedo superarlo. Pasé una noche en vela porque esta menor pudo ser mi hermana pequeña", agregó, antes de comunicar que ha enviado mensajes tanto al Gobierno liberiano como a organizaciones internacionales para llamar su atención sobre el caso y sobre la violencia de género en el país.

Entre ellas figuran la ONU, la Unión Africana, la Unión Europea y embajadas de distintos países occidentales.

Desde la Policía liberiana han asegurado que han desplegado un equipo especial de agentes para dar caza a los agresores y que no están tomando esta última muerte "a la ligera", en palabras del portavoz policial Moses Carter. "Queremos sentar un precedente de que los niños no son juguetes sexuales", indicó Carter a respecto al caso.

Sin estadísticas precisas, el número de casos sonados de este tipo en Liberia es frecuente. Un año atrás un parlamentario fue acusado de violar a su sobrina de 12 años y, pese a haber declarado ante la Policía varias veces, aún no hay cargos contra él. También en 2017 una joven de 13 años fue violada y asesinada por su agresor, de 65 años, en el noroeste del país.

De acuerdo a datos de la ONU publicados en 2016 sobre el tema, las víctimas liberianas de violación tienen que hacer frente a muchos obstáculos a la hora de denunciar los crímenes, tales como el miedo a ser estigmatizadas, el rechazo social y familiar, la falta de confianza o acceso a la policía y al sistema judicial o el miedo a represalias de los agresores.

Ese informe, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló también que de entre algo más de un millar de menores en edad escolar entrevistados un 75 % de los varones ve al hombre como superior a la mujer (mientras que entre las encuestadas lo pensaba un 22 %).

Asimismo, un 46% de los entrevistados masculinos y un 34% de las femeninas pensaba que la violencia de género y el abuso sexual son "una parte normal de las relaciones entre los hombres y las mujeres" o incluso una "expresión natural" de los impulsos masculinos.

La actual ley liberiana contra la violación, que no permite la salida bajo fianza, es dura pero no parece disuadir a los agresores. El año pasado el Senado de Liberia intentó modificarla para dar la posibilidad de libertad bajo fianza pero la presión internacional parece haber debilitado la intención de seguir hacia adelante con ello.