Las fotos. Los mensajes de WhatsApp. Los de texto. Los correos electrónicos. El historial de búsquedas en internet. Los registros de llamadas. Los contactos. Los documentos. Las aplicaciones… La lista sigue hasta quedarse sin aliento e incluye cualquier información personal que pueda contener el teléfono móvil de la víctima; todo ello tendrá que acabar en manos de la Policía si decide denunciar una violación y pretende que la denuncia prospere.

La nueva normativa que se ha puesto en marcha en Inglaterra y Gales, levantando con ella una inmensa polvareda de polémica, ha hecho oficial el procedimiento al introducir un formulario con el que el denunciante permite a los agentes acceder a esos datos y a utilizarlos para garantizar "un juicio justo para el acusado" pero lo cierto es que hace ya tiempo que la policía viene solicitando los móviles a las víctimas.

Claire Waxman, Comisionada de las Víctimas de la ciudad de Londres está convencida de que ésta es una de las razones por las que el número de denunciantes que deciden no seguir adelante con el proceso es cada vez más elevado: "Un alto porcentaje de los casos que se abandonan se debe a que las mujeres se niegan a permitir el acceso a información muy personal totalmente irrelevante para la investigación. Las víctimas sienten que están siendo investigadas y enjuiciadas", ha asegurado a The Times.

Y ahí está el dato del Ministerio del Interior británico para darle la razón: sólo el año pasado cuatro de cada diez denuncias fueron retiradas debido a "dificultades evidentes", incluida la falta de apoyo a las víctimas.

Porque los delitos no se han reducido y las denuncias que se presentan, tampoco. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, en Inglaterra y Gales, donde se ha puesto en marcha este nuevo formulario, los casos de delitos sexuales no han parado de aumentar desde 2014 y en 2018 lo hicieron un 10% respecto al año anterior hasta alcanzar las 159.740 denuncias; las que se referían específicamente a violaciones fueron un total de 57.600. Así que lo único que han caído son las denuncias que acaban en presentación de cargos contra el agresor: en 2018 sólo supusieron el 1,7% del total; un 23% menos respecto al año anterior, según el Ministerio del Interior.

Desde End Violence Against Women no tienen dudas: "Tenemos un problema extremadamente serio con el procesamiento de violaciones en este país y es un hecho que la mayoría de los violadores se salen con la suya. Parte de la razón de esto es que las investigaciones se centran con demasiada frecuencia en el carácter, la honestidad y el historial sexual de las mujeres en lugar de en las acciones y el comportamiento de la persona acusada".

La Oficina del Comisionado de la Información, que ya está llevando a cabo una investigación sobre la gestión que se hace de estos y otros datos a los que también tendrían acceso -historiales médicos, académicos o judiciales aunque se trate de información fechada mucho antes de que se produjera la presunta violación- apunta: "estas declaraciones habitualmente se firman inmediatamente después de que se produzca el crimen y, según nos dicen, las víctimas a menudo no tienen claro qué están consintiendo y por qué". De ahí que con el tiempo y cuando se dan cuenta, se echen atrás.

Es lo una víctima que retiró la denuncia ha contado al diario The Guardian  que le ocurrió: "hay mucha información sobre mi vida sentimental pasada y sobre mi vida sexual (en el teléfono) que no creo que tenga ninguna relevancia pero que sabía que la defensa intentaría usar en mi contra. Eran los detalles más privados de mi vida -añade- e iban a ser revelados a cualquiera cuando yo lo único que quería era justicia".

Con esta situación parece lógico que expertos, asociaciones de ayuda a las víctimas y partidos políticos estén convencidos de que el nuevo formulario no va arreglar el problema sino a agravarlo aún más: "Se ha desarrollado sin tener en cuenta las necesidades y los derechos de privacidad de las víctimas, que no deben ser obligadas a elegir entre justicia y privacidad", sostiene Waxman.

En End Violence Against Women están convencidos de que "la tendencia a centrar la investigación de una violación en la honestidad y la historia de las mujeres se avivará aún más porque estará fuertemente implícito que si no entrega su dispositivo, la investigación podría no continuar".

Implícito y explícito porque el consentimiento, de nueve páginas, incluye avisos como: "Si se niega el permiso para que la policía investigue, o para que la fiscalía divulgue material que le permita al acusado tener un juicio justo, es posible que la investigación o la acusación no puedan continuar".

Y el temor no es sólo a que aumente el número de casos en los que las víctimas retiran la denuncia sino también el de quienes directamente no se atreven a acudir a la policía, como sostiene el Partido de la Igualdad de las Mujeres "nuestro sistema de justicia penal está confirmando los temores de muchas personas que eligen no informar porque les preocupa que los procesos penales sean un sufrimiento añadido".