Marruecos es uno de los socios preferentes de la UE. Su papel como tapón de la inmigración en el sur, sus fuertes lazos comerciales y su rol en la explotación de los recursos del Sáhara Occidental han alzado al país de Mohamed VI como uno de los intocables en la burbuja comunitaria. Y esta línea se ha mantenido Bruselas tras la tragedia de la semana pasada en Melilla, cuando decenas de personas murieron asfixiadas, aplastadas y cientos de ellas fueron golpeadas con porras y piedras a las puertas de la UE.

La Comisión Europea ha señalado que la prioridad es esclarecer los hechos a través de investigaciones llevadas a cabo en Madrid y Rabat, pero ha rehusado ser parte y tomar un papel activo a la hora de iniciar pesquisas independientes. Tampoco aparecen en los planes del Ejecutivo comunitario revisar los fondos que destina a Marruecos en materia migratoria, a pesar de las evidencias de vulneración de derechos humanos por parte de sus fuerzas de seguridad, como revelaron las imágenes en exclusiva de Público.

La respuesta europea fue radicalmente diferente durante la crisis de Melilla, donde se señaló y responsabilizó directamente a Rabat de empujar a miles de personas a suelo español. El Ejecutivo comunitario llegó a amenazar con cortar los fondos y tras una crisis diplomática la relación tripartita Bruselas-Madrid-Rabat volvió a sus aguas.

"Marruecos es un aliado estratégico clave para la UE en el control de la migración y en la lucha contra las mafias. La migración y la movilidad juegan un papel importante en las relaciones entre ambos, algo que se ha fortalecido en las últimas décadas. Su contribución para gestionar las rutas irregulares ha sido esencial. La UE apoya firmemente a Marruecos en lo referido a la inmigración irregular y el control de fronteras", explican fuentes de la Comisión Europea a Público.

En los últimos 15 años, Marruecos ha recibido más de 13.000 millones de euros procedentes de fondos europeos. En la actualidad es el segundo país no comunitario, solo por detrás de Turquía, que más dinero recibe para el control migratorio: 346 millones de euros. "Hay que recordar que el control migratorio lo financia Europa. Pagamos esa militarización de fronteras que genera muertos y heridos", denuncia la eurodiputada de Izquierda Unida Sira Rego en conversación telefónica con este periódico.

Rego ha sido la propulsora de dos cartas, una a la Comisión Europea y otra a la Defensora del Pueblo Europeo, demandando una investigación por parte de las instituciones europeas que aclare las responsabilidades ante "una vulneración clara de los derechos fundamentales de las personas migrantes y de los más elementales procedimientos de asilo y refugio en la UE". No es suficiente, asegura, con lamentar.

Tanto el Derecho Internacional como el acervo comunitario recogen el derecho humano de toda persona a solicitar protección internacional y buscar refugio cuando su vida corre peligro o cuyos derechos fundamentales están amenazados por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. Pero en Melilla esté derecho se diluye por una cuestión tangiblemente física: hay una valla que imposibilita seguir un procedimiento por las vías legales y regulares que reclama la Comisión Europea.

De hecho, se desconoce cuántas de las más de 2.000 personas que intentaron atravesar la valla el pasado viernes reunían las condiciones de refugiado y pretendían solicitar asilo. "Lo que ha ocurrido interpela a las instituciones europeas porque no deja de ser el reflejo de una política migratoria basada en la externalización de fronteras con socios que no respetan los derechos humanos", asegura Rego.

Priorizar los acuerdos con terceros

La línea de Bruselas ante la tragedia en la ciudad autónoma es confiar en las investigaciones nacionales de España y Marruecos. "La violencia y la pérdida de vidas en las fronteras europeas es inaceptable. Es crucial que se esclarezcan los hechos a través de una profunda investigación. La prioridad es que estos eventos trágicos no se repitan en el futuro", señalan las fuentes consultadas.

Y la estrategia ya la marcó la sueca Ylva Johansson, comisaria de Interior, esta semana en una intervención en el Parlamento Europeo. Las muertes a las puertas de Europa son "inaceptables", pero también lo es "el uso de la violencia" para acceder a suelo comunitario. La prioridad, según la responsable de materia migratoria, que es además socialdemócrata, es "colaborar con los países de origen y de tránsito como Egipto, Etiopía, Níger, Túnez o Senegal" y abordar las causas originales como las hambrunas o los conflictos para que las personas no se vean obligadas a emprender el éxodo.

La crisis de refugiados de 2015 hizo saltar por los aires la política de asilo común. Y el acuerdo migratorio que resultó de ello con Turquía marcó el camino de externalizar el control fronterizo a países terceros. Desde entonces, los europeos carecen de un proyecto en materia migratoria sostenible. La extrema derecha ha canalizado este vacío infiltrando su mensaje. El tono que se está imponiendo en la capital comunitaria es el de culpabilizar a las mafias y taponar todo atisbo de "migración regular". Pero en paralelo se van perdiendo por el camino las alternativas hacia la creación de vías legales y seguras. "Hay una absoluta dejación de aplicar políticas que protejan los derechos humanos", afea la eurodiputada.

De fondo colea un escenario global crecientemente volátil. La crisis socioeconómica de la pandemia ha dado lugar a la guerra en Ucrania, que está dejando consecuencias transversales en términos alimentarios, energéticos y geopolíticos en todo el globo. Y los más vulnerables son los que más caro están pagando este peaje. En los países de África y Oriente Próximo la escasez de trigo y cereales –hay 20 millones de toneladas retenidas en Ucrania– amenaza con desatar hambrunas muy profundas.

Todo ello unido a las consecuencias del cambio climático hacen prever fuertes éxodos en el futuro cercano de personas que huyen de la miseria, el hambre y en no pocas ocasiones la muerte. Muchas de ellas tendrán como destino el sur de Europa. Y en el contexto de tensión bilateral con Argelia, a España se la abre otro frente. Las dinámicas migratorias están cambiando, la situación socioecónomica de Argel está empeorando y el país puede estar menos dispuesto a sellar acuerdos con la UE y España en materia migratoria, como sí ha hecho históricamente su vecino marroquí.