Castillo Idiarte BordaUruguay estudia expropiar el castillo maldito de Villarejo

Villarejo y patrimonio son un tándem. El primero es el apellido del excomisario al que se le relaciona con las tramas más oscuras de las últimas décadas, y el segundo es el nombre del documento que la Policía encontró en uno de los registros que detalla hasta 50 inmuebles, de 16,7 millones de euros, que José Manuel Villarejo tendría repartidos por España y América, entre ellos dos palacetes en Uruguay, país al que habría utilizado para ocultar y blanquear dinero de procedencia ilegal.

"A ambos inmuebles se les reconoce por su alto valor patrimonial e histórico", explica Ernesto Spósito, director de la Unidad de Protección del Patrimonio de la Intendencia de Montevideo. Por un lado, la Casa Ellauri, donde funciona una tienda de ropa, está declarada Bien de Interés Departamental y valorada en 400.000 euros; por otro lado, Monumento Histórico Nacional, la Quinta de Idiarte Borda, de unos 700.000 euros, una imponente construcción del siglo XIX de estilo Luis XIII que casi llegó desarmada de Francia.

De esta última intentó deshacerse en 2012. Alberto Quintela, entonces director de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN), recuerda que recibió una llamada ofreciendo su venta por un millón de euros: "El precio era absolutamente disparatado". Pensó que era una broma y en el mismo tono respondió que no lo podían comprar porque no tenían esa plata, pero que si lo prestaban estarían encantados de usarlo. Le dijeron que efectivamente era una posibilidad.

Así empezaron unas negociaciones entre el Estado y el representante legal de la propiedad que culminaron a finales de ese año con la firma de un comodato o préstamo de uso; es decir, Uruguay no pagaría alquiler a cambio de hacerse cargo de cualquier reparación de las instalaciones y del mantenimiento.

"[Para Villarejo] ha sido un buen negocio", apunta Quintela. Solo el servicio de vigilancia de esta señorial mansión de 1.100 metros cuadrados, que ha sufrido varios robos que han ido mermando las piezas originales del mobiliario, cuesta miles de dólares al año. Además de los insumos fijos de la propiedad (limpieza, luz, agua…), también son elevados los gastos en jardinería.

De dos hectáreas y media y con una gran variedad de especies, su jardín, diseñado por Carlos Thays, arquitecto y paisajista francés, también autor de algunas de las plazas y parques más emblemáticos de Uruguay y Argentina, supone una isla verde por donde estar en contacto con la naturaleza en todo su esplendor. "Para nosotros tener la posibilidad de que este espacio simbólico se abriera al público era algo muy positivo", prosigue.

El acuerdo, por cinco años, se renovó solo por otros tres para dejar las manos libres al nuevo Gobierno, del conservador Luis Lacalle Pou, que asumió el cargo en marzo. Según Quintela, "este proceso de apropiación comunitaria debería culminar en la expropiación, ya sea por parte del Estado nacional o del Gobierno departamental". Ese es el paso que, en su opinión, habría que dar el próximo 4 de octubre, cuando finaliza el contrato, para que este lugar entre definitivamente en el patrimonio público.

Después de analizar la situación, William Rey Ashfield, actual director de la CPCN, dice que se cierra un ciclo: "El Gobierno del país no tiene pensado expropiar este inmueble. En octubre lo entregaremos al representante del propietario, y desconocemos qué camino jurídico continuará; lamentablemente ingresa en un proceso preocupante porque no sabemos qué va a pasar con esta pieza excepcional y tan importante en cuanto a sus características históricas, arquitectónicas y culturales".

Según fuentes consultadas, se ha tomado esta decisión por una cuestión de imagen, "para no ser ni tocados de cerca por temas de Villarejo". El titular del Ministerio de Educación y Cultura, que tutela la CPCN, no quiere tener relación alguna con asuntos que tengan la etiqueta de lavado de activos, porque sería remover noticias que trascendieron de su pareja, a la que detuvieron en febrero por presunto delito de acción contra el orden económico y blanqueo de capitales.

También está en marcha un ajuste económico que ya alcanza al 15% del presupuesto nacional. En este sentido, Lourdes de Dieu, presidenta de "Amigos del Castillo Idiarte Borda", la asociación civil que se conformó con vecinos para gestionar el espacio después de la firma del comodato, analiza el coste-beneficio de este lugar representativo no solo en lo histórico y arquitectónico, sino también en lo que supone para la cohesión del barrio.

Al norte de Montevideo, Colón es un reducto de la belle époque montevideana, cuando las familias más influyentes en el ámbito político y económico construían mansiones, que han ido quedando cercadas y con aire fantasmal, para veranear y pasar sus días de descanso. Un esplendor que ahora rezuma cierta decadencia con zonas donde conviven realidades socioeconómicas muy diferentes.

En una que se enmarca en lo social y comunitario, De Dieu comenta que han desarrollado con la colaboración de las autoridades una amplia agenda que va desde talleres, cursos y conferencias, pasando por proyectos de desarrollo social hasta apoyo escolar, asistencia psicológica, inclusión digital, teatro, cine y música. A su juicio, "estas actividades han sido como la levadura en un proceso que sigue fermentando un vínculo vecinal, tendiendo lazos fraternales y despertando un fuerte sentido de pertenencia al espacio", que es "clave para la identidad de toda Villa Colón", opina Quintela.

Reconocido popularmente como Castillo Idiarte Borda, lleva el nombre del presidente uruguayo que lo mandó construir como una especie Taj Mahal para su esposa y que fue víctima del único magnicidio registrado en la historia del país, en la conmemoración de la Independencia.

"Por esas cuestiones paradójicas en que la burguesía, muy a su pesar, lega, en vida de la familia del presidente asesinado el pueblo entraba a ese predio a servir a los señores, pero desde hace un tiempo el castillo ha sido asaltado por la gente, que lo vive y disfruta", declara Quintela, a lo que De Dieu añade que "entregarlo a su dueño, precisamente el Día del Patrimonio [una fecha muy celebrada en Uruguay] es una puñalada a nuestro barrio".

Según Spósito, el castillo está bajo la jurisdicción de la CPCN y también del Gobierno departamental, que está analizando distintas posibilidades junto con el Municipio G y los vecinos para ver "la manera de evitar que se pierda el acumulado social que allí se ha construido", manifiesta Juan Canessa, prosecretario de la Intendencia.

Aún no han concretado el mecanismo que usarán ni han contactado con el representante legal del propietario, pero dado que el préstamo vence en poco más de un mes intentarán "mantener el acuerdo que actualmente existe con las autoridades del Ministerio", prosigue Canessa. Más adelante no descartan seguir otros pasos.

Los vecinos demandan una decisión contundente, ya que asumir la expropiación u optar por un nuevo comodato es una cuestión política. "Después de 8 años de cesión y gestión sería un acto de justicia que acabe en manos del Estado", puntualiza De Dieu. Su fin, dice, es que "este acervo cultural y patrimonial esté cada vez más al alcance de todos". Para lograrlo anuncian reuniones con el alcalde del municipio y con el Gobierno departamental, al que han presentado casi 4.000 firmas solicitando su expropiación.

Mientras, lamenta que se siga "sin materializar una salida ni definir la situación del castillo, que ahora mismo se está restaurando con fondos estatales para entregarlo a Villarejo". Esta paradoja exaspera a un barrio en el que la noticia de que el propietario del histórico edificio es un agente secreto en prisión cayó como una bomba. Algo así como si la casa fuera de James Bond.

Temen que ahora que salía de un abandono que parecía crónico vuelva a caer como un castillo de naipes, porque nada termina de cuajar entre estas paredes que encierran leyendas malditas de luces que se encienden y se apagan, extrañas energías y hasta alguna figura fantasmal de un hombre con traje y bastón.

Un hotel de un millón en estado ruinoso

La relación del policía de las cloacas del Estado con Uruguay se remonta a los años 80 como agente encubierto espiando a etarras: "Me pidieron [el PSOE] que, como en Uruguay había una gran colonia de ETA, montara sociedades allí", relató el año pasado en una carta que envió al juez.

Incluso pretendió llevar "el aire andaluz" a Punta del Este, una turística localidad costera de alto standing, contaba una entusiasmada Laura Villarejo en 2010 en el programa ‘Andaluces en Uruguay’. Llevaba allí año y medio por encargo de su padre: "Me dijo que le debía unos cuantos favorcillos, y aquí estamos, siempre a full", explicaba mientras se veían imágenes de un vacío Hotel Don Pepe, que se llamaba así en honor al nombre de pila del excomisario.

La venta del establecimiento, en 2013, acabó en los tribunales después de que el comprador, amigo del hermano cura de Villarejo, denunciara que lo habían estafado al aprovecharse presuntamente de una relación "cuasi familiar".

Según él, lo adquirió entregando tres propiedades en España y se comprometía a abonarle un millón de dólares con los ingresos que teóricamente generaría la explotación del complejo, pero ya en Uruguay descubrió que las instalaciones estaban en estado ruinoso y que las previsiones económicas eran falsa porque el hotel daba pérdidas desde hacía años.

Ahora la sociedad panameña vinculada a Villarejo recuperará la propiedad tras ganar el pleito hace poco. "Procedieron con sorprendente desdén de sus propios intereses, con tan extrema candidez que más que confiados fueron incautos y apáticos con su patrimonio", detalla el fallo del tribunal sobre los compradores.