Uruguay decide juzgar los crímenes de la dictadura

El Senado uruguayo aprobó en la madrugada de ayer (hora española) un proyecto legislativo por el que se queda sin efecto la Ley de Caducidad de 1986, que protegía a los militares de los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985). La coalición gobernante Frente Amplio, que lidera el presidente José Mujica, consiguió imponerse con 16 votos frente a los 15 de la oposición, pero el debate previo dejó una herida abierta en el oficialismo.

La discusión sobre la conveniencia de inhabilitar una norma que durante 25 años ha servido para indultar a los represores de la dictadura se prolongó durante más de 12 horas en la Cámara Alta. El motivo: la congruencia política y moral que muchos se planteaban a la hora de anular una ley ya refrendada por el pueblo uruguayo en dos ocasiones, en 1989 y 2009.

Se estima que con el régimen dictatorial desaparecieron unas 200 personas

Es por ello que un senador del Frente Amplio, el exguerrillero tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, dimitió de su cargo tras acatar contra su voluntad la iniciativa de su coalición. "La legitimidad depende de lo que digan las mayorías", explicó. "Este pueblo puede necesitar vitalmente el mismo instrumento que hoy estamos desacreditando. Mañana mismo", agregó.

No es esta la única baja que podría darse en filas oficialistas. El senador Jorge Saravia fue el único legislador del Frente Amplio que ignoró la disciplina partidaria y votó en contra del proyecto de ley, lo que le valió su expulsión del Espacio 607, un grupo de alianzas que dirige Mujica.

La reforma de la Ley de Caducidad ha superado, en cualquier caso, la principal dificultad que afrontaba tras ser aprobada en el Senado, aunque esta ha incluido algunas modificaciones a la norma. El proyecto tendrá entonces que volver el próximo 4 de mayo a la Cámara de Diputados, donde una sanción definitiva se da casi por descontada.

Uno de los senadores oficialistas renuncia tras acatar contra su voluntad el proyecto

Uno de los deseos más íntimos del Frente Amplio desde que accediera al poder en 2005 con el Gobierno de Tabaré Vázquez ha sido lograr la derogación de la Ley de Caducidad. En octubre de 2010 fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero luego quedó paralizada en el Senado.

En realidad, la Ley de Caducidad no será eliminada, sino que se impedirá su aplicación al derogarse tres de sus artículos por ser incompatibles con la Constitución. Ahora podrá comenzar en Uruguay un proceso similar al de Argentina, que ya ha juzgado y condenado a 200 de sus represores.

Se estima que durante la dictadura uruguaya desaparecieron unas 200 personas, pero hasta ahora el país sólo ha procesado a una veintena de militares, incluido al dictador Juan María Bordaberry (1973-1976), quien encabezó el golpe de Estado que interrumpió la democracia.

La Ley de Caducidad, declarada inconstitucional en tres ocasiones por la Corte Suprema del país, ha sido además cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ordenó al Estado uruguayo el pasado 24 de marzo que dejara sin valor jurídico la que hasta ahora era patente de impunidad.